Por Marcela Turati

–¿Cuál es su función específica dentro del grupo delictivo?

–Mi función específica dentro de la organización es hacer el trabajo del pozole, que consiste en que los miembros de las diferentes células de la organización me llevan cadáveres para que sean disueltos en una solución que se prepara a base de sosa cáustica y agua.

Es la declaración de Santiago Meza López, hombre casado, de 45 años, padre de familia, albañil retirado, originario de Sinaloa –cuna del cártel del mismo nombre- y con domicilio en Baja California, donde trabajaba para Teodoro García Pimentel, alias El Teo, capo del cártel que dominaba la ciudad fronteriza de Tijuana.

“Aprendí a hacer pozole con una pierna de res la cual puse en una cubeta y le eché un líquido y se deshizo; los cuerpos que me daban para pozolear me los daban ya muertos, y los metía completos a los tambos y le vaciaba 40 ó 50 kilos de polvo que compraba en una ferretería a 35 pesos el kilo”, continuó el hombre cuyo apodo criminal es “El Pozolero”, en alusión a quienes se dedican a preparar el caldo mexicano con carne y granos de maíz llamado pozole. Dentro del cártel se dedicaba a disolver cadáveres de enemigos con sosa cáustica. Así deshizo los cuerpos de300 personas.

Su oficio de desaparecedor de personas -a veces recibidas de manos de policías al servicio del cártel- muestra lo que la filósofa alemana Hannah Arendt bautizó como la banalidad del mal en relación con los nazis y el trabajo burocratizado de la muerte en los campos de concentración: cuando matar no es un asunto de psicópatas solitarios sino que se vuelve un empleo burocrático en cadena, donde cada miembro tiene una función. Como si se tratara de una maquiladora.

La noticia acerca del pozolero, difícil de digerir para los mexicanos, devastó a las familias con parientes desaparecidos en Tijuana quienes, cuando pudieron asimilarla y levantarse de la cama, dedicaron sus fuerzas a localizar las fincas donde este hombre trabajó. Buscaban lo que hubiera quedado de sus familiares.

La presentación a la prensa de Meza López, en 2009, y la evidencia de cómo se fue tecnificando para eficientizar la desaparición de cuerpos, fue uno de los golpes de horror más difíciles de asimilar al inicio del sexenio de la llamada “Guerra contra las Drogas”.

“El Pozolero” revelaba también que la consigna entre grupos armados ya no es sólo matar sino borrar hasta el último átomo del supuesto adversario. Que no quede nada.

En diciembre de 2011 supe el significado de esas palabras cuando el señor Fernando Ocegueda -un padre que buscando a su hijo adolescente desaparecido fundó una organización y encontró la finca donde Meza había operado- me mostró una imagen de sus hallazgos. Era una taza de café en cuyo fondo se apreciaban fragmentos de algo del tamaño de unos dientes, o lo que queda después de cortarse las uñas. No eran pedazos siquiera. Eran ¿partículas?

Esa y otras noches tuve insomnio con pesadillas despierta. Descubrí después que Meza López no era único en su tipo y que cada célula de cada cártel tiene su propio “cocinero” con su propia “receta”: que el método de calcinación, disolución, incineración o cocción varía por región, se perfecciona con distintos químicos, se sigue extendiendo. Y que siempre, dentro de la trama de muerte, aparece algún policía o político.

En estos 12 años de estrategia militarizada lanzada por el presidente Felipe Calderón, y continuada por Enrique Peña Nieto, con frecuencia pasé temporadas de noches en vela hasta digerir -u olvidar- las noticias más inimaginables. Por horribles. Empezando por lo masivo de la cifra de personas desaparecidas: 37 mil 435 desde diciembre de 2006. Este año se sumaron a la lista mil 634 denuncias.

Antes de eso yo me consideraba una reportera normal que cubría manifestaciones callejeras, casos de desnutrición o desastres naturales, pero estos dos sexenios que dedicada a cubrir derechos humanos y víctimas de la violencia, me convertí en algo así como una reportera del horror. Muchas veces reportera de fosas.

Me tocó ver la transformación de familias con parientes desaparecidos que ya habían topado con los laberintos sin salida de la burocracia y presentado denuncias inútiles en procuradurías inútiles, que habían recorrido morgues, hospitales, cárceles y buscado a sus seres queridos en terrenos baldíos o a través de videntes; personas que, desesperadas, comenzaron a capacitarse, primero como abogadas, después como hacedoras de leyes y de políticas públicas, que se convirtieron en defensoras de derechos humanos y más tarde ya eran expertas forenses que rascan con sus uñas los cerros buscando cuerpos. Y siempre encuentran.

Este no tiene nada que ver con México folclórico donde hacemos fiesta para celebrar el Día de Muertos, e invitamos a comer y a beber a los difuntos que llegan esa noche a visitarnos. Estas muertes sin muerto, donde no hay cuerpo, donde siempre queda la tortura de la duda de si el ausente está vivo y sufriendo, nunca podrán ser celebradas. Ni siquiera asimiladas.

Los hallazgos de entierros ilegales son tantos que ya dejaron de ser noticia. En 2013 la UNAM tuvo que inaugurar la carrera de Ciencias Forenses para responder a la epidemia. La saturación de trabajo de equipos antropológicos forenses, como el peruano, argentino o guatemalteco, ha dado paso a la creación de decenas de grupos vernáculos.

En 2016 presencié un congreso que podría catalogarse de surrealista si no ocurriera en México. Los ponentes eran representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas llegadas de distintos puntos de la geografía del dolor que mostraban sus técnicas en la búsqueda de cuerpos: unos usaban drones para rastrear sobre territorios prohibidos, otros se especializaron en entrevistas de campo con cuidadores de chivas, otros habían innovado en las herramientas para agujerar la tierra y desarrollado el olfato y la vista para encontrar cuerpos ocultos bajo tierra. No por nada se bautizaron con nombres como “Rastreadoras”, “Sabuesos” o “Cascabeles”. Llevaban todo un instrumental ad hoc para hurgar bajo la tierra. El encuentro tuvo una fase práctica en el costeño estado de Veracruz, donde los asistentes tenían que demostrar lo aprendido. Esa semana –por supuesto, y por desgracia- encontraron cuerpos.

La aparición pública de El Pozolero en 2009 dio a las autoridades la coartada perfecta para cerrar las nunca investigadas denuncias sobre desapariciones. La Procuraduría General de la República le informó a los familiares buscadoras de Tijuana que el efecto de la sosa cáustica arrasó con la información genética contenida en los fragmentos hallados en los lugares de trabajo de Meza López. Tardó cinco años en informárselos.

Ese 2014 una funcionaria trazó ante mí un mapa en una servilleta y me contó lo que consideraba un secreto de estado: en 12 estados del país no encontraremos desaparecido -hizo una pausa-: ya fueron calcinados o sometidos al ácido.

Pero esta teoría tiene sus fisuras.

El gobierno quiso usar esa macabra explicación para cerrar el caso de la desaparición, en 2014, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y mostró un hueso calcinado, supuestamente hallado a la vera de un río, el cual habría sido quemado dentro de un basurero donde supuestamente todos los jóvenes habían sido quemados.

Poco a poco se descubrió que esa “verdad” confesada por los supuestos asesinos había sido obtenida bajo tortura. Que la pira fúnebre en la que los habrían quemado era un fuego de proporciones imposibles de manejar al aire libre y que la maleza aledaña denunciaba la mentira. También que el hueso de la evidencia había sido sembrado por funcionarios de gobierno.

Sin embargo, en México, la moda sigue siendo que las desapariciones de casos que se convierten virales en redes se resuelven con confesiones de sicarios que dicen que confundieron a sus víctimas con sus enemigos, que recibieron la orden de desaparecer los cuerpos y tenían el material (toneladas de madera, bodegas con llantas o galones de flamables) listo para hacerlo. Los expedientes parecen calcados de un mismo guión.

En otros casos como el descubrimiento en el norteño estado de Coahuila de que una cárcel era utilizada por los presos para desaparecer a enemigos en tambos con ácidos a escalas industriales, o la incineración de 300 pobladores de una región como venganza por una traición –masacres de las que los medios no se enteraron por el control del crimen sobre la población-, el gobierno culpa siempre a los Zetas. Pero la narrativa minimiza siempre que ese cártel era protegido por el gobernador y sus funcionarios, como ha quedado evidenciado en los juicios que se sigue a miembros de ese grupo en las Cortes de Texas.

El más reciente episodio de esta trama de terror fue la desaparición, en marzo, de tres estudiantes de cine de Guadalajara (Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz).

Según el gobierno fueron disueltos en ácido. La evidencia fueron las confesiones de los jóvenes presentados como asesinos, sin pruebas genéticas que probaran su dicho. Las autoridades explicaron que los futuros cineastas cometieron el error de grabar un video en una casa que había sido propiedad de un rival del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes estaban atentos al regreso del rival a esa vivienda para castigarlos.

Como siempre, la explicación oficial se resume en que los estudiantes estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado, como si la tragedia fuera producto de su maldita suerte, como si el estado no tuviera responsabilidad alguna. En esa lógica, en un país donde El Pozolero hizo escuela, y en colusión con funcionarios de gobierno, cualquier lugar es el lugar equivocado.