En esta zona ubicada al sur de la capital han desaparecido desde 2019 más de 100 personas. La creciente presencia de la Guardia Nacional no ha disuadido a los grupos criminales que operan en el territorio, en cuyas barrancas y parajes han sido halladas 492 víctimas de homicidio en la última década. Carreteras que favorecen la movilidad hacia otros estados y áreas sin señal telefónica ni videovigilancia han convertido al Ajusco en un lugar estratégico para desaparecer personas y abandonar cuerpos
Por Lucía Flores, Paola Macedo, Mariana Maytorena, Santiago Reyes y Guillermina Zárate para A dónde van los desaparecidos
En la misma esquina donde desapareció Axel Daniel González Ramos en 2022, se perdió el rastro de Joel Martínez de la Rosa dos años después. Ambos casos ocurrieron en el Ajusco, una zona ubicada al sur de la Ciudad de México que forma parte de la alcaldía Tlalpan y cuya área boscosa se extiende hasta los límites del Estado de México y Morelos.
Carreteras que favorecen la movilidad hacia otros estados, falta de señal telefónica y de cámaras de videovigilancia, y senderos de terracería ocultos a las miradas son factores que han convertido al Ajusco en un punto estratégico para los criminales: una zona en la que desaparecen personas y ocultan los cuerpos de sus víctimas.
“Yo creo que el Ajusco es un facilitador de la actividad criminal violenta”, sostiene Rodrigo Peña, especialista en delincuencia y gobernanza criminal de El Colegio de México (Colmex). “Su posición geográfica y la conectividad que tiene lo hacen un espacio de interés para los mercados criminales. Tenemos registro de que en esta zona de la ciudad, durante los últimos diez años, ha habido operaciones de grupos criminales nacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, y locales, como la Unión Tepito y otros [los Maceros y las Mojarras]”.
Debido a que no existe una delimitación única de lo que se conoce como Ajusco —el Registro Nacional Agrario se centra en las tierras ejidales y comunitarias, la Sedema en las áreas naturales protegidas, y el Inegi en la zona urbana—, este equipo de reporteros propuso elaborar un polígono que incluyera los puntos de desaparición y de hallazgos de cuerpos y restos óseos humanos en ese territorio. Para trazarlo, primero se señalaron en un mapa las coordenadas proporcionadas por familiares y especialistas. Los puntos marcados se encontraban dentro de un espacio rodeado por la carretera Picacho-Ajusco y su extensión, el Circuito Picacho-Ajusco; la carretera federal 95D o Autopista del Sol; la carretera libre México-Cuernavaca, y la carretera a El Capulín, lo que permitió hacer una primera delimitación. Luego se identificaron las colonias que estaban dentro de ese perímetro y se trazó el polígono definitivo con base en sus límites territoriales.
El perímetro del Ajusco trazado para este reportaje abarca una superficie de 296 kilómetros cuadrados —casi el 95% de la superficie de Tlalpan—. Incluye ocho áreas naturales, once pueblos originarios —Santo Tomás Ajusco, San Miguel Topilejo, Parres El Guarda…—, 111 colonias de Tlalpan, y pequeñas superficies boscosas de los municipios de Huitzilac, en Morelos, y Xalatlaco, en el Estado de México. Un territorio donde viven más de 484,000 personas, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Desde enero de 2019 hasta marzo de 2026, en este polígono del Ajusco han desaparecido al menos 107 personas, que representan el 49% de las 220 reportadas en la alcaldía Tlalpan, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Tlalpan ocupa el séptimo lugar en número de desapariciones en la Ciudad de México; las alcaldías con mayor cantidad de víctimas son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
En la última década, de 2015 a enero de 2026, ingresaron al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) 879 víctimas de homicidio procedentes de Tlalpan. De ese número, 492 (56%) fueron halladas en barrancas, campos, canales, carreteras, casetas, cerros, vehículos, lotes baldíos, parajes y vías públicas del Ajusco, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.
De otros 23 cuerpos encontrados, la causa de muerte fue clasificada como indeterminada debido a lo avanzado de la descomposición de los restos, a la ausencia de daños anatómicos visibles, o a pruebas de laboratorio no concluyentes.

Así como no existe una delimitación única del Ajusco, tampoco hay un consenso sobre su extensión. Para la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) de la Ciudad de México, la zona abarca desde los pueblos originarios ubicados al sur de Tlalpan hasta el área natural protegida, que incluye el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y reservas ecológicas, pero esa extensión puede cambiar al abordar casos individuales o hacer búsquedas por patrones. “Según el contexto [del caso], el territorio del Ajusco se liga a zonas más rurales del área natural protegida, o entra en zonas más conurbadas del centro de la alcaldía”, precisa Zacnité Minor Garduño, titular de la Dirección de Análisis de Contexto y Búsqueda por Patrones del organismo.
“Hablando en términos estrictos, el Ajusco serían todos los pueblos altos de la zona: Santo Tomás, San Miguel, la carretera Picacho, etcétera”, explica Daniela, madre de Axel y habitante de San Miguel Ajusco. “Sin embargo, para nosotras, las madres buscadoras, es importante que quienes investiguen esta zona amplíen el Ajusco hasta localidades cercanas como Topilejo, Parres y los límites con Morelos, porque aunque muchas veces sabemos dónde los desaparecen, no sabemos dónde los vamos a encontrar”.
Daniela explica que, aunque varias personas desaparecieron en las áreas boscosas del Ajusco, las investigaciones de la fiscalía apuntan a que deben ser buscadas en esas otras localidades, debido a la forma en que opera el crimen organizado en la zona: aprovechando caminos y carreteras para trasladar a sus víctimas.

Refuerzo de la Guardia Nacional
Las áreas frondosas del Ajusco, en las que abundan los pinos, oyameles y encinos, favorecen que sucedan estos crímenes, afirman familiares de víctimas, especialistas y funcionarios entrevistados, pues a medida que se asciende por la montaña, el espacio se reduce a estrechas carreteras pavimentadas —rodeadas de vegetación y barrancos de piedra— por las que es posible desplazarse sin ser visto ni escuchado. Tramos en los que pasan minutos sin que circule ningún vehículo. Ningún ave. Nadie. Un lugar propicio para desaparecer a una persona o abandonar un cuerpo.
En octubre de 2024, cuando el taxista Joel Martínez desapareció, se habían instalado en el Ajusco cuatro bases de operaciones de la Guardia Nacional (GN). La primera, inaugurada en 2020, fue la de San Miguel Ajusco, ubicada en la bifurcación conocida como “la Y”, sobre la carretera Picacho-Ajusco; en 2022 entraron en funcionamiento los cuarteles de Parres El Guarda —sobre la carretera libre México-Cuernavaca— y San Miguel Topilejo, y en 2024 se instaló la cuarta: una base conjunta de la GN y el Ejército en el paraje de La Placa, en el límite con el Estado de México. Ese mismo año, en noviembre, un mes después de la desaparición de Joel, comenzó a operar un quinto destacamento de la GN en Llanito Largo, cerca de la localidad de El Capulín.
En la zona hay también dos fiscalías de investigación territorial —Tlalpan 1 y Tlalpan 5—, y un módulo de operación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el kilómetro 12.8 de la carretera Picacho-Ajusco. Pero la militarización del área no ha impedido que las desapariciones y los hallazgos de cuerpos y restos óseos humanos continúen.
De 2020 —año en que se inauguró la primera base de la GN— a 2021, las desapariciones en la zona disminuyeron de 14 a 5 casos. Pero en 2024, cuando ya operaban los cinco cuarteles, la cifra aumentó 380% respecto a 2021, al pasar de 5 a 24 desapariciones. Aunque 2025 terminó con 18 casos, el número aún era superior al registrado en 2020.
En ese mismo lapso, el número de cadáveres ingresados al Incifo procedentes de los parajes y carreteras del Ajusco disminuyó: de 82 cuerpos en 2020 a 25 en 2022, cifra que casi se duplicó en 2023, cuando se registraron 45. En 2025 se reportaron 39 cuerpos.

Desde hace años, los medios han reportado el hallazgo de cuerpos en el Ajusco: atados, en bolsas, a la intemperie, decapitados, emplayados. En diciembre de 2014, tras una serie de secuestros, asesinatos, robos y el descubrimiento de un narcolaboratorio, las autoridades capitalinas y federales implementaron un operativo permanente de vigilancia. Ya en ese año, según cifras de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cometían en el Ajusco cuatro de cada diez delitos de alto impacto registrados en Tlalpan.
Este reportaje ofrece una radiografía de la violencia en el Ajusco; busca explorar por qué, en un territorio cada vez más vigilado, continúan desapareciendo personas y siguen arrojando cuerpos. Para lograrlo, este equipo de investigación recorrió durante un año la zona y entrevistó a una treintena de personas: familiares de víctimas desaparecidas o cuyos restos fueron encontrados en sus parajes, vecinos, académicos y funcionarios.
San Miguel Ajusco, la esquina de las desapariciones
Antes de dirigirse a la esquina formada por las calles Valdivia y San Miguelito, en el pueblo de San Miguel Ajusco de la alcaldía Tlalpan, Axel Daniel González Ramos, quien trabajaba como ayudante de herrería en el negocio de su abuelo, le aseguró a su madre que no tardaría; planeaba visitar a Natalia, su novia y vecina de la colonia, para llevarle un regalo. Lo último que supo Daniela González de su hijo de 16 años ese 23 de junio de 2022 es que, a las once de la noche, dos horas después de su partida, todas las llamadas a su celular entraban a buzón y habían eliminado su foto del perfil de WhatsApp. Cuando, al cabo de unos días, pudo revisar las cámaras del C5, vio que Axel se había subido a la moto de un hombre que casi le doblaba la edad, a quien reconoció como José “N”, un supuesto amigo del muchacho.

Según Daniela, José —al que considera responsable de la desaparición de su hijo— tenía 28 años y se dedicaba a la venta de estupefacientes; un mes antes de los hechos fue secuestrado y lo liberaron quince días después. Desde esa noche de junio en que Axel desapareció, José tampoco ha regresado.
Joel Martínez de la Rosa, de 32 años, también hizo la promesa de volver; trabajaba como taxista en San Miguel Ajusco. “Solo hago un viaje y, cuando regrese, traigo un pollo rostizado para cenar”, le mensajeó a su hermana Marisol el 19 de octubre de 2024. Un vecino del lugar, Francisco “N”, había llamado a la base de taxis para pedir que lo llevaran al municipio de Chalco, en el Estado de México. En el mismo cruce de las calles Valdivia y San Miguelito donde desapareció Axel, estacionó Joel el Tsuru blanco que manejaba para esperar a su cliente. Al día siguiente, Francisco ya estaba en su casa, pero Joel no había regresado y su WhatsApp no recibía mensajes; cuando, semanas más tarde, agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina le preguntaron qué había pasado con el taxista, respondió que lo vio por última vez en el pueblo de Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco.
Marisol cuenta que, cuando su familia fue a buscarlo, Francisco les propuso que hicieran juntos el mismo recorrido que había hecho con Joel el día en que desapareció. “Solo déjenme ir rápido a dejar a mi esposa a la casa”, les pidió. Durante la media hora en que se ausentó, Marisol recibió un mensaje desde el WhatsApp de su hermano, que volvió a estar activo: “Ya déjenme descansar, me fui porque quiero deshacerme de mis preocupaciones”. Cuando Francisco regresó, la cuenta de Joel se había vuelto a desconectar.

En San Miguel Ajusco, de donde Joel y Axel son originarios, hay por lo menos otras nueve personas desaparecidas. Fue también en ese pueblo donde Leonardo Sandoval Cázares, de 20 años, desapareció el 15 de mayo de 2022 durante una fiesta patronal, después de tener una riña con familiares de su entonces pareja. Las investigaciones de la fiscalía capitalina determinaron que Leonardo permaneció varios días en una casa de seguridad del pueblo antes de ser asesinado de un balazo en la cabeza. Los criminales arrojaron su cuerpo a la orilla de la carretera que conduce a la localidad de El Capulín.
Un mes y medio después de su desaparición se encontraron unos restos humanos en la zona boscosa del Ajusco que corresponde al Estado de México, por lo que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) del municipio de Xalatlaco. Eran de Leonardo, pero su familia fue notificada un año después, en agosto de 2023, debido a una serie de deficiencias que se repiten en las instituciones forenses: errores en la descripción de los cuerpos, falta de insumos para realizar confrontas genéticas y morgues desbordadas. Hasta 2023, había más de 72,000 cuerpos sin identificar en el país. La madre del joven, Rosalinda Sandoval, supo que los restos eran de su hijo cuando reconoció los tenis que le había comprado en un tianguis cinco días antes de que desapareciera.

San Miguel Ajusco es, con 11 casos, el tercer pueblo o colonia del polígono con más personas desaparecidas desde 2015. El primer lugar corresponde a San Miguel Topilejo, con 16 casos, seguido de Santo Tomás Ajusco, con 12.
“No conocen la realidad del Ajusco”
Durante muchos años, el Ajusco fue el destino perfecto para comer sopa de hongos, practicar gotcha o pasar un fin de semana en el bosque. Eso cambió en 2010, cuando el 19 de diciembre fue hallado, en un paraje junto a la carretera Picacho-Ajusco, el cráneo de Adriana Morlett Espinosa, una joven de 22 años desaparecida tres meses antes, el 6 de septiembre, después de tomar un taxi en la colonia Santo Domingo, en Coyoacán; estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue, tal vez, la primera persona encontrada sin vida en el Ajusco cuyo nombre trascendió a nivel nacional, tras ser identificada por peritos de Argentina y Estados Unidos. Una década después, en agosto de 2020, ocurrió el primer hallazgo de restos humanos en la zona como resultado de una búsqueda de colectivos y familiares: un cráneo en el Valle del Tezontle.
Desde ese año hasta 2025, se han encontrado en el Ajusco alrededor de 66 restos óseos humanos y cuerpos durante búsquedas organizadas por colectivos y la CBP de la Ciudad de México, o por informes de vecinos, de acuerdo con información obtenida a través de reporteo en campo, entrevistas y notas de prensa. Al menos 16 personas ya fueron identificadas como resultado de estos hallazgos. Recientemente, a finales de julio, se encontró un cráneo en un predio de la carretera Picacho-Ajusco, a menos de 200 metros del parque de aventuras Gotchamanía.

Las desapariciones registradas en el RNPDNO desde 2019 hasta marzo de 2026 en el polígono del Ajusco trazado para esta investigación suman 107, que corresponden a 60 hombres y 47 mujeres, la mayoría de entre 20 y 34 años de edad. Debido a que el registro no ubica las zonas boscosas como un punto de desaparición, fue a través de entrevistas que se pudieron constatar casos ocurridos en estas áreas, como los de Ana Amelí García Gámez, Luis Óscar Ayala García, Rodrigo Ricardo Rico Fernández y Olin Hernando Vargas Ojeda.
El reportaje toma como referencia 2019 porque en años anteriores el RNPDNO no registraba la colonia donde sucedían las desapariciones, pero las fichas de búsqueda permiten ubicar casos que ocurrieron dentro del polígono del Ajusco antes de esa fecha, como los de Ana María Velázquez Colomer (2015), Nora Elia Ledezma Garza (2016), Francisco Vilchis Ruiz (2016), Pamela Gallardo Volante (2017) y Francisco Sandoval Lázaro (2018).
De los 492 cadáveres de víctimas de homicidio que ingresaron al Incifo desde 2015 hasta enero de 2026, procedentes de los parajes, barrancas y vías públicas del Ajusco, 436 son hombres, 53 son mujeres, y 3 son de sexo indeterminado. La mayoría, 76 cuerpos, fueron hallados en San Miguel Topilejo, 49 en Santo Tomás Ajusco, y 39 en San Miguel Ajusco. Respecto a su ubicación, 82 fueron recuperados de alguna de las carreteras que rodean el polígono: 40 de la carretera libre México-Cuernavaca y de la Autopista del Sol, y 42 de la carretera Picacho-Ajusco y el Circuito Picacho-Ajusco.

Antes de las movilizaciones que generó la desaparición de Pamela Gallardo Volante, de 23 años, el 5 de noviembre de 2017 en la colonia Lomas de Tepemécatl, el entonces CAPEA (Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes) y la FGJ investigaban tanto las desapariciones como los hallazgos de restos en el Ajusco como hechos aislados. Las familias y los colectivos de búsqueda de la Ciudad de México advirtieron, apoyados en sus indagaciones, que los casos podían estar relacionados, debido a que en la zona operan organizaciones criminales, bandas locales, feminicidas y secuestradores, en conjunto o de manera individual, con las mismas estrategias. Esto provocó que la CBP comenzara a realizar búsquedas por patrones a mediados de 2025. Hasta la publicación de este reportaje, ha llevado a cabo tres búsquedas con esta metodología en la zona.
Para buscadoras como Daniela González, madre de Axel e integrante del colectivo Una Luz en el Camino, este trabajo resulta insuficiente. “La comisión nos ha mostrado que tiene un análisis de contexto por cada una de las personas que buscamos acá arriba. Pero lo que nosotras queremos es un análisis de contexto que haga una vinculación entre los casos [de personas] que desaparecen en las mismas zonas. Es complejo porque en la comisión no conocen bien la realidad del Ajusco. No investigan. Toda la información que tienen es porque las familias se las hemos dado a partir de la comunicación que nosotras mismas hemos tenido que tejer con los habitantes de la zona. Hablando, por ejemplo, de los grupos delincuenciales que operan acá arriba, la comisión no tiene ni idea, y eso es lo que nosotras les exigimos, que hagan un buen análisis de contexto que considere todo esto”.
Dentro de la CBP, indica Luis Gómez Negrete, titular del organismo, se creó un área enfocada a identificar patrones de desaparición y de hallazgo de restos en la Ciudad de México. “Y es a partir de ese análisis que se construyen los polígonos de búsqueda”. Dentro del Ajusco, agrega, estos patrones se relacionan con el consumo de sustancias psicoactivas, violencia familiar, centros de tratamiento de adicciones, y aplicaciones de taxis en que las víctimas son conductores.
Gómez Negrete precisa que en la CBP han elaborado un análisis de contexto del Ajusco a partir de la identificación de clústers de casos: áreas donde se concentran tanto lugares de desaparición como de hallazgos de restos humanos.
“Con un análisis de contexto de la zona, logramos identificar estos clústers y articularlos con los cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con otras variables geográficas y demográficas, lo que nos arrojó un área de investigación que llamamos Ajusco Alto”, señala el comisionado. Este análisis les permitió ubicar, aproximadamente, 94 personas desaparecidas —hasta marzo de 2026, cuando se realizó la entrevista—. “Es difícil obtener un número exacto; por eso, esta cifra se refiere más bien a los casos que se agrupan o se asocian a nuestro plan de búsqueda en la zona”.
El colectivo Una Luz en el Camino calcula que en el Ajusco han desaparecido, al menos, 300 personas. La cifra incluye tanto a quienes cuentan con una denuncia como casos que no han sido reportados, así como desapariciones ocurridas en otros puntos de la ciudad en las que, de acuerdo con las investigaciones, existen indicios de que los perpetradores pudieron haber trasladado el cuerpo a esa zona, como en el caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros, quien fue vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa, pero sus restos fueron encontrados en el Ajusco.
La cifra, explica el colectivo, también está condicionada por las dificultades que enfrentan algunas familias para denunciar. “Hay quienes no denuncian por falta de información. Nos tocó acompañar un caso de 2023 porque a la señora nunca le hicieron caso. Como no sabe leer ni escribir, pasó un año hasta que logramos formalizar la denuncia”, relata una integrante. También hay quienes no denuncian por miedo.

Fiestas, empleos y excursiones: constantes del delito
Las fiestas son un escenario que se repite en los casos de desaparición del Ajusco. Celebraciones con música, baile, comida y alcohol, que muchas veces terminan en peleas o disparos al aire. Para Israel Lira, antropólogo físico e integrante de la red Armadillos Rastreadores, las fiestas son “un espacio de oportunidad” donde se mueve mucha gente, y si una persona tiene la intención de atentar contra alguien, es posible hacerlo y pasar desapercibido. El especialista considera que, con los recursos económicos y materiales de que dispone la FGJ, se podrían buscar similitudes en las carpetas de investigación para identificar los patrones de desaparición en la zona.
A partir del seguimiento que ha hecho de cinco casos ocurridos en el Ajusco, Lira identifica dos constantes. “Primero, yo hablaría de la edad. Tenemos personas desaparecidas que están en una edad productiva, entre los 15 y 27 años. Aunque honestamente no creo que estén buscando a los jóvenes solo para reclutarlos, sino por las redes que existen entre ellos: familiares, escolares, laborales y, sobre todo, las redes que se tejen en las fiestas, que son un espacio de oportunidad para promocionar drogas”, explica Lira. “La segunda constante es el domicilio, ya que, contrario a lo que dicen las autoridades, la mayoría de las personas que están siendo buscadas en el Ajusco viven en esta región y, por lo tanto, comparten espacios y redes. Por eso, al momento de buscarlas es tan importante prestar atención a esas redes y conjuntar la información de los casos, porque podrían estar relacionados”.
“Desde que llegué a vivir al Ajusco hace seis años siempre he sentido miedo. Sobre todo en los bailes, porque ahí se ponen a echar balazos en medio de la gente. Y luego se andan peleando, aventando botellas y todo eso”, cuenta Araceli Olmedo, madre de Benjamín Echeverría Olmedo, un joven de 19 años que desapareció el 13 de abril de 2024 al salir de una fiesta celebrada en San Miguel Ajusco. Esa noche, Araceli recibió la llamada de Verónica “N”, amiga de su hijo, quien le pidió que fuera a buscarlo a la ciclopista Ferrocarril de Cuernavaca porque un grupo de muchachos lo estaba golpeando. El teléfono de Benjamín —que trabajaba como transportista en un servicio de catering donde su madre era cocinera— mandaba a buzón y nunca más volvió a sonar.
Pamela Gallardo Volante desapareció después de asistir, el 5 de noviembre de 2017, al festival de música electrónica Tech Soul, realizado en un terreno privado del kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco; iba acompañada de su pareja, quien de acuerdo con la familia de la joven estaba vinculado al tráfico de drogas. Es probable, según una línea de investigación, que Pamela fuera desaparecida, como represalia contra su novio, por un grupo criminal que disputaba el control del Ajusco. “Yo creo que Pamela no conocía bien a las personas con las que se juntaba, porque la verdad es que la gente no va por la calle diciendo: ‘Soy narco, tengo una familia mala’”, dice una familiar de la víctima. Cuando desapareció, Pamela trabajaba desde hacía seis meses como mesera en un restaurante cercano a su casa; quería ahorrar dinero para pagarse la carrera de ciencias forenses y convertirse en perito.
El 25 de septiembre de 2022 desapareció Yosselin Saucedo Herrero, también en una fiesta patronal, pero en el pueblo de Santa María Magdalena Petlacalco, en Tlalpan. La adolescente de 14 años fue hallada desmembrada dos meses después en un predio abandonado de la colonia Ocotla Chico, en San Miguel Topilejo. Yosselin había sido pareja de Axel Daniel González Ramos, el joven desaparecido en junio de ese año.

Daniela insiste en la necesidad de que la CBP haga un cruce de las carpetas de investigación abiertas por desapariciones en el Ajusco “para poder identificar coincidencias, vínculos y posibles conexiones entre los casos”. Y agrega: “Yo estoy casi segura de que las mismas personas que desaparecieron a Miguel Ángel Lazo se llevaron a mi hijo y asesinaron a Yosselin”.
Miguel Ángel Lazo Roldán no desapareció en una fiesta; simplemente salió de su domicilio el 2 de febrero de 2024 y nadie lo volvió a ver. Dos meses antes había sido contratado como ayudante general en la construcción de un rancho en Santo Tomás Ajusco. Por eso, cuando salió de su casa cargaba un bote de pintura para la cisterna y varios metros de manguera para la bomba de agua. El joven de 25 años nunca le contó a su madre dónde estaba el rancho, solo que le decían La Cabaña.
Este es otro escenario que se repite: personas que se dirigían a sus nuevos trabajos o a entrevistas laborales, y no se volvió a saber de ellas.
El 30 de abril de 2015, Ana María Velázquez Colomer salió de su casa en la colonia El Mirador 1a. sección, en Tlalpan, con dirección a San Miguel Topilejo, donde tendría una entrevista de trabajo. Un compañero de su iglesia le había informado sobre una vacante como empleada doméstica en un rancho; ofrecían un sueldo de 2,600 pesos semanales por ayudar a otra mujer con las labores de limpieza. Pero Ana María nunca regresó. La persona que le habló del empleo dijo que había arrancado el anuncio de un poste. La mujer, entonces de 49 años, es madre de tres hijos.
En el Ajusco también hay personas que desaparecen por el simple hecho de adentrarse en sus bosques. Tan solo en 2025 se reportaron los casos de Ana Amelí García Gámez, estudiante de biología de la UNAM de 19 años, que fue vista por última vez el 12 de julio, cuando descendía del Pico del Águila, y Luis Óscar Ayala García, odontólogo de 48 años que fue a la zona conocida como La Cantimplora a ejercitarse, y cuyo auto fue hallado al día siguiente en Xalatlaco, en el Estado de México. Otro caso es el de Rodrigo Ricardo Rico Fernández, quien desapareció el 28 de septiembre de 2019 mientras peregrinaba al Santuario del Señor de Chalma con sus amigos. Había recorrido más de quince años el mismo sendero.
Algo que une a estos tres casos es que ninguna de las víctimas vivía en el Ajusco y que, hasta ahora, según la madre de Ana Amelí, las líneas de investigación se encuentran en punto muerto. No hay indicios ni avances.

Carreteras para desaparecer personas y abandonar cuerpos
A cada lado de la carretera Picacho-Ajusco abundan los negocios de barbacoa, quesadillas, pulque y puerco a la cubana. Existen también predios baldíos incautados, ejidos boscosos que funcionan como parques ecoturísticos, y chelerías con luces de colores y un olor a multitud que impregna el aire. Esta vía recorre aproximadamente 14 kilómetros antes de transformarse, en la bifurcación de la Y, en el Circuito Picacho-Ajusco, un trayecto de otros 27 kilómetros que rodea el Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
En las noches de lluvia, la niebla cubre la vegetación y el bosque de la parte alta del Ajusco. Solo se distinguen los faros de los automóviles; el resto es oscuridad. Unos kilómetros más arriba, en el Pico del Águila, está el Árbol de la Memoria, como lo bautizaron las madres buscadoras después de cubrirlo de lonas con rostros de personas desaparecidas.
“Yo después de las siete ya no traigo pasaje a esta parte de la carretera. Se pone bien oscuro y ya no hay nada de luz”, dice un taxista. “Pero aquí, la luz es lo de menos, lo feo son los cuerpos que vienen a tirar, y que a pesar de la niebla nos toca verlos”.
En el país existen rutas o carreteras esenciales para llevar a cabo delitos criminales, advierte Rodrigo Peña, del Colmex. “Son un medio indispensable por donde se trafican, envían y reciben mercancías, personas, y en general recursos lícitos e ilícitos”. Por tanto, tener el control de una carretera supone la posibilidad de controlar los negocios delictivos de una región.
En 2015, Peña coordinó, junto con el sociólogo Jorge Ariel Ramírez Pérez, el Atlas de la seguridad y violencia en Morelos. Uno de sus principales hallazgos fue que los delitos “de alto impacto” (homicidios, secuestros, extorsiones…) se concentraban en un “corredor de violencia” formado por los municipios del estado de Morelos que atraviesa la Autopista del Sol. Cuando intentaron ampliar su investigación al tramo de la carretera que recorre la Ciudad de México, se dieron cuenta de que las cifras de homicidios disminuían considerablemente en la zona del Ajusco.
¿Cómo explicarlo? “Pues con fosas, personas desaparecidas, registros mal hechos y denuncias deficientes”, señala el investigador, quien hoy considera que les hizo falta una pieza en su investigación: las desapariciones. “Estamos hablando de que las desapariciones en el Ajusco podrían ser la respuesta a esta fantasía de que el crimen no entra a la Ciudad de México”, agrega.
De acuerdo con los datos del RNPDNO, entre 2019 —año en que empezó a operar la CBP— y 2025, las desapariciones en el Ajusco aumentaron el 80% —al pasar de 10 a 18 casos—, mientras que en ese mismo periodo, según el Incifo, el número de cuerpos de víctimas de homicidio procedentes de los parajes y vías públicas de la zona disminuyó 49% —de 76 a 39 cadáveres—.

“Sin embargo, necesitamos más respuestas sobre el Ajusco, porque hasta ahorita no tenemos los datos suficientes para saber con exactitud qué papel está jugando esta región. No sabemos si es un centro de mando del crimen organizado, de almacenamiento de mercancía, o si solo es un punto logístico para ellos. Por ahora, el Ajusco es un acertijo con más preguntas que respuestas”, asegura el experto.
Para el académico David Barrios Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la particularidad de las carreteras del Ajusco es que conectan —a través de zonas boscosas y poco transitadas— no solo con el Estado de México y Morelos, sino con rutas que conducen a entidades como Guerrero y Michoacán, territorios clave en los circuitos del tráfico de drogas, armas y personas.
“Que el Ajusco sea una zona limítrofe y conectada con otros estados lo convierte en un lugar con una jurisdicción muy porosa, en donde tanto los grupos de la economía criminal como las propias fuerzas del Estado aprovechan los vacíos legales que esto conlleva para cometer delitos como la desaparición”, explica el investigador. El Ajusco no es únicamente un espacio aislado en la montaña, subraya, sino un corredor estratégico para la economía criminal, donde todo, “absolutamente todo”, puede moverse frente a los ojos de nadie.
A diferencia de municipios como Tecomán, en Colima, o Úrsulo Galván, en Veracruz, donde se han encontrado decenas de fosas clandestinas, en el Ajusco los cuerpos se dejan a la intemperie, cubiertos por un costal de plástico o un montículo de aserrín. La impunidad está tan arraigada en este territorio que nadie se preocupa por enterrarlos.
“Las carreteras del Ajusco son un espacio de oportunidad para ocultar los cuerpos porque puedes hacerlo de manera rápida y sin que nadie te vea. Al ser caminos donde no hay seguridad, no hay cámaras y no hay luz, pues no necesitas hacer un hoyo. Si tienes prisa simplemente bajas el cuerpo del carro, lo arrojas a un costado de la carretera, y como son espacios poco transitados, de aquí a que alguien lo vea tú ya no estás ahí”, explica el antropólogo físico Israel Lira. “Otro factor importante es que en el Ajusco la composición del suelo es en su mayoría rocosa, por lo que resulta complicado excavar más allá de treinta a cuarenta centímetros”.

Quizá porque estaba expuesto, una cuadrilla antiincendios encontró el 22 de febrero de 2022 el cuerpo de Anahí Michell Pérez Tadeo a solo unos metros del kilómetro 17.5 del Circuito Picacho Ajusco. La actriz, modelo, bailarina y madre de una niña había desaparecido apenas dos días antes. En diciembre de 2023 fue sentenciado a 70 años de prisión por su feminicidio Miguel “N”, quien confesó que, junto con un amigo, trasladaron el cadáver en auto para arrojarlo en ese lugar.
A menos de un kilómetro, en Llano de Vidrio —conocido también como El Mirador—, el 24 de noviembre de 2024 hallaron el cráneo y la mandíbula de Jael Monserrat Uribe Palmeros, joven de 21 años desaparecida en Iztapalapa en 2020. Este lugar, un punto de paso para los creyentes que peregrinan a Chalma, fue utilizado como cementerio clandestino por la banda de secuestradores Los Camacho hasta su detención en 2013.
Ranchos en el bosque, un punto ciego
Antes de que su hija desapareciera, esta madre buscadora —que por motivos de seguridad pide no revelar su identidad— desconocía dónde quedaba el Ajusco. Ahora sabe que es un lugar del que no siempre se regresa. Pudo constatarlo durante los cuatro meses de 2018 que, de jueves a domingo, con una grabadora escondida en la ropa, trabajó en chelerías de la zona limpiando baños.
En ese tiempo observó que, entre las siete de la noche y las tres de la madrugada, subían a los bares camionetas lujosas para llevarse a jóvenes —hombres y mujeres— que solían estar bajo el efecto de alguna droga.
“Así es como yo empecé a hacer el rastreo de mi hija”, dice la madre buscadora, quien pidió por seguridad no ser nombrada. “Ante la nula respuesta de las autoridades, yo entré sola al Ajusco para investigar y me di cuenta de que muchas de las personas que han sido desaparecidas ahí es posible que hayan sido jaladas para la trata de personas, o llevadas a casas de seguridad y ranchos que hay en la zona. Ranchos inmensamente grandes que son de secuestradores o de gente que pertenece a la delincuencia organizada”.
Fue a pocos metros de uno de esos ranchos, cerca de donde está hoy el retén del Arco Rojo de la SSC, donde en 2019, durante un operativo de búsqueda de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros —o Fuerza Antisecuestro (FAS)—, vecinos de la zona le susurraron: “Venga, suba para acá”, y al asomarse vio cuatro cadáveres de hombres.
“Estos ya tienen más de 72 horas. Aquí es constante que los tiren”, le dijeron a la buscadora. “Nosotros los reportamos y aun así las autoridades no vienen a recogerlos”. Ella confirmó lo que había descubierto cuando trabajaba en los bares clandestinos: el Ajusco es una zona donde las áreas boscosas, la escasa videovigilancia y los tramos sin señal telefónica permiten a los criminales operar en la impunidad.
Lira cree que los propietarios de algunos ranchos están relacionados con la violencia en el Ajusco. “Son familias que tienen la posibilidad de tener un terreno grande en donde operar sin que los molesten. Y esto lo vemos porque en la mayoría de los casos de desaparición que acompaño en la zona, que son cinco, generalmente el presunto perpetrador está vinculado con una familia que tiene un rancho”.

Un taxista del lugar cuenta: “A veces entro a los ranchos y no hay señal, y cuando salgo otra vez ya hay señal. O entro y hay gente del Ejército cuidando el rancho”.
Otra persona, una mujer que prefirió guardar el anonimato, recuerda un hecho que le ocurrió en el Albergue Alpino del Ajusco: “Cuando ya íbamos de regreso, me llama alguien que iba con nosotros y me dice: ‘Oye, se olvidaron de mí en el albergue’. Y pues ahí vamos de vuelta. Cuando llegué, ¿cuál fue mi sorpresa?, que esa persona estaba en el baño espantadísima porque habían empezado a llegar camionetas 4×4 con un montón de gente que usaba pasamontañas y teléfonos satelitales, pero eran personas civiles. Luego llegaron la Guardia Nacional y el Ejército. Nosotras vimos eso y le dije: ‘Vámonos rápido de aquí’”. Este albergue es el lugar donde las familias buscadoras suelen pasar la noche cuando realizan jornadas de varios días en el Ajusco.

En 2010 ya operaba en la zona la organización criminal La Mano con Ojos; posteriormente, en 2013, fueron detenidos miembros de la banda de secuestradores Los Camacho, y un año después la policía capitalina desmanteló un narcolaboratorio ubicado en el paraje La Cantimplora, en Santo Tomás Ajusco. A inicios de 2021, Gustavo Zermeño Téllez, el Patas, fue detenido junto con otras 18 personas por el delito de despojo de predios en la zona. Se le acusó también de haber colaborado con Agustín López, Don Agus, presunto líder de los Maceros, un grupo criminal que actúa en el Ajusco y se vincula con narcomenudeo, tala clandestina, extorsión, secuestros y homicidios.
Pero quienes acuden a este lugar para intentar borrar el rastro de sus delitos no siempre son integrantes de grupos criminales. Seis días después de su desaparición, el 9 de noviembre de 2022, el cuerpo de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz fue hallado dentro de una bolsa de basura sobre la carretera México-Cuernavaca, a menos de tres kilómetros del cuartel de Parres El Guarda de la GN. Los presuntos asesinos de la maestra de inglés de 30 años, su pareja Jesús Alexis “N” junto con su madre María Isabel “N”, tuvieron que conducir más de 70 kilómetros desde la colonia Jardines de Morelos de Ecatepec, en el Estado de México, para abandonar su cadáver.
Daniela Ramírez Ortiz trabajaba en una pizzería de la alcaldía Xochimilco. La noche del 18 de mayo de 2019, al salir de trabajar, pidió un taxi para dirigirse al convivio que sus compañeros habían organizado en San Andrés Ahuayucan. De las 12:41 a las 12:55 estuvo en contacto por WhatsApp con uno de sus amigos; le dijo que el taxista quería secuestrarla. “Ya pasamos el Ajusco. Ayúdame, por favor”, urgió la joven de 18 años en su último mensaje. Casi dos meses después, el 9 de julio, fue hallada su osamenta —junto con la ropa que llevaba el día en que desapareció— por peritos de la fiscalía capitalina en un terreno baldío de las afueras de Parres El Guarda.
Varios de los cuerpos encontrados en el Ajusco eran de conductores de aplicaciones de taxis que habían sido reportados como desaparecidos. Entre estos casos figuran Carlos Humberto Peralta Carreón, chofer de inDrive de 31 años que fue visto por última vez saliendo de un gimnasio en Xochimilco el 13 de junio de 2023, y cuyo cadáver fue hallado cuatro días después en un área boscosa de la colonia La Magueyera; Rafael Arreola, conductor de 32 años que el 12 de agosto de 2024 aceptó un traslado desde Perisur a un domicilio en el Camino Viejo a San Andrés, en San Miguel Ajusco, y tras perderse la comunicación, dos días después encontraron su cuerpo en esa misma zona; Mauricio Martínez Gómez, de 51 años, quien salió un viernes 20 de septiembre de 2024 en su Chevrolet Aveo color gris hacia la localidad de San Miguel Chalma, y fue hallado sin vida el domingo en un área boscosa, y Rubén Díaz Valencia, de 62 años, chofer de Uber desaparecido el 24 de enero de 2025, cuyo cuerpo fue encontrado seis días después en Las Cruces, cerca del kilómetro 18 del Circuito Picacho-Ajusco.

Una línea de investigación relacionada con las desapariciones en el Ajusco son las redes de trata de personas, como en el caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros. “A mí me llega un mensaje anónimo desde Messenger diciéndome todo lo que le habían hecho a Monse”, cuenta su madre, Jaqueline Palmeros. “A su hija la violaron cinco cabrones, la matamos y la desmembramos. Váyala a buscar al Ajusco”, decía un primer mensaje. El segundo, que llegó días más tarde desde otra cuenta anónima, afirmaba: “Somos dos sexoservidoras y fuimos reclutadas por un cártel de trata. A nosotras nos dijeron que su hija iba a aparecer en boletines de búsqueda porque ella no había aceptado trabajar con estas personas”.
“Entonces me dijeron que me querían decir más cosas, pero en persona. Y me citan en un restaurante”, narra Jaqueline. Una vez en el lugar, las dos trabajadoras sexuales le explicaron el modus operandi de los criminales, que consiste en reclutar mujeres en situación vulnerable, como madres solteras o hijas de matrimonios disfuncionales. “El mismo hombre que las recluta, primero las intenta conquistar y seducir mientras va estudiando el contexto de las muchachas, hasta que de pronto un día les dice: ‘Te vas a prostituir y de eso me vas a pagar tantos pesos, y si no, voy a matar a tu mamá, a tus hermanitos, a tu hijo’”, explica la fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, y luego se pregunta: “¿Qué esconde el gobierno en el Ajusco que no ha querido entrarle con huevos?”.

Un investigador, que pide el anonimato, plantea que, en el Ajusco, la trata de personas podría estar operando en cachimbas —lugares donde se ofrece alimento y descanso a transportistas y traileros— distribuidas a lo largo de las carreteras que llevan hacia Morelos y el Estado de México. “El problema con estos sitios es que, además de comida, también ofertan sexoservicio que en muchos casos proviene de redes de trata, así como droga o, como le llaman los camioneros, ‘la medicina’”, señala.
De acuerdo con sus indagaciones, las cachimbas podrían funcionar como centros de paso o de retención para mujeres que desaparecen en la zona. “El tema con el Ajusco es que tiene una amplia vinculación con otros estados y un alto nivel de movilidad. Es un sitio de transbordo donde circula mucha gente, lo que facilita dinámicas como el narcomenudeo y la trata”.
Militarización e inseguridad
Para Leticia Martínez de la Rosa, hermana de Joel, el taxista desaparecido en 2024, el Ajusco es “un cerro sin ley, un cerro de muerte”. Una zona de impunidad. “Ya cualquiera puede entrar a la hora que sea y hacer lo que sea y nadie va a decir nada. No hay autoridad. Tanto los de la Guardia Nacional [del cuartel de la Y] como los del retén del Arco [Rojo] nada más están de adorno, porque los carros con cuerpos pasan por sus narices y ellos ni se dan cuenta. No revisan los carros sospechosos”.
Entre 2020 y 2025, se han encontrado por lo menos 50 cuerpos y restos óseos en un radio de 5 kilómetros de los cuarteles. En 2021, Margarita Carmona Sánchez fue hallada, bajo un montículo de aserrín, a 5 kilómetros de la base de la Y. Un año después, Mónica Citlalli Díaz Reséndiz fue encontrada a 2.4 kilómetros del cuartel de Parres El Guarda, y en 2023, Carlos Humberto Peralta Carreón fue localizado a 3 kilómetros de la instalación de Topilejo.
En 2024, los cuerpos de las hermanas venezolanas Susej y Stephanie —víctimas de trata— fueron encontrados a 3.5 kilómetros, también del cuartel de Topilejo, y el conductor de aplicación Rafael Arreola fue hallado a 2.7 kilómetros de la base de la Y.
Los hallazgos continuaron en 2025. Durante una búsqueda organizada por colectivos en marzo, tres osamentas fueron encontradas a 1.3 kilómetros del cuartel de La Placa. En mayo, se localizaron otras siete en un mirador situado a 2.8 kilómetros de la instalación de Topilejo. En esa misma zona, a inicios de diciembre, colectivos encontraron 31 restos óseos pertenecientes, por lo menos, a dos personas.

El problema para el investigador David Barrios es que, en esta zona, los cuarteles se instalaron con el único objetivo de combatir la tala clandestina y la venta de narcóticos. “Lo que está haciendo la Guardia Nacional en el Ajusco”, explica, “es lo que en otros países llaman patrullaje ostensivo. Es decir, un patrullaje en el que solamente van por ahí con sus armas, pero no necesariamente están haciendo operaciones de inteligencia. Ellos no investigan lo que pasa allá arriba; no están disputándose el espacio con el crimen organizado, sino que más bien lo están compartiendo”.
Al académico de la UNAM le preocupa que la creciente militarización del Ajusco traiga aparejadas violaciones a los derechos humanos. “En el Ajusco ya hay indicios de que eso ha pasado con personas a las que se acusó de ser talamontes”, señala Barrios en referencia a dos hombres que fueron detenidos en Huitzilac el 17 de marzo de 2022 por agentes de la GN y de la SSC, y localizados sin vida cuatro días después en un lugar conocido como la Cueva del Diablo.

“No es como que realmente ayuden en algo”, señala un habitante de Santo Tomás Ajusco que pide el anonimato. “De vez en cuando, si ocurre algún accidente en la carretera, llegan; pero cuando pasan otras cosas, como algún delito, la Guardia Nacional no aparece. Definitivamente no hay una percepción de seguridad, hasta se nos olvida que están ahí. Pero con quienes sí nos sentimos inseguros es con los retenes de la policía, como el del Arco [Rojo], porque se la pasan extorsionando a los automovilistas y motociclistas, sobre todo en la noche, cuando no hay tanta gente”.
Áreas sin cobertura ni videovigilancia
En el retén del Arco Rojo, el módulo de la SSC, puede verse a un costado de la caseta móvil de policías una manta con el rostro de Olin Hernando Vargas Ojeda, un joven de 24 años desaparecido el 26 de noviembre de 2024. Tras ser visto por última vez en el paraje Valle del Tezontle, en el Ajusco, sus familiares encontraron al día siguiente su camioneta Suzuki Ertiga chocada sobre la carretera México-Toluca, con sangre en el tablero y un pedazo de su playera. El estudiante de ingeniería de la UNAM fue vecino de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya que sus departamentos colindaban; durante el tiempo que desempeñó el cargo, las desapariciones en el Ajusco aumentaron de 10 casos registrados en 2019, a 16 casos en 2023, según el RNPDNO.
El día en que desapareció, Olin iba a encontrarse con una amiga. Sus padres, tras recibir un mensaje de texto de los secuestradores —que exigían un rescate de 6 millones de pesos—, salieron a buscarlo al punto de la carretera que les indicaron, pero solo encontraron la camioneta.
El caso fue catalogado por la FGJ como “secuestro agravado”; dos hombres han sido detenidos comopresuntos autores materiales, pero aún se desconoce el paradero del joven. En un mensaje de Facebook, su padre, Fernando Vargas, aseguró que el móvil del delito fue un fraude por la venta de un inmueble, y que están involucrados familiares junto con integrantes de la delincuencia organizada.
“Cuando nosotros fuimos a buscar el vehículo de mi hijo había policías, les pedimos apoyo a las 6, 6:30 de la mañana, estuvimos hasta las 11 de la mañana que mi esposo habló al 911, hasta entonces hubo el apoyo. La Guardia Nacional está ahí en la Y, pero no hicieron absolutamente nada”, dice Sandra Ojeda, madre de Olin.

Al presentar la denuncia, desde el Ministerio Público fueron enviados a la FAS, y tuvieron que pasar cuatro meses para que los remitieran a la CBP y se hiciera una primera búsqueda en campo. Este organismo, dice Sandra, “se dedica a buscar restos humanos o a pegar algunos carteles. Toda la publicidad nosotros la hicimos, la hemos financiado y pagado. Las instituciones, pues, nos deben a mi hijo. Y así como a nosotros, se lo deben a tantas madres”.
En febrero de 2025, el gobierno capitalino anunció que, ante el alza de delitos como la desaparición de personas, se reforzaría la vigilancia en la zona, el mismo anuncio que habían hecho once años antes. Posteriormente, en agosto, en las instalaciones del C5 se presentó el programa Ojos de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presumió que “el 2025 es el año con mayor crecimiento en videovigilancia en cualquier capital del continente”, ya que se pasó de tener 15,000 cámaras en 2018 a 83,414 en 2025.
Según información obtenida vía Transparencia, en el polígono del Ajusco definido para este reportaje se han colocado 4,776 cámaras en 1,969 puntos, según datos de mayo de 2025. El problema es que la mayoría de las cámaras están ubicadas en zonas habitacionales, mientras que en las áreas boscosas —donde se han registrado desapariciones y se ha encontrado la mayoría de los cuerpos— prácticamente no existen; la falta de cobertura telefónica y de señal de internet hacen imposible su instalación.
La última cámara del C5 detectada en la carretera Picacho-Ajusco se ubica después del cuartel de la GN de la Y, cuando la vía se convierte en circuito; es necesario recorrer 20 kilómetros, hasta la entrada de Santo Tomás Ajusco, para encontrar otra. Durante el trayecto realizado por este equipo no hubo presencia policial. En ese tramo carente de videovigilancia han desaparecido personas como Luis Óscar Ayala García, Ana Amelí García Gámez y Olin Hernando Vargas Ojeda, y se han localizado los restos de Anahí Michell Pérez Tadeo, Rubén Díaz Valencia, Jael Monserrat Uribe Palmeros, Luis Torales Chávez y Margarita Carmona Sánchez.
El 12 de julio de 2020, el doctor Ignacio Santiago Pérez salió a la hora de la comida de la clínica 22 del IMSS, en la Magdalena Contreras, para dirigirse a su casa, en la colonia Belvedere Ajusco, en Tlalpan. Al revisar las cámaras del C5, las autoridades descubrieron que, sobre la carretera Picacho-Ajusco, unas personas abordaron su camioneta y lo obligaron a desviarse del camino. Pudieron ubicar el celular del médico de 56 años en esa área, pero el siguiente y último punto que marcó fue en Yautepec, Morelos, donde hallaron su vehículo. Ninguna cámara registró cómo llegó a ese estado.

Carolina Espinoza Cano es la esposa de Ignacio. Desde que desapareció busca pistas sobre su paradero. Pistas que se pierden por la negligencia del Estado. “Falta mucha vigilancia, muchas cámaras de seguridad, y que haya una antena repetidora para tener más comunicación”, dice.
El balcón de la ciudad
“Hay cosas que, por lo menos desde que yo tengo memoria, siempre han pasado sin la intervención de las autoridades: secuestros, cobro de piso, linchamientos y ejecuciones”, asegura Rubén Escalante, vecino del Ajusco. “Solo que es hasta ahorita que la gente de fuera se viene a enterar de lo que ocurre. No porque haya más violencia, sino porque ya hay más medios de comunicación volteando a ver para acá. Y creo que en parte es por los colectivos de desaparecidos, que vinieron a reventar la supuesta calma que existía en el Ajusco. Que vinieron a echar luz donde no había”.
“Cuando nosotros llegamos a vivir al Ajusco, no se veía eso de que aventaran cuerpos, todo era bien tranquilo porque no había muchas casas, no había tanta colonia como hay ahora”, recuerda Inés Lázaro, madre de Francisco Sandoval, desaparecido el 26 de abril de 2018 en la colonia Paraje 38, ubicada a un lado de la carretera Picacho-Ajusco, cuando salía de su casa para encontrarse con su esposa y su hijo. “Y todo era, pues, muy bonito. Inclusive cuando mi esposo compró acá me decía: ‘¿Qué crees? Nos vamos al balcón de la ciudad’”. Todavía hoy, desde algunos puntos de la carretera es posible obtener una vista panorámica de la capital ahogada en su propio esmog.
Pero en tiempos de lluvia, en el bosque, las gotas de agua suspendidas en las hojas de los árboles parecen perlas cuando reciben la primera luz del sol, cuenta Inés, al recordar los tiempos en que el Ajusco era lo suficientemente seguro como para ir de día de campo con su familia y desayunar “bistecitos”, junto con “nopalitos” que recogían del campo.
Esos lugares por los que Inés caminó con su hijo Francisco cuando era pequeño son los que hoy escarba con la esperanza de encontrarlo, como un predio ubicado en el Parque Ecológico de la Ciudad de México (detrás del Centro Vocacional La Joya, perteneciente a los Legionarios de Cristo), donde han hallado fragmentos óseos humanos.

Inés se ha dado cuenta de que la gente sube cada vez con mayor desconfianza al Ajusco. En varias ocasiones ha intentado tomar un taxi desde el centro de la ciudad a su casa y, cuando le dice al chofer que va “sobre la Picacho-Ajusco”, la respuesta es: “Discúlpeme, señora, pero yo allá no subo”.
“El Ajusco es una zona muy hermosa, con mucha naturaleza, pero tristemente la gente lo ha convertido en algo muy feo. Tal vez porque son las orillas de la ciudad y no hay vigilancia, y a la gente mala se le hace tan fácil venir y aventar gente sobre la carretera”, añade Inés. “De ese tiempo en que los niños salían libremente a jugar ya no queda nada”.
Cuando Rubén Escalante, hoy abogado, cursaba la secundaria hace unos trece años, aún podía jugar en los bosques del Ajusco. Por aquel entonces, recuerda que uno de sus compañeros de clase tuvo que meterse a trabajar picando piedra ilegalmente en las canteras de la zona. Años después, se enteró de que se dedicaba a la tala clandestina, y supo también que, cuando los trasladaban al área de trabajo, les vendaban los ojos para que no pudieran reconocer el camino. “Y así pasó con varios compañeros de mi generación. Ya luego algunos acabaron en la cárcel y otros están muertos… a mí me tocó ver todo esto de cerca”, cuenta el hombre de 27 años.
“Yo creo que es porque, a pesar de estar en la Ciudad de México, estamos muy aislados. Acá arriba no hay lugares donde estudiar ni en qué trabajar. La única fuente de empleo es el narco y la tala”, lamenta Rubén, y resume: “En el Ajusco, la gente vive en un fuego cruzado perpetuo”. Porque mientras este reportaje se escribía, más personas desaparecieron, y después de que se publique, probablemente otras desaparecerán, y más cuerpos serán descubiertos en sus bosques.
Muchas madres buscadoras reiteraron durante el reportaje que saben dónde desaparecieron sus hijos, pero no dónde los van a encontrar. Por eso insisten en que es necesario escarbar dentro del bosque para revelar qué esconde. A su búsqueda incesante se deben los pocos indicios que permiten ir esclareciendo este enigma llamado Ajusco.
**Foto de portada: Durante la Quinta Brigada Regional de Búsqueda, cuatro grupos peinaron un área boscosa del Ajusco del 28 de abril al 2 de mayo de 2025. Hallaron seis restos óseos humanos. (Emiliano Molina/ObturadorMX)
**Gráficos: Alejandra Saavedra López
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).