Especialmente decepcionante, de la visita de Volker Türk a México, fue cómo evitó confirmar a cabalidad el planteamiento del Comité CED de la ONU sobre el rebasamiento del Estado para enfrentar la crisis de desapariciones de personas en el país y sobre la necesidad de que se adopten medidas extraordinarias con asistencia internacional 

Por Santiago Aguirre*

El mensaje final emitido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al término de su visita a México, no estuvo a la altura de la crisis de desapariciones de personas que vive el país. 

La visita ocurrió en un contexto muy particular. Unas semanas antes, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) publicó su muy relevante decisión de elevar la situación de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

La determinación de activar por primera vez este artículo por considerar que las desapariciones son sistemáticas o generalizadas visibilizó la magnitud de la crisis que vive el país y despertó, también, una respuesta defensiva de parte de las autoridades mexicanas. 

En esta coyuntura, tanto los colectivos de víctimas como la comunidad de derechos humanos esperaban que los mensajes públicos del Alto Comisionado hicieran eco de las consideraciones del Comité CED, al menos en lo relativo a apuntar que México enfrenta una crisis de desapariciones de la mayor gravedad. 

Esta expectativa parecía cuesta arriba dado el actual panorama: si bien la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha sido fundamental desde su llegada al país en 2003, lo cierto es que no pasa por su mejor época. Pese a que en el sexenio 2012–2018 refrendó su capacidad de asistencia técnica y monitoreo en terreno con iniciativas como el informe temático sobre la tortura en el caso Ayotzinapa o su posición sólida y ejemplar ante la Ley de Seguridad Interior, su voz independiente, guiada por los estándares internacionales, ha sido menos sonora en años recientes. 

En el sexenio pasado, por ejemplo, la Oficina -siendo Alta Comisionada Michelle Bachelet- aceptó a instancias del gobierno federal suscribir un convenio para coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la naciente Guardia Nacional, misma que la cerrazón militar volvió irrelevante, sin que hubiese mayor consecuencia. 

Más recientemente, ya en este sexenio, el actual liderazgo de la Oficina se ha caracterizado por su alineamiento con la agenda gubernamental. 

Pese a esto, la visita de Türk despertó expectativas, acaso por la falta de más espacios formales de escucha. Lamentablemente, la posición del Alto Comisionado en su mensaje final confirmó los temores. 

En su discurso Türk eludió hablar de crisis de derechos humanos; evitó, a diferencia de sus predecesores, pedir la desmilitarización de la seguridad, y  reconoció las actuales políticas gubernamentales frente a las desapariciones. 

Su énfasis en la impunidad prevaleciente quedó diluido por su inesperado y poco pertinente apoyo a la reforma judicial (que celebró aduciendo que  las elecciones de personas juzgadoras han contribuido a hacer más “inclusiva” la judicatura), al tiempo que anunció un convenio -otro más- con la actual Suprema Corte para el intercambio de “buenas prácticas”. 

Así, la misma semana en que actores relevantes del partido en el poder presentaron una iniciativa de contrarreforma judicial, aceptando explícitamente la disfuncionalidad del diseño actual, el Alto Comisionado no sólo no secundó la necesidad de modificar el actual esquema sino que respaldó el fallido modelo de jueces electivos.  

Especialmente decepcionante fue cómo el señor Türk evitó confirmar a cabalidad el planteamiento que hizo el Comité CED sobre el rebasamiento del Estado para enfrentar esta tragedia de las desapariciones y sobre la necesidad de que se adopten medidas extraordinarias con asistencia internacional. 

Fue descorazonador que, en sintonía con la narrativa oficial, encuadró la crisis de desapariciones en el marco de la polarización política. Esta caracterización es errónea: una cosa es que esta tragedia que México vive desde hace 15 años sea indebidamente instrumentalizada por los partidos políticos en función de quién está en el poder y quién en la oposición; otra muy distinta es que se estigmatice como discurso polarizante la denuncia proferida por víctimas y organizaciones en el sentido de que hay una crisis que ha rebasado al Estado.    

En suma, el señor Türk pareció sugerir que con la pretendida voluntad política existente y con las mismas políticas hasta hoy adoptadas, inercialmente México podrá enfrentar las desapariciones, sin calificar la situación como una crisis. 

Más allá de la valoración puntual de esta lamentable visita y sus implicaciones, se imponen dos reflexiones. 

La primera es que el tono de Türk y la actual deriva de su Oficina (la Oacnudh) obligan a volver con un mínimo principio de realidad a la discusión sobre el procedimiento abierto por el Comité CED en aplicación del artículo 34 de la Convención. Sin duda, la activación de este procedimiento ha generado la máxima exposición pública e internacional del tema, y hay que reconocer por ello a las víctimas, organizaciones y especialistas que lo promovieron. 

Simultáneamente, la reciente visita del Alto Comisionado ha sido un recordatorio de la debilidad en que hoy se encuentran el multilateralismo y el régimen de derechos humanos. 

Ese procedimiento, sin duda, seguirá su curso en la Asamblea General de la ONU, pero, de manera realista hay que tener presente que serán unos estados y una burocracia, con visiones similares a la que externó Türk, quienes analizarán la situación de México. No lo menciono para dejar de presionar en esta vía, pero sí para no dejar de diversificar las apuestas y estrategias.  

Ese principio de realidad debe llevar a la segunda reflexión: ante el acomodo estratégico y acrítico al nuevo status quo de las instancias internacionales de derechos humanos y de los propios organismos públicos nacionales, más que nunca se vuelve relevante hacer eco de las reivindicaciones de los colectivos y los organismos de derechos humanos. 

Las circunstancias son adversas, pero a las víctimas les debemos persistir y amplificar su voz. Seguir el horizonte al que apuntan nuestras brújulas morales es indispensable. Y más que en las burocracias, esta guía moral la podemos encontrar en la trayectoria de quienes han mantenido su congruencia en estos tiempos de alineamiento político oportunista. 

Referentes indomables como Rossana Reguillo, quien hasta el final de su vida nos convocó a no parar de crear “Contramáquinas de paz”: “prácticas, estéticas y dispositivos de intervención sobre lo público que buscan desmontar las narrativas normalizadas de las violencias, visibilizar y nombrar personas, situaciones e injusticias que permanecen silenciadas, y alterar los mapas de lo posible”. Como “los colectivos juveniles caminantes que bordan semana a semana por la paz, con hilos infinitos de solidaridad, los nombres de las y los desaparecidos, de las mujeres víctimas de feminicidio, prestando manos y corazón para no permitir el olvido”, o como “las juventudes que acompañan y participan en organizaciones para la defensa de los derechos humanos, entre jóvenes expertas y expertos en derecho internacional y en derechos humanos que suman sus cuerpos como bloqueos amorosos contra la barbarie y la impunidad”. O como hace este portal de noticias. 

Frente a visitas y pronunciamientos fallidos, es en estos esfuerzos que ocurren en los márgenes donde pervive la esperanza.     

*Santiago Aguirre es abogado y licenciado en Estudios Humanísticos. Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha trabajado por más de 20 años en organizaciones civiles como CADHAC, en Monterrey, Nuevo León, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero y  el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ciudad de México, del que fue director del 2019 al 2025. Actualmente colabora en la Universidad Iberoamericana.

Foto de portada: Mariana Maytorena / Obturador MX