Una cascada de amparos de presuntos integrantes de Guerreros Unidos impidió la entrega de los documentos. Diversas fuentes aseguraron que había sido una maniobra de la fiscalía, que, para evitar que se hiciera pública la investigación, recurrió a las mismas personas cuyas declaraciones, obtenidas bajo tortura, habían servido para armar la versión oficial de los hechos. El periodista relata sus reiterados intentos por obtener la información

Alberto Pradilla / Wired en Español

El 25 de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que me entregara el expediente que investiga la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México. “La FGR debe entregar y publicar en su página de Internet una versión pública de la investigación”, anunció la Corte en su página web. Los jueces me dieron la razón, pero la fiscalía todavía no ha cumplido.

Llevo cuatro años intentando que me den el expediente. En este tiempo, intervinieron el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos tribunales administrativos y hasta la Suprema Corte. Ninguno logró que la FGR me proporcionara los documentos. 

Tras el fallo de la Corte, la dependencia que dirige Ernestina Godoy ha decidido enterrarme en burocracia: desobedece el mandato judicial a pesar de reconocer que sabe que la sentencia existe. Su excusa es que nunca llegó a la oficina adecuada. Desconozco si ese mismo argumento sirve para cualquier ciudadano que incumple el mandato de un juez. 

Llevo años cubriendo violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En agosto de 2022, presenté una de las decenas de solicitudes de transparencia que se tramitan cada año: quería una versión pública de la carpeta que investiga la denominada “verdad histórica”, el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto para imponer una verdad oficial: que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan. Una teoría que fue descartada por investigaciones independientes. 

Quería conocer qué pasos dieron los investigadores en su proceso contra antiguos funcionarios como el ex fiscal general, Jesús Murillo Karam, actualmente con un grillete electrónico; o el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel para eludir la justicia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había convertido el esclarecimiento del caso en uno de sus compromisos, e investigar a los funcionarios que trataron de cerrarlo mediante la “verdad histórica” era una línea prioritaria. Quería saber qué es lo que las autoridades habían hecho más allá de los discursos oficiales. 

La versión pública implica que se tapen nombres propios y algunos detalles que permitirían identificar a las personas mencionadas en los documentos. La ley mexicana prohíbe expresamente la reserva de información en casos de violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Por eso, no tenía dudas de que el INAI me daría la razón. 

Tampoco me sorprendió la primera reacción de la FGR, que trató de evitar que se entregara la carpeta alegando que podría perjudicar a la investigación. En sus primeras alegaciones dijo que “obstruiría las funciones de investigación del delito, toda vez que se atenta contra el desarrollo de la teoría del caso”, que la publicidad podría afectar el derecho a la presunción de inocencia de los encausados (sin especificar si se refería a los funcionarios o a los acusados de desaparecer a los 43 jóvenes), y que los testigos protegidos podían sufrir ataques. En realidad nunca pedí los nombres, sino un expediente con datos personales eliminados. En la práctica, muchas de las identidades de los implicados eran de dominio público.

Como esperaba, el INAI rechazó los argumentos de la fiscalía y el 15 de febrero de 2023 le dio la orden de entregar la información en un plazo de 20 días. 

La maniobra con antiguos acusados de Guerreros Unidos

Aquí viene una de mis grandes sorpresas. Hay excepciones, pero cuando el INAI ordenaba, las dependencias solían acatar. En este caso, pasaban los días y no recibía notificaciones, hasta que, en algún momento, cuando llamé a la fiscalía, me dijeron que no podían entregarme el expediente porque se había presentado un amparo en mi contra. Alguien que figuraba en la carpeta había recurrido a la justicia para evitar que se conociese el contenido. 

Tardé semanas en saber quiénes eran, pero finalmente lo logré: todos los quejosos eran antiguos acusados por la desaparición de los 43 estudiantes, presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron encarcelados y finalmente puestos en libertad porque la acusación se basaba en testimonios obtenidos bajo tortura. 

El 6 de marzo de 2023, Agustín García Reyes, Chereje, presentó el primer escrito, apoyado por funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que ejercieron como asesores jurídicos. García Reyes fue detenido entre el 26 y el 27 de octubre de 2014 en Cocula, Guerrero, por parte de elementos de la Marina. Denunció torturas y su testimonio resultó clave para construir la “verdad histórica”. Él era la persona con playera verde que realizó los recorridos de aquellos días junto al ex jefe de Investigación, Tomás Zerón, y quien dijo que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula y los restos esparcidos en el río San Juan. 

Tras Chereje llegaron otros cuatro: Jorge Luis Poblete Aponte; Patricio Reyes Landa, Pato (asesinado en su casa de Jilotepec, Estado de México, en 2025); Salvador Reza Jacobo, y Jonathan Osorio Cortés, Jona. Todos ellos fueron detenidos a finales de octubre de 2014, acusados de ser los responsables directos de la desaparición de los 43 y finalmente liberados en 2018 porque un juez consideró que no se les podía condenar con base en testimonios obtenidos bajo tortura: las mismas torturas que se investigaban en esta carpeta. 

Los amparos sirvieron para que un juez paralizara la entrega de la documentación en un proceso que se alargó hasta llegar a la Suprema Corte.

Tardé años en saber qué había ocurrido. No fue hasta 2026 que tres fuentes diferentes me aseguraron que todo fue una maniobra de la fiscalía. Las tres me dijeron que las autoridades lo habían intentado previamente con las familias de los 43 estudiantes, sin éxito. Así que, en este caso, recurrieron a los presuntos miembros de Guerreros Unidos acusados en 2014 de desaparecer a los mismos normalistas. 

Una fuente cercana me contó cómo fue el proceso. Me dijo que los fiscales tenían miedo de que se hicieran públicos los testimonios de militares que colaboraban con el caso, así que decidieron pedir a la CEAV que armase los amparos y luego recogiese las firmas de los implicados. Otra fuente me aseguró que la preocupación era mantener la secrecía del procedimiento. Una paradoja: para evitar que se conocieran detalles de su investigación, la FGR terminó pidiendo la ayuda de los mismos a los que la extinta Procuraduría General de la República investigó años atrás y cuyas declaraciones obtenidas bajo tortura sirvieron para armar la “verdad histórica”.

“Grupos criminales de alta peligrosidad”

La CEAV y la FGR combinaron diversos argumentos durante los años de litigio. En resumen, uno u otro argumentaba que la transparencia perjudicaba a la investigación; que los testigos podían sufrir un atentado (al menos 26 testigos o personas relevantes en el caso han sido asesinadas, según dijo la Secretaría de Gobernación en 2022), que los interesados tenían derecho a ser informados previamente, y que yo, periodista (aunque no me había identificado como tal), no estaba legitimado para solicitar la información. “Obran datos de prueba que han sido proporcionados directamente por ellos, información que en manos equivocadas podría poner en riesgo su integridad”, dijo la FGR. “Es posible que se esté investigando a grupos criminales de alta peligrosidad y autoridades de los tres órdenes de gobierno”, añadió. “Se expone nuestra vida, seguridad y salud, así como la de nuestros familiares”, insistió la CEAV, en nombre de los testigos. En algunos documentos ambos llegan a hablar sobre “seguridad nacional”. 

Estos argumentos no convencieron a los jueces. Dos tribunales administrativos y la Suprema Corte me dieron la razón y consideraron que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un asunto lo suficientemente importante como para elaborar una versión pública y que se pueda conocer el avance de las pesquisas. “El interés público en mantener la reserva de la investigación se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables”, asentó el último fallo, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

La sentencia llegó en junio de 2025, casi tres años después de que yo presenté mi primera solicitud para conocer el expediente. Para mí, esto era importante por dos cuestiones: en primer lugar, porque obligaba a la FGR a entregarme el informe. En segundo, porque sentaba jurisprudencia. Ante nuevos intentos de cerrar bajo llave expedientes de violaciones a los derechos humanos, otros colegas podrían utilizar la sentencia. 

Fui demasiado confiado. 

Nervioso por el silencio en la FGR, traté de presionar para que se cumpliese la sentencia. La Suprema Corte la había anunciado en sus redes sociales y muchos medios recogieron esa noticia. En ese momento estaba convencido de que me lo entregarían tarde o temprano. El expediente, sin embargo, seguía cerrado. Llamé a la FGR y me dijeron que no habían recibido ninguna notificación. No me lo podía creer. Por aquel entonces, el gobierno de Claudia Sheinbaum ya había desaparecido el INAI, argumentando que era demasiado caro. La dependencia que me dio la razón en 2023 ya no existía y su papel estaba en manos de otras instituciones. 

Después de semanas al teléfono con la FGR, solicité por escrito el documento, recordando el fallo judicial. Solo recibí un correo en el que la dependencia me decía que su oficina de Asuntos Jurídicos había sido notificada del fallo, pero no así la Autoridad Garante, que es como se conoce al departamento que debe hacer cumplir las obligaciones de transparencia después del cierre del INAI. Es decir, que la fiscalía sí recibió la sentencia, pero no la notificó a la oficina adecuada. Después de varias conversaciones telefónicas, vi que no tenían ninguna intención de cumplir con el mandato de la Suprema Corte. 

Vuelvo a los juzgados

A día de hoy, la sentencia sigue sin ejecutarse. Históricamente, organizaciones de la sociedad civil y periodistas reivindicamos que la información sobre casos de violaciones graves a los Derechos Humanos debería estar al alcance de todo el mundo. En los últimos años, sin embargo, se ha vivido un retroceso en este ámbito. Amparados en la excusa del sigilo necesario para investigar, las autoridades logran espacios opacos, donde no cabe el escrutinio público. Esto es muy peligroso en un país en el que el 99% de los delitos queda impune, según el INEGI. 

Agotadas todas las vías del proceso iniciado en 2022 y ante la certeza de que la FGR quiere mantener bajo llave el expediente, presenté un nuevo amparo que fue admitido en un tribunal de Aguascalientes. Aquí exijo que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte. Como respuesta a este nuevo amparo, tanto la FGR como Transparencia para el Pueblo dijeron que no era su problema. La oficina de la fiscal Godoy dijo que su papel es investigar delitos. La nueva dependencia de transparencia fue más clara: “se encuentra acreditado que el seguimiento y verificación del cumplimiento de dicho asunto fue formalmente transferido a las instancias competentes de la propia FGR”. El Órgano Interno de Control de la fiscalía, que es quien debería encargarse de vigilar que la sentencia se cumpliese, ni siquiera respondió al requerimiento del tribunal de Aguascalientes. Así que volvemos a la incertidumbre. Después de ganar en la Suprema Corte y tras casi cuatro años peleando con las autoridades, me vi obligado a regresar a un juzgado para lograr lo mismo que pedí en 2022: que la FGR abra el expediente sobre la “verdad histórica” de Ayotzinapa. 

Este texto se publica con la autorización de Wired en Español. Lea aquí la publicación original. 

**Foto de portada: Marcha en la Ciudad de México para conmemorar el undécimo aniversario de la desaparición de los normalistas. (Isaac Ortega/ObturadorMX)