Por Carolina Robledo Silvestre / Catedrática Conacyt / CIESAS – GIASF*

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en múltiples ocasiones que la desaparición de personas en México es un problema prioritario para su gobierno. Según su dicho, de los 71 temas que considera importante resolver, este fenómeno ocupa el primer lugar en la agenda oficial. Su discurso ha sido ratificado por los representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ante las instancias del sistema internacional de DDHH.

En la audiencia más reciente llevada a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones forzadas y el sistema extraordinario de identificación forense, los funcionarios han sido enfáticos en reconocer el problema – dejando claro que es una herencia del gobierno anterior – y han manifestado la voluntad de resolverlo atendiendo a las demandas de verdad y justicia de las familias.

Sin embargo, en las instancias burocráticas otro parece ser el faro que guía la barca. Los abogados del caso Anaya – Reyes, por ejemplo, se han visto enfrentados una y otra vez a los obstáculos que pone el Gobierno Federal para hacer efectiva la búsqueda de los luchadores sociales Edmundo Reyes y Alberto Cruz, cuya desaparición ocurrida el 25 de mayo de 2007 se adjudica al Ejército Mexicano.

El pasado 8 de mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emitió una sentencia en la que obliga a la Fiscalía General de la República a crear una comisión de búsqueda para dar con el paradero de los luchadores, llevando a cabo todas las diligencias necesarias para lograr su localización, lo que incluye la apertura de los cuarteles militares y la declaración del personal castrense. En respuesta, la FGR y la Secretaría de Defensa de la cuarta transformación han presentado un recurso legal para invalidar la sentencia, imponiendo un obstáculo más a los familiares que llevan esperando años que el gobierno cumpla su trabajo.

Esta reticencia estatal para procurar las condiciones de verdad y justicia no es nueva. Todo juicio de amparo por desaparición forzada en México se encuentra con la negación sistemática de las autoridades responsables de llevar a cabo las diligencias que garanticen los derechos de las víctimas. Los pocos casos de desaparición que son acompañados por defensores especialistas deben sortear estos obstáculos como parte de su rutina.  

Esta situación no viene sola. Las comisiones estatales de búsqueda débilmente constituidas, enfrentan una encrucijada difícil de sortear para poder llevar a cabo su mandato de búsqueda efectiva. A pesar de que la Ley Nacional de Desapariciones Forzadas y por Particulares intenta implementar un modelo de búsqueda humanitaria, en la que se flexibilicen las diligencias para lograr celeridad, las fiscalías siguen teniendo el dominio sobre las actuaciones en campo, obstaculizando la búsqueda efectiva, principal propósito de las comisiones.

Pero el caso de la desaparición no es el único que presenta la evidencia de un discurso incongruente con la realidad. En el campo de las migraciones ocurre lo mismo. Mientras el Presidente mexicano ratifica un mensaje de amor y paz en la frontera norte, invitando a estrechar manos, en la frontera sur refuerza una política de enemistad al fortalecer la respuesta militar y la contención represiva. El envío de más de 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur y la criminalización de los defensores de migrantes no coincide con el propósito de respetar los derechos humanos de la población migrante y de quienes los defienden.

Garantizar los derechos humanos es mucho más que enviar a un grupo de representantes del Gobierno a las instancias internacionales a decir que todo va a cambiar porque cambió el gobierno. Una política interesada en la defensa de los derechos de todas y todos debería plantearse un giro en el proyecto nacional -incluyendo el modelo económico- hacia la defensa de la vida por encima del mercado y de la racionalidad militar, y esto es algo que aún no se alcanza a ver en la política real de los primeros meses de este gobierno.

El envío de tropas a la frontera y su despliegue por territorio mexicano, podrían terminar por configurar las condiciones para que otro evento de violencia extrema tenga lugar. Entonces el gobierno de la cuarta transformación marcará su paso por la historia nacional con su propio Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, y ya no será posible seguir diciendo que se trata de una herencia de sus antecesores.

El gesto de ceder a las presiones del capital, expresadas en amenazas arancelarias, y de reproducir la lógica militarista para detener las migraciones, demuestra cómo la racionalidad del mercado se impone sobre la humanitaria en un gobierno que aunque pretenda autoafirmarse como pos-neoliberal reproduce las prácticas del sistema. No se equivocaba el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández, cuando decía hace un par de semanas que esta violencia militar no es un error del sistema, sino que es consustancial a él, permite que se reproduzca. Los ejércitos preparados para lo que sea son el “mal necesario” que sostiene el sistema económico fundamento del proyecto nacional.  

Estamos entonces frente a un discurso de amor que ofrece la mano al mercado mientras contiene con fusiles y recursos legales al pueblo. Habrá que cultivar el pensamiento crítico por estos días y recordar las lecciones históricas para entender los límites de la retórica política.

Foto de portada: Erika Lozano

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)