Un recorrido por las distintas formas de violencia que atraviesan a la comunidad universitaria en Morelos y su papel frente a la crisis de desapariciones y fosas clandestinas
Laboratorio de Contra/Narrativas*
Se marcha en dirección al centro de la ciudad de Cuernavaca. La mayoría del contingente está formado por estudiantes, hay algunos profesores, colectivos de madres buscadoras, colectivas feministas y la llamada Resistencia, el movimiento estudiantil que desde hace meses ha señalado la incapacidad y complicidad institucional del gobierno y autoridades universitarias en cuanto a la violencia que padecen. En esta ocasión, el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio, originaria de las islas canarias, moviliza la digna rabia.
Al llegar al Palacio de Gobierno se intervienen las paredes, los monumentos, los frágiles cristales de las instalaciones gubernamentales. Hubo acción directa, pintas, confrontación, una ofrenda improvisada para Claudia donde aparecía una bandera de México intervenida con una frase que parecía resumirlo todo: “No hay patria en tierra de feminicidios.” Es 15 de septiembre 15; por la noche el grito de la gobernadora de Morelos actuará de palimpsesto para las marcas que ha dejado la violencia y la indignación de los universitarios.
La indignación no viene de un caso aislado, pero, ¿cuándo se puede pensar que estos son casos aislados?. Las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se han llenado de rostros pintados en las paredes. Al que recientemente pintaron de Claudia se suman los de Kimberly, Karol, Aylin, Mariana, todos ellos hechos en los últimos meses por la Resistencia, para construir una contra/memoria de los duelos vividos. La marcha terminó, pero la indignación no. Aproximadamente una hora después, comenzaron a limpiar: las pintas desaparecieron, los rastros de la protesta fueron cubiertos, los vidrios fueron retirados y las intervenciones fueron escondidas detrás de lonas. El grito de independencia continuó.
Situar el territorio
Al norte de Morelos se encuentra la que es considerada la sede principal de la UAEM. El Campus Chamilpa concentra una gran cantidad de licenciaturas y la mayor parte de la oferta académica está en esa zona con 20 mil alumnos de los casi 40 mil que componen la matrícula total. La comunidad estudiantil no está constituida sólo por morelenses, pues muchos de estos son de los estados aledaños como Guerrero, Puebla y Ciudad de México. Al Campus Chamilpa le acompañan otros campus repartidos por todo Cuernavaca, divididos por carreras (entre ellos la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición o Comunicación Humana) o por sedes foráneas, conocidas oficialmente como sedes regionales y Escuelas de Estudios Superiores (EES), que se ubican en tres zonas principales del estado de Morelos: región oriente, sur y poniente.
Durante la última década, los campus públicos pasaron a condensar las fracturas sociales de México. La confluencia entre protestas estudiantiles, feminicidios y la crisis de desapariciones y fosas exige una revisión urgente sobre el lugar que han ocupado las universidades en las últimas tres décadas.
El conflicto estalló el 27 de febrero de 2026, cuando la comunidad de la UAEM hizo visible una herida acumulada: en menos de 17 meses, cinco estudiantes habían sido víctimas de feminicidio bajo un mismo patrón de desprotección e impunidad institucional. Los nombres de Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Calderón y Claudia Tacoronte encarnaron el quiebre de una comunidad que se negó a normalizar la violencia en sus aulas. Los estudiantes organizados tomaron las instalaciones del Campus Norte y de dos facultades foráneas: la Facultad de Medicina y la Facultad de Nutrición, en respuesta a esa situación y para la exigencia de seguridad, ocasionando una fuerte tensión entre ellos, las autoridades universitarias y recientemente frente al gobierno estatal dirigido por la morenista Margarita González Saravia.
A partir de una serie de mesas de diálogo con la ya mencionada Resistencia, se acordó primero un retorno virtual a las actividades académicas habituales para concluir el primer semestre del 2026; y en agosto, un regreso a clases presenciales. La vuelta a la normalidad se enmarcó en un riguroso control de acceso y vigilancia en las instalaciones universitarias, medidas llevadas a cabo a partir de la solicitud de los estudiantes organizados. Sin embargo, las preguntas radicales siguen acechando la sensibilidad de la comunidad, especialmente frente al feminicidio de Claudia Tacoronte: ¿esas medidas son suficientes para contener las violencias que se producen? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad del Estado y la Universidad frente a un contexto como el mexicano? ¿Qué está pasando en la UAEM? El movimiento estudiantil, como ellos mismos lo reconocen en entrevista para Contra/Narrativas, es en principio una respuesta a la inacción de las actividades: “Todo fue muy espontáneo. Normalmente en un paro estudiantil suele ser al revés: primero un pliego y luego una respuesta a él. Aquí no hubo un pliego petitorio anterior, sino la respuesta espontánea a una completa inacción. Aquí fue todo como muy caótico, porque partía de un descontento cuyo origen era el miedo y el enojo”. Es ante todo un movimiento que responde ante las incitativas planteadas desde arriba, cuyas ideas de seguridad dependen mucho de las estrategias propuestas por las autoridades universitarias o el gobierno del Estado, donde se exige efectividad además de empatía frente a las víctimas.
Los feminicidios universitarios
Todo comienza –si acaso podemos pensar un comienzo– con Kimberly Joselin Ramos Beltrán. Ella tenía 18 años y era estudiante de la facultad de contaduría. Desapareció el 20 de febrero del 2026, y tras una semana de búsqueda, alumnos de la UAEM organizaron una manifestación que terminaría en el cierre de los accesos a la universidad hasta que la rectora Viridiana Aydeé León Hernández estableciera un diálogo y una respuesta institucional frente al feminicidio. El 3 de marzo, el cuerpo de la estudiante fue hallado en el poblado de Chamilpa, en una zona boscosa colindante con instalaciones de la universidad, resultando en la detención de un supuesto implicado
A raíz de la protesta y exigencia de la clarificación de los hechos, fue que la Resistencia tomó las instalaciones universitarias. Durante estas mismas primeras manifestaciones, los estudiantes recordaron a Aylin Rodríguez Fernández de 20 años, estudiante de la Facultad de Psicología, reportada como desaparecida el 3 de abril del 2025 y localizada sin vida un día después en el municipio de Jiutepec. Su agresor fue detenido y vinculado a proceso. El discurso hacía evidente que el caso de Kimbely no era uno aislado, sino la continuidad de todo un patrón que se iba extendiendo todavía más.
Durante las protestas por el feminicidio de Kimberly, Karol Toledo Gómez de 18 años y estudiante de derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, desapareció el 2 de marzo de este año y tres días después fue encontrada sin vida en el municipio de Coatetelco. Hasta el momento no hay detenidos. Este feminicidio intensificó las exigencias y la fricción con las autoridades. Más aún: durante la toma de instalaciones, ocurrió otro feminicidio, el Michelle Itzayana Fuentes de 15 años y alumna de bachillerato de la UAEM, quien desapareció el 24 de mayo, fue hallada sin vida en Tepoztlán.
Como señalábamos antes, a poco menos de un mes del regreso presencial a clases, Claudia Tacoronte Aguilera fue asesinada el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla tras haber asistido a la Feria Nacional de la Planta Medicinal. Según testimonios, Claudia se encontraba en la Casa de la Cultura, cuando su agresor le exigió su teléfono celular y posteriormente la atacó severamente con arma blanca. Su caso, en medio de una cierta victoria de parte de la Resistencia y en el ánimo de una comunidad universitaria reconociendo el esfuerzo ante la exigencia de un derecho a la vida, ensombreció de nueva cuenta el conflicto. Se habló de un fracaso de todo un movimiento ante una situación que dejaba entrever un panorama de inseguridad y violencia en la entidad y una incapacidad de parte de las autoridades universitarias de una política pública real de duelo, memoria y justicia: “El feminicidio de Claudia abrió las mismas heridas que ya estábamos intentando ir curando, pero a su vez creo que también abrió mucho diálogo sobre qué siguen”, comentan las alumnas de la Resistencia del Instituto de Humanidades de la UAEM.
El feminicidio, en cualquiera de sus contextos, es una marca en el tejido social que muchas veces se entiende como una fractura de este. Es el síntoma de una estructura social y estatal profundamente sostenida por la violencia patriarcal que desmonta la ilusión del discurso universitario construido a partir de comunidad, de la seguridad e incluso de la promesa de futuro. De enero a julio de 2026 ya se había registrado el 91% del total de feminicidios reportados en 2021, según estadísticas de la Fiscalía de Morelos. En los últimos siete meses se registraron 380 feminicidios en el país y Morelos se ubicó en sexto lugar a nivel nacional con 21 víctimas.
Los feminicidios de Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia se presentan como una bisagra del espacio universitario, uno que, como afirma la teoría, implica una pedagogía de la crueldad efectiva en el sistema patriarcal, pero a la vez también es una marca que se niega a olvidar lo que acontece en las aulas y en el estado de Morelos. El rostro de estas estudiantes, ahora en los muros de la institución, es el recordatorio para no olvidar, indagar y preguntarnos cuál es el futuro de las universidades en estos contextos de violencia.
Pensar la universidad, con todo su proyecto ilustrado, como un lugar ajeno a las violencias es una ingenuidad. Se debe pensar que, como cualquier espacio socializado y colectivizado por múltiples actores e intereses, tarde o temprano las universidades se verán afectadas a nivel macro y micro por los distintos poderes patriarcales, capitalistas legales o ilegales, que usan las crueldades como un recurso para ciertos fines.
Punto de quiebre: la verdad forense como afrenta política
El caso de Morelos puede pensarse como parte de esa serie de relaciones en donde el acoplamiento del crimen organizado y las relaciones de producción han hecho emerger cierta economía donde lo lícito o lo ilícito no se diferencia claramente. Como lo señala Aída Hernández (2026), desde el gobierno de Jorge Carrillo Olea, entre 1994 y 1998, la relación entre criminalidad y gobernabilidad se han hecho presentes en el Estado, cuando el gobernador fue señalado por organizar y gestionar una red dedicada al secuestro, acercándonos a la idea de Pilar Calveiro de la desaparición como un dispositivo de gobernabilidad ya desde finales del siglo XX. Posteriormente, en el marco de la llamada guerra contra las drogas, la violencia dejó huellas evidentes en la sociedad, especialmente el asesinato de Arturo Beltrán Leyva y las operaciones que se inauguraron a parir de ella. Morelos se ha estudiado como un estado importante para el crimen organizado al ser un paso obligado en el tráfico de drogas de los puestos del pacifico y el área metropolitana del país, y por ello una plaza discutida por diferentes grupos criminales. Sin embargo, la explicación no solo debe referir las coordenadas económicas de la violencia, sino también debemos pensar que la desaparición como dispositivo de gobernabilidad en relación con los poderes políticos de facto y los intereses de las distintas hegemonías en el estado.
Sin lugar a duda, el papel de la UAEM en el desarrollo de la apertura de las fosas comunes clandestinas en Tetelcingo, municipio de Cuautla, es paradigmático para entender la violencia en relación con la UAEM. El caso salió a la luz en 2014 tras la exigencia de familiares de víctimas de desaparición, en especial por el caso de Oliver Navarrete, cuyo cuerpo había sido enterrado ahí a pesar de estar identificado. En dicho proceso de exhumación obligada, participaron muchos sectores de la sociedad civil morelense y de la Universidad, logrando el desenterramiento de los más de 100 cadáveres enterrados por la Fiscalía del estado en Tetelcingo, sin el menor rigor forense. Este acontecimiento marca una brecha relacional entre autoridades estatales y universitarios. Como bien se ha documentado, la participación de varios incluidos el rector en su momento, Alejandro Vera Jiménez, y el secretario de extensión, el poeta Javier Siciila, junto con los trabajos de ese entonces del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad, proporcionó una ayuda importante a quienes padecieron las desapariciones y crímenes de esos primeros años de violencia documentadas, produciendo una evidente ruptura con el gobierno estatal del perredista Graco Ramírez, ocasionando, entre muchos efectos, una auditoría inmediata a las cuentas universitarias impulsada por la cámara local de legisladores controlada por el partido en el poder. A partir de esa ruptura, con un crecimiento al doble en la matrícula universitaria y sin el apoyo estatal o federal para sostener ese crecimiento, la Universidad ha vivido sexenio tras sexenio de asfixia económica desde el destape de las fosas comunes clandestinas en Tetelcingo hasta nuestros días, aun cuando a la salida de Vera Jiménez, todos los programas de apoyo a víctimas fueron cerrados. Mucho se ha especulado sobre un supuesto castigo a los universitarios a partir de su papel dentro del activismo alrededor de los derechos humanos, que se complementaría con el proceso penal en contra de Vera Jiménez y la renuncia al puesto universitario de Javier Sicilia. Más allá de dicho debate, lo que hay que reconocer es que el trato dado a las víctimas universitarias se modificó drásticamente, y el problema de la desaparición, feminicidios o fosas clandestinas comenzó a tomarse como un tabú al interior de la institución.
Aunado a dicho contexto, hay que hacer hincapié en el otro aspecto del Estado, uno no sombrío como el que se presenta cuando se trata de la violencia clandestina, sino del desarrollista y la violencia que viene de él también. Desde el gobierno de Graco Ramírez se impulsó el llamado Proyecto Integral Morelos, lo que marcó fuertemente la lógica social de la entidad. Dicho Plan consistía en una propuesta desarrollista al interior del Estado que implicaba la elaboración de cuatro infraestructuras: 1) Dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, 2) Un gasoducto, el Gasoducto Morelos, de 160 km de longitud; 3) Un acueducto, el Acueducto Morelos, de 12 km de longitud, que abastecería de agua residual del río Cuautla a la Central de Ciclo Combinado, y 4) d) Una red de transmisión asociada, que suministraría energía eléctrica al sistema interconectado nacional de la CFE (González Chévez, 2020).
Como todo proyecto con rasgos neoliberales, este estuvo marcado por una oposición comunitaria activa, pues tocaban intereses y vulneraban cada vez más a poblaciones locales. La cúspide de dicha confrontación y represión se da con el asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario de Radio Amiltzinko y opositor de la termoeléctrica de Huexca, en los primeros días de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Situaciones como la oposición del poblado de Tepoztlán a la ampliación de la autopista México-Cuernavaca o como la resistencia al proyecto minero en el cerro de Jumil, en Xochitepec –donde recientemente se han encontrado fosas clandestinas–, terminan de dibujar un mapa territorial lleno de conflictos y por ello de violencias.
Luego de la relación establecida en un contexto estatal donde se sobreponen los intereses de la legalidad y la ilegalidad, la violencia se fue manteniendo dentro y alrededor del campus universitario como una constante: en el 2012 desapareció Viridiana Morales Rodríguez, alumna de la Facultad de Psicología. Su esposo Roberto Altamirano López, egresado de la Facultad de Artes, fue encontrado sin vida luego de acampar en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México; en el 2019 el exrector Alejandro Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero fueron secuestrados y liberados luego del pago de un rescate; también en el 2019, Mariana Valladares Castañeda, joven de 22 años, ex integrante del equipo de “Flag” de la UAEM “Venados Black”, fue violada y asesinada; en el 2024, Enrique Sánchez Salinas y María Laura Ortíz Hernández, para entonces catedráticos jubilados fueron desaparecidos y encontrados sin vida en la localidad de Topilejo, en los límites entre la Ciudad de México y Morelos. Todos estos hechos se han enmarcado geográficamente en el norte de la entidad y muy cercanos al Campus universitario en Chamilpa, dejando ver una espacialidad bastante peligrosa: los municipios de Tres Marías y Huitzilac, en Morelos, la carretera federal que va al Ajusco (adondevanlosdesaparecidos, 2026) –y donde recientemente se han denunciado múltiples casos de desaparición y hallazgo de cuerpos– y la autopista que conecta hacia Ciudad de México y Cuautla, se ha vuelto un triángulo de inseguridad y violencia para los universitarios gestionado por distintos poderes.
La porosidad de un campus: la violencia feminicida
El continuum de la violencia alrededor de la Universidad se da precisamente en un marco que debe comprenderse a partir de sus efectos, pero también en sus causas estructurales. Los hechos antes referidos se acompañan con una situación continua de asaltos y robos de autos dentro del Campus Norte y otras sedes que poco a poco se han ido normalizando, en un ambiente político que no hace reaccionar a las autoridades. Por otro lado, los feminicidios llevados a cabo recientemente no se cometieron de manera precisa en la Universidad pues, aunque una de las estudiantes, Kimberly, sí desapareció dentro de las instalaciones, los restantes fueron cometidos fuera de la competencia exclusiva de la Universidad. Sin embargo, sí debe situárseles todos ellos en relaciones con un espacio complejo y común, importante no solo para el quehacer universitario sino para el desarrollo social, como debe serlo cualquier universidad pública.
Sin embargo, al parecer de este análisis, la comprensión debe ir más allá de los discursos sobre seguridad y protección que ofrece el Estado, primero que nada, visibilizando el estrangulamiento económico que vive todos los años la UAEM al operar con un presupuesto menor a sus necesidades, lo que la hace una institución que depende del beneplácito del gobierno en turno. Por otro lado, las instancias que ofrece para encarar las violencias internas, su Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia y su Procuraduría de Derechos Académicos resultan sobrepasadas o incapaces de una atención digna, acentuando el dolor provocado por la desaparición y el feminicidio. Debe comprenderse este continuum, entonces, como una correlación entre condiciones estructurales sociales y situaciones singulares, que no se explican bajo la teoría de un conspiración en contra la de la Universidad o el Gobierno estatal actual, sino más bien que demuestran una correlación entre violencias clandestinas que circulan en espacios cercanos, violencias estatales en forma del acicalamiento de recursos económicos, y violencias estructurales atravesadas por la impunidad, sumadas a las violencias de género que se suceden al interior de la misma, como acoso y hostigamiento, entre otros factores.
Pareciera que el espacio de las universidades se va haciendo más coercitivo, donde las lógicas de las violencias y la seguridad van asfixiando a una comunidad por venir. Pensamos en los feminicidios no sólo como acciones lacerantes, contundentes para el entramado social, sino como nudos de una acumulación de violencias que ha transformado radicalmente el orden sensible. No estamos, pues, frente a meros acontecimientos de la violencia, ni planeados ni calculados, pero tampoco ante lógicas conspirativas y tendenciosas que sitúan la violencia como parte de un plan desestabilizador, sino más bien estamos frente a la violencia como una gestión histórica de colectividades que deben sobrecogerse, ese es el caso de la universidad pública. Al cierre de esta redacción, la violencia parece extenderse a la Universidad de Guadalajara, Veracruz y la del Estado de México, donde en menos de una semana se han reportado estudiantes asesinados o víctimas de feminicidio.
Conclusión: la resistencia como efecto de la acumulación
Sin embargo, como parte de esas violencias, sin duda alguna es importante visibilizar las resistencias que se suceden, esas luchas por la vida que el EZLN había nombrado. Ese es el caso de la organización estudiantil que irrumpe en el Estado de Morelos, que en su nombre ha tenido a bien anteponerse al proyecto de la violencia, su gestión y su indiferencia institucional. Como las estudiantes de la Resistencia sostienen: “A partir del feminicidio de Claudia, pasamos por un periodo de duelo, pero también de acción. Se está evaluando en la Resistencia el qué hacer frente a este último choque trágico. Creo que algo en lo que todos coincidimos es que no podemos abandonar la lucha. Estamos muy tristes, muy cansados, pensando hacia dónde vamos. Creo que lo que sigue es seguir desde nuestros contextos, armando colectividad”.
Al cierre de la redacción de este texto –pareciera que de manera casi irónica–, se reporta el asesinato de dos estudiantes de preparatoria de la UAEM, ocurridos en una balacera la noche del 26 de septiembre, en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Una suma más a la sedimentación de las violencias en la UAEM que la están transformando en una geografía gestionada con la crueldad y el miedo. Pero, más que desalentar la lucha que se acompaña, parece más urgente hoy día, como dice la Resistencia, armar colectividad, organizar una defensa común y pública de la vida, desde abajo y con el pensamiento crítico, que nos haga situar nuestra realidad y cambiarla radicalmente. Desde cierta perspectiva, esa es la única forma de combatir la sedimentación de las violencias; es la única forma que tendrá la universidad pública de resistir.
Referencias:
Adondevanlosdesaparecidos. (2026, septiembre 10). Desaparecer en el Ajusco: Una radiografía de la violencia. A dónde van los desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/09/10/desaparecer-en-el-ajusco-una-radiografia-de-la-violencia/
González Chévez, L. (2020). Proyecto Integral Morelos: sus impactos sociales y la demanda de justicia hídrica de los ejidatarios del municipio de Ayala, Morelos (Primera edición). Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. https://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/1352/proyecto-integral-morelos-compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hernández Castillo, R. A. (2023). Exhumar la esperanza: una etnografía feminista en el país de las fosas. Bajo Tierra Ediciones. https://www.rosalvaaidahernandez.com/wp-content/uploads/2026/08/Exhumar-la-esperanza.pdf
Inclán, D. (2025). La marcha catastrófica del mundo. Bajo Tierra Ediciones.
*El Laboratorio de Contra/Narrativas es un espacio de documentación e investigación sobre problemas de exclusión, memoria y violencia, adscrito al Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Redacción: Jazmin Núñez, Blanca Pedroza Hernández, Roberto Monroy Álvarez.
Información: Daniela y Esmeralda
Apoyo técnico: Sebastián Eduardo Pineda
Foto de portada: Laboratorio de Contra/Narrativas
