Más de un centenar de madres buscadoras llevan casi tres semanas acampando frente a la sede de la Fiscalía General de la República en Río Pánuco para exigir que atraigan la investigación de los casos de sus familiares desaparecidos. Tras los disparos que se produjeron cerca del plantón, las mujeres relatan su miedo, las dificultades de vivir en la calle, y su convicción de no irse hasta que las autoridades admitan sus denuncias 

Por Ángela Cantador, Montserrat Peralta y Violeta Santiago para A dónde van los desaparecidos

“¿Para dónde corro?”, pensó E., una adulta mayor que se encuentra bajo amenaza por buscar a su familiar. Estaba viendo el celular cuando oyó que alguien gritó: “Abajo, al suelo todos, porque están tirando”. Vio a sus compañeras tendidas en el piso y, para no pisarlas, se aventó detrás de una casa de campaña.

Eran las 16:40 horas del martes 22 de septiembre cuando unos disparos sonaron cerca del campamento de madres buscadoras instalado desde hace casi tres semanas frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en Río Pánuco, a dos cuadras de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Esa tarde, quienes pudieron se apostaron detrás de una camioneta blindada, con la cabeza y el cuerpo recostados sobre la banqueta. Otras buscadoras entraron en pánico mientras intentaban esconderse en las casas improvisadas. Varias se tomaron de las manos o se abrazaron asustadas.

Uno de los escoltas que las resguarda, contratado por Margarita López, la dirigente del campamento, primero habló en clave y luego les ordenó tirarse al suelo. 

Durante casi diez minutos, todo quedó en silencio.

Los rumores eran diversos. Que habían asaltado una tienda de conveniencia. Que una persona había perdido la vida. La explicación oficial fue mucho más simple: la detención de cuatro personas —entre disparos de la policía—, a menos de 200 metros de la FGR y el campamento de las buscadoras.

Cuando unas patrullas rodearon la cuadra y las madres tuvieron certeza de que no era un ataque en su contra, comenzaron a levantarse. 

Margarita, quien encabeza el colectivo Buscando Cuerpos y es madre de Yahaira Bahena López —joven de 19 años secuestrada y asesinada en 2011 en Oaxaca—, inició una transmisión en redes sociales para contar lo sucedido. El resto limpiaron sus ropas, ayudaron a ponerse en pie a sus compañeras, y rescataron a quienes, como E., estaban entre las tiendas de campaña.

A causa de una embolia sufrida hace tiempo, E. quedó con la mitad del cuerpo debilitado, pero narra que la adrenalina le ayudó a dar el salto y no sentir dolor en ese momento. No obstante, cuando pasó el incidente, ya no tenía fuerzas para salir.

Para las buscadoras, que llevan semanas exigiendo a la FGR que atraiga los casos de desaparición de sus familiares, lo ocurrido no fue un incidente aislado. 

Este grupo de reporteras, tras presenciar lo ocurrido, habló con las madres, quienes dijeron haber interpretado los disparos como un acto de intimidación, y relataron otros episodios de amedrentamiento durante su permanencia en el campamento, que se suman a la falta de respuesta de la fiscalía federal.

Pese al susto, las dificultades de acampar en la calle y la apatía oficial, afirman: el campamento ni se intimida ni se mueve. 

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Ha pasado casi un día desde el incidente, cuando una pareja se acerca a las tiendas de campaña que, desde el 9 de septiembre, cobijan ya a más de 120 buscadoras, procedentes de entidades como Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y el Estado de México. Preguntan quién los puede ayudar. Su familiar desapareció el mismo día en que las madres comenzaron a instalarse frente a la FGR.

“Se están uniendo más mamás. Están llegando de otros estados”, cuenta Irina Ambriz Chávez, quien busca a su hijo Aarón Díaz Ambriz, desaparecido el 30 de octubre de 2022 en Copándaro del Cuatro, Michoacán. Cuando se lo llevaron tenía 17 años. 

Fue por las redes sociales que las madres se enteraron de que Margarita López había convocado a colectivos y familiares a concentrarse frente a la FGR para entregar sus  denuncias a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), cuyas oficinas se encuentran tras las puertas de cristal del edificio, ahora cerradas con candados que los funcionarios pusieron cuando las buscadoras empezaron a llegar.

No es la primera vez que Margarita lidera una protesta de madres buscadoras en la capital. En noviembre de 2012 encabezó una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación con otras tres mujeres. 

A esta nueva convocatoria llegaron primero las buscadoras de Michoacán, luego otras se fueron sumando. Irina, integrante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, A. C., arribó el 10 de septiembre.

“Pedimos que atiendan nuestras denuncias, que se pongan a trabajar”, dice. “Y ya nos vamos a nuestras casas. Ninguna queremos estar acá durmiendo en el piso húmedo”.

Entre centenares de lonas y fichas con los rostros de sus seres queridos, plásticos extendidos para resguardarse de la lluvia, y zonas improvisadas de carga de celulares y recepción de alimentos, las buscadoras aguardan a que las autoridades atiendan sus peticiones.

Las trabas en los procesos de investigación que relatan las madres son similares. “Las fiscalías estatales no hacen nada”, se lamenta María de Los Ángeles Castillo Altamirano, de Veracruz. Desplazada desde hace dos años, su hija Cielo Concepción Rebollar desapareció el 16 de marzo de 2018. Cuenta que, hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha indagado su caso ni ha acudido a la unidad habitacional El Coyol, en la ciudad de Veracruz, donde residían cuando se la llevaron. Para desplazarse hasta allá, “el policía de investigación encargado del caso me pedía 200 pesos para la gasolina”, recuerda. 

Tras la desaparición de Cielo, que tenía entonces 24 años, María de Los Ángeles insistió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para que difundiera la ficha de búsqueda de su hija en todas las fiscalías del país. Le dijeron que sí, pero a los dos años, gracias a familiares que viven en otros estados, descubrió que nunca lo hicieron. Apenas en 2022, la buscadora logró que difundieran la ficha de Cielo a nivel nacional e internacional. 

“Ya no tenemos nada que hacer en las fiscalías estatales de nuestros estados. No nos atienden, no hacen nada. Por eso estamos aquí”, concluye.

A la hija de Pilar Aguilar, Evelin Chávez, de 27 años, se la llevaron de su casa en Boca del Río, Veracruz, la noche del 13 de mayo de 2016. Durante el primer año que pasó desaparecida, su teléfono siguió dando señal. “Yo llamaba y respondían, pero se quedaban callados”, recuerda su madre. También una familiar contactó a Evelin por Facebook. “Le mandó un mensaje y lo revisaron. Y eso lo supo la fiscalía [estatal], pero se hicieron los sordos”, se lamenta Pilar.

Irina levantó la denuncia en la FGE de Michoacán al día siguiente de que desaparecieron a Aarón. Gracias a testimonios de testigos que vieron cómo cinco hombres se llevaban al menor al salir de la casa de sus abuelos, las autoridades identificaron y procesaron a dos de los responsables. “Hubo una sentencia, pero ahí quedó. Nunca hicieron una búsqueda”. 

Desde Michoacán también viene Chivis, quien busca a su hijo y a su nuera. Por temor, pide que se proteja su identidad, pues dice que su caso está relacionado con el crimen organizado. Por esa razón, debería investigarlo la FGR, pero sigue radicado en  la fiscalía estatal.

La Ley General en Materia de Desapariciones establece en el artículo 24 que corresponde a las autoridades federales hacerse cargo de una investigación cuando esté involucrado un servidor público federal, si el Ministerio Público federal solicita a la fiscalía estatal que le remita el caso, o si existen indicios de la participación de la delincuencia organizada.

Los familiares de las personas desaparecidas, según la ley, pueden también solicitar a la FGR que asuma la investigación.

Claudia Sanromán lleva 14 años buscando a su hija Reyna Karina Sanromán Aguilar en todo el país. Desapareció el 8 de diciembre de 2012 en Tlalnepantla, en el Estado de México, y en su caso solo ha habido dos acciones de búsqueda: una pega de fichas y un cateo. En este tiempo se ha enfrentado a la pérdida de la carpeta de investigación de su hija y a la negación de las autoridades de seguir líneas de investigación, como realizar un cateo en un predio donde tienen la sospecha de que pudo estar Karina e indagar quién es el propietario.

A Claudia le preocupa el paso del tiempo, pues tiene 59 años y está perdiendo la vista. No es la única que siente apremio. Cada nuevo día que pelean en Río Pánuco para que las autoridades busquen a sus seres queridos, es uno más que las madres están lejos de sus otros hijos y de los trabajos que les permiten mantenerse. Como Irina, que decidió tomarse un permiso de un año sin goce de sueldo para dedicarse a buscar a Aarón, pero no sabe cuánto tiempo más podrá estar de licencia. “Debo cuidar mi trabajo”. Tiene otro hijo menor. 

Desde que se instalaron, ningún funcionario de la FGR ha atendido a las buscadoras, aseguran las entrevistadas. Claudia narra que “salen a burlarse de nosotras”, “salen a mal vernos, salen a comer, a fumarse su cigarro, a eso salen”. También dice que se sienten intimidadas porque han notado que “todo el tiempo nos están tomando fotografías, pero una atención, ni de banqueta”. Irina cuenta que al tercer día del plantón dos agentes del Ministerio Público se acercaron. “Solo querían hacernos una entrevista”. Se sintió revictimizada, afirma. “No queremos entrevistas, queremos que nos reciban las denuncias. Para esto se creó esta fiscalía”.

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El martes 22, a las cuatro y media de la tarde, el campamento era un hervidero. La más solicitada era Margarita López, la dirigente, una mujer michoacana que lo mismo graba y expone conversaciones con funcionarios —en las que se refiere a ellos como “adornos”—, que recibe a las personas que se acercan para entregar víveres o palabras de apoyo a las manifestantes.

Esa tarde, una familia con dos menores llevó pizzas y quiso acercarse a expresar su solidaridad con las madres buscadoras. Margarita lo anunció con voz fuerte, y todas la voltearon a ver. Apenas comenzaba el intercambio de saludos y abrazos entre dos niños y algunas mujeres cuando se escucharon las detonaciones.

Chivis se encontraba dentro de su tienda. “Cuando salí estaban todas tiradas en el piso y yo me uní. Ya había escuchado los balazos, no supe qué pasó”, cuenta al día siguiente.

“Creo que yo fui de las más afectadas porque a mí nunca me había tocado vivir una cosa de estas”, dice Irina al recordar el momento. Iba caminando cuando escuchó los disparos, los gritos y las indicaciones de echarse al suelo.

En lugar de eso, “me metí a mi casita y ahí me quedé sentada”. Una compañera entró para decirle que se acostara y no levantara la cabeza. De ahí, comentó, “todo fue pánico, fue miedo, fue caos”.

Tras diez minutos, las buscadoras comenzaron a reunirse. Las explicaciones empezaron a correr entre las que habían visto algo y las que no sabían nada. Llegaron patrullas a la zona y un grupo de policías se paró en la esquina del edificio de la fiscalía, en Río Pánuco y Río Neva, a unos metros del campamento. Ningún agente se acercó a ver a las mujeres.

Casi media hora después del incidente, varios funcionarios de la FGR caminaron frente a las tiendas de campaña. Mientras uno iba grabándolas con un celular, otro anunció que, si alguien lo requería, tenían personal disponible para brindar apoyo psicológico; un gesto que, para las buscadoras, pareció más cargado de desdén que de buenas intenciones, dada la resistencia a atenderlas por semanas.

Eugenia Pérez Velázquez ha perdido la noción de los días que lleva acampando. Llegó el 9 de septiembre, cuando parecía que en la FGR iban a recibirlas por bloques, antes de que les cerraran la puerta. Busca a su hija Cristian Paola Pérez Pérez, desaparecida a los 29 años en Moroleón, Guanajuato, el 16 de marzo de 2023. Después del susto por los disparos se le subió la presión y, como otras buscadoras, requirió el servicio de una ambulancia que solicitaron para el campamento.

La FGR no emitió un comunicado sobre lo sucedido, sino que respondió, más de dos horas después, a las publicaciones de los medios. “ES FALSO”, recalcó en mayúsculas, que se hubiera registrado una balacera al exterior de la fiscalía. También aseguró que brindaron atención a las buscadoras y que los disparos ocurrieron a unas cuadras del campamento, por hechos ajenos a la institución y a quienes se manifiestan. 

La dependencia no ofreció más detalles hasta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó, a las 21:22 horas, que detuvieron a cuatro personas, presuntamente partícipes en un robo a casa habitación. El lugar del hecho: Saltillo, Coahuila, a más de 800 kilómetros de distancia de la capital del país y de las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, en donde, según un comunicado de prensa, se les marcó el alto a los tripulantes de un vehículo, que intentaron huir.

En respuesta, los uniformados dispararon a las llantas de la camioneta gris y detuvieron a los sospechosos con armas, cartuchos, y envoltorios con presunta droga. 

Varios locatarios de negocios ubicados en el cruce donde se produjeron las detonaciones y en las calles aledañas contaron que se resguardaron tras escuchar las detonaciones, y no vieron los hechos descritos por la SSC.

Ninguna de las buscadoras entrevistadas dice sentirse satisfecha con la versión oficial. “Creemos que esto fue planeado para amedrentarnos, para meternos temor y que nos vayamos de aquí, pero no nos vamos a ir”, asegura Chivis.

Así que pasaron la noche haciendo guardias de dos horas. Mientras unas dormían, otras cuidaban. Aunque hubo algunas, como Irina, que después de lo vivido esa tarde solo pudo conciliar el sueño con un somnífero.

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El campamento de las buscadoras no tiene fecha para levantarse. El jueves 24 de septiembre, cuando cumplieron 16 días frente a la FGR, Margarita anunció que un juez federal había concedido un amparo para que la FEIDDF recibiera, en menos de 48 horas, la denuncia de 55 familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con las buscadoras, al día siguiente, personal de la FGR se acercó al campamento para repartir un formato con el fin de recabar sus datos, e instalaron un módulo con cuatro sillas, en la banqueta, pero su finalidad no era recibir denuncias. “Sacan su mesita y lo que ofrecen es ayudarnos a llenar esos formatos”, señala Irina.

“[Nos piden] platicar los casos en la orilla de la banqueta cuando tienen este edificio aquí”, reclama Margarita, cuando “todas las madres necesitan ser atendidas en el edificio de la Fiscalía General de la República y no a media calle”.

El formato que les distribuyeron era parecido, por los datos que solicitaba, a una ficha de búsqueda, agrega la dirigente: nombre de la persona desaparecida y señas particulares, cómo y dónde desapareció, y quiénes fueron testigos. Bajo esas condiciones, las mujeres decidieron no llenarlo. “Nosotras no queremos nada de esa gente que no sea que nos reciban las denuncias”, dice Irina.

El colectivo de Abogados Convencionalistas de México, además del amparo, les ha ayudado a preparar la documentación para presentar las denuncias. Si este martes 29 de septiembre, cuando se haya vencido el plazo dictado por el juez, no las reciben en la FGR, planean ampliar sus actividades, posiblemente con una marcha pacífica, expone Margarita.

Mientras tanto, el campamento crece. Algunas madres se ausentan varios días para atender citas médicas e incluso cirugías, pero luego regresan. Los días se acumulan y las mujeres han aprendido a darle la vuelta a las dificultades de acampar en la calle. Los fines de semana, por ejemplo, compran prendas de 20 pesos en el tianguis para tener ropa limpia, pues no hay forma de lavarla. También han improvisado un lugar para bañarse dentro de una tienda de campaña, con una cubeta y una resistencia para calentar el agua.

En este tiempo, ha habido personas solidarias que les llevan colchonetas y comida, que se ofrecen a lavarles la ropa o las invitan a sus casas para que se bañen cómodamente. Pero hasta esa solidaridad comienza a enfrentar obstáculos. Las buscadoras cuentan que algunas de sus benefactoras les han contado que han recibido amenazas o que les tomaron fotos a sus vehículos cuando estaban en el campamento. Aun así, encuentran formas de hacerles llegar la ayuda.

Irina menciona con especial gratitud un pequeño kit de limpieza que alguien le entregó. Traía cosas sencillas, pero necesarias después de un par de semanas viviendo en una tienda de campaña: crema hidratante, pañuelos desechables, alcohol en gel y toallitas húmedas. 

Pero lo que recuerda con más cariño, dice, son unos pequeños sándwiches que iban acompañados de mensajes de aliento como :“Fuerza” o “México está con ustedes”.

Las muestras de solidaridad también están presentes en la carpa donde guardan alimentos, en la que han colgado una cartulina rosa con un mensaje que funciona como recordatorio esperanzador de que los más jóvenes las apoyan: “Ustedes no están solas, hay una generación que las escucha, las acompaña y que no permitirá que sus voces sean olvidadas”.

Todo eso contrasta con la manera en que han sido tratadas por las autoridades, dicen. “Después de 15 días aquí, pues es evidente que al gobierno no le importa. No les importamos”, afirma Irina, a quien los disparos del martes le hicieron pensar en su otro hijo. Por un momento se preguntó qué hacía afuera de la fiscalía, exponiéndose al peligro. Pero también recordó que estaba ahí por el hijo mayor, al que sigue buscando. “Tampoco le puedo fallar a él. Y hasta que yo tenga vida lo voy a buscar y lo voy a encontrar”.

Por eso, ni ella ni sus compañeras piensan marcharse. No hasta que las reciban. “Aunque nos hicieron esto, aunque hay miedo, vamos a seguir aquí”.

Porque el impulso de protegerse unas a otras es más fuerte. Claudia Sanromán, la buscadora mexiquense, recuerda que, al escuchar los disparos, se arrojó al suelo y trató de resguardar a las mujeres que tenía cerca, incluidas las reporteras que se encontraban en el campamento. “A mí me gusta proteger a la gente, ve nada más la reacción que tenemos las mamás de salvaguardar, de proteger”.

Cuando el peligro había pasado y las buscadoras comenzaron a levantarse del suelo, varias se acercaron a una de sus compañeras que comenzó a llamarlas en voz alta.

“Todas hemos perdido algo”, les dijo; las demás buscadoras asintieron. Les recordó que les habían arrebatado tanto, que hasta el temor se habían llevado. Y mientras las últimas terminaban de ponerse en pie, lanzó una frase que reflejó la convicción que se vive dentro del campamento: “El miedo nos debe dar más valentía”.

**Foto de portada: Más de 120 buscadoras permanecen acampadas frente a la FGR. Si continúan sin recibirlas, emprenderán acciones como una marcha pacífica. (Violeta Santiago)

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