La nueva recomendación de la CNDH en el caso Ayotzinapa es una lamentable expresión de encubrimiento de la responsabilidad del Estado, y se dedica a menospreciar y tratar de manchar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y periodistas
Santiago Aguirre*
No es novedad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se sitúe del lado de las víctimas de la triste noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Antes de 2018, la actuación de este órgano constitucional autónomo quedó marcada por la emisión de una recomendación, publicada al final de la presidencia de Enrique Peña Nieto –literalmente, en el último día de esa administración–, que no contribuyó sustancialmente al esclarecimiento de lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos. Los autores de esta recomendación, además, sin dar la cara en público, se han dedicado por años a alimentar especulaciones carentes de sustento científico, como la pretendida posibilidad de extraer ADN de piezas óseas severamente dañadas, encontrando eco en cierto sector de la prensa que sigue el caso.
Pero lo que ha ocurrido después de 2018 ha sido incluso peor que este antecedente remoto. Urgida de obtener legitimidad por su cuestionada elección y más aún tras su inmerecida reelección, la ombudsperson María del Rosario Piedra Ibarra y su equipo de colaboradores han intentado una y otra vez instrumentalizar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. La recomendación, emitida en días pasados, es el más reciente episodio de este infructuoso empeño.
En más de 800 páginas de prosa ideologizada y abstrusa, que por ser un mero recuento hemerográfico no amerita siquiera la calificación de investigación, la actual CNDH se dedica a perseguir dos objetivos: por un lado, desarrolla el guion preestablecido tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su libro Gracias y en sus misivas finales a las familias de las víctimas, como por Ejército, en sus propios documentos, para limpiar a la institución armada de todo cuestionamiento sobre su actuación antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014; por otro lado, denuesta sumariamente a todos los actores que intentaron colaborar en los distintos intentos de esclarecer el caso.
Sobre lo primero, es preciso insistir en que las preguntas sobre la actuación del Ejército en el caso no son menores y subsisten pese al empeño encubridor de la CNDH. En efecto, estas tienen que ver sobre todo con la opacidad que prevalece respecto de las intervenciones ilegales de telecomunicaciones que los castrenses realizaban en Iguala, incluso en la noche de los hechos; con la complicidad de algunos de sus elementos con la organización criminal Guerreros Unidos; con la infiltración ilegal de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –operación en extremo cuestionable en un entorno democrático y sin embargo hasta el día de hoy no explicada–; con la entrega de la documentación faltante contenida en los folios de inteligencia y con la participación de los militares, junto con la Marina, en la tortura de las personas detenidas durante la investigación inicial. Más allá de algunos señalamientos de responsabilidad directa lanzados con ligereza por actores hoy cercanos al gobierno en turno, son esas cuestiones puntuales no respondidas a lo largo de 12 años las que justifican seguir exigiendo respuestas del Ejército, y son precisamente las que la CNDH intenta zanjar haciendo suya la elusiva narrativa militar.
Sobre lo segundo, el ataque de la CNDH contra quienes intentaron apoyar en el esclarecimiento del caso es generalizado. Así, más que contra los perpetradores, la CNDH arremete contra el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, cuya entereza y compromiso genuino con el caso ha sido constante; contra el exfiscal Omar Gómez Trejo, que intentó avanzar la investigación en un entorno institucional adverso; contra las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a quienes debemos los tramos de verdad sobre lo ocurrido que hoy conocemos; contra instancias internacionales que intervinieron conforme a sus atribuciones en el caso como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED); contra periodistas que realizaron con tesón trabajo independiente; y contra las organizaciones civiles que han acompañado estos años a los padres y las madres de los estudiantes. A todos estos actores, la CNDH los identifica como parte de un entramado internacional que pretende socavar la soberanía de México para facilitar la injerencia en el país de alguna potencia mundial, una teoría de la conspiración que invitaría a la risa si no fuera porque está plasmada en un documento oficial emitido por un órgano de Estado.
De entre los actores señalados, es especialmente preocupante el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); la recomendación es especialmente infamante respecto de esta organización civil, muy seguramente porque esta ha seguido evaluando críticamente a la CNDH los últimos años y se ha pronunciado con claridad ante la preocupante deriva actual en materia de derechos civiles y políticos, sin caer en la tentación adoptada por tantas y tantos de bajar el tono y olvidar los principios para condescender con el partido en el poder. Así, acusa que la fundación del centro por la Compañía de Jesús en México obedeció a “un evidente tratamiento oportunista de presión, en un momento en que se estaban reorganizando los grupos conservadores” (párr. 287); al mismo tiempo, señala que “el Centro Prodh ha tenido un papel activo en el reordenamiento de la defensa de derechos humanos desde la perspectiva conservadora” (párr. 238). Más grave aún: en su intento de poner en duda la solvencia moral del Centro Prodh, la CNDH utiliza de forma tergiversada información fiscal que se encuentra bajo el resguardo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que, en un contexto en el que cientos de asociaciones civiles han sido despojadas de su calidad de donatarias autorizadas, activa justificadamente todas las alertas.
En suma, al proteger al Ejército y al atacar a quienes han colaborado en el caso, la nueva recomendación de la CNDH es una muestra más de encubrimiento y degradación, por parte de una institución que ha abdicado de su mandato constitucional de proteger los derechos humanos.
Sobre esto último cabe una reflexión final. Si bien la CNDH es el ejemplo más burdo de una institución que renuncia a cumplir con la función de contrapeso que la Constitución le confiere, su caso no es el único. En los años recientes, hemos visto sucumbir ante esa deriva a los órganos electorales, a las instancias judiciales, a las instituciones de fiscalización y a muchos otros órganos locales de protección de derechos humanos, que de forma tal vez menos grosera pero igualmente perniciosa para la vida republicana, se alinean de modo abyecto al poder en turno.
Quienes hoy integran estos órganos harían bien en verse en el espejo de la CNDH, pues la prudente toma de distancia de la Presidenta respecto de la reciente recomendación, muestra la paradoja subyacente a este fenómeno, propio de la erosión democrática: cuando la degradación de los órganos de contrapeso llega al extremo de que estos pierden toda legitimidad ante la sociedad, dejan de ser útiles incluso para los actores políticos que en un principio se beneficiaban de la cooptación política de dichas instancias. La irrelevancia política de la CNDH y su aislamiento institucional muestran cómo acaban estas historias.
*Santiago Aguirre es abogado y licenciado en Estudios Humanísticos. Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha trabajado por más de 20 años en organizaciones civiles como CADHAC, en Monterrey, Nuevo León, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la Montaña de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en Ciudad de México, del que fue director del 2019 al 2025. Actualmente colabora en la Universidad Iberoamericana.
*Foto de portada: Óscar Guerrero/CromaticaAgencia
