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El peritaje sobre Lesvy Berlín: Una mirada violeta

Por Erika Liliana López López / GIASF*

Quiero compartir algunas reflexiones que hilvané desde una mirada feminista en torno los espacios judiciales, a partir de mi experiencia como perita en la audiencia oral en el marco del juicio del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cometido el 3 de mayo de 2017, donde se halló culpable a su expareja Jorge Luis González. 

El caso fue particularmente relevante porque ocurrió en la UNAM y en Ciudad Universitaria Patrimonio de la Humanidad. Quisiera destacar los usos y las prácticas profundamente violentas sobre los que se basa la cotidianidad del ejercicio judicial, donde se reproducen valores del orden de género en muchos momentos. He querido hacerlo en un formato que se enuncie y conserve mi propia voz, por eso tiene un estilo anfibio de crónica-ensayo.

I

No es que ignorara que el derecho es violento. No. De hecho, es una de las ideas que más claras quedan cuando nos iniciamos en el estudio del derecho, en los primeros meses de la licenciatura. “El derecho (estatal) es el monopolio de la violencia”, es el “uso legítimo de la fuerza”, leímos y repetimos hasta la saciedad. Pero todas esas palabras –dado mi falta de contacto con el litigio, fuera como abogada o como clienta– me sonaron ajenas, o por lo menos externas, hasta que la fecha de la audiencia comenzó a acercarse. Lo tenía anotado en mi agenda, jueves 19 de septiembre de 2019. Aunque había redactado y entregado el peritaje veintiún meses antes, el “aroma judicial” comenzó a hacerse tangible cuando Sayuri, una de las asesoras jurídicas de la víctima, me citó para preparar la defensa oral de mi peritaje.

La cita para la preparación fue en el reclusorio oriente (donde también tendría lugar la audiencia posterior) en una sala acondicionada para esto efectos. Ahí se encontraban dos ministerios públicos ligados al caso que también habían citado a los peritos que ellos habían ofrecido. Ana Yeli, la otra abogada asesora jurídica de la víctima, y yo, preparamos por casi cinco horas las preguntas que me formularían, descartando el propósito de cada una, haciendo breves y reiterados ensayos de mis respuestas. En algún momento, el Ministerio Público que había escuchado por varias horas el ejercicio, pide permiso para intervenir y nos hace algunos comentarios. “Reconozco toda su experticia. Se ve que conoce usted muy bien su materia… Yo leí su peritaje… Es, como decimos, un peritaje dogmático”. 

Por supuesto, conteniendo el infarto que implicaba tal descripción de mi trabajo, le pregunté con toda la tranquilidad de la que fui capaz “¿qué quiere decir con dogmático?” Él refirió que hablaba de muchas cosas, de muchos conceptos, pero se enfocaba poco en el caso específico. Ana Yeli y yo nos miramos con una mezcla de impotencia y reprobación, pero sabiendo que era un comentario que podría sernos de utilidad.

Las palabras del fiscal, me hicieron comprender los dos mayores retos que tenía justamente la defensa oral de un peritaje como éste: el dominio del giro forense, por un lado, y por el otro, la incomprensión absoluta de la perspectiva de género y de la noción principal que articuló el peritaje, la violencia de género. Nos dedicamos a reconfigurar la secuencia de preguntas, descartando unas, y haciendo otras. Casi para irme, y con un ánimo que interpreté como de apoyo (después de todo, él, como representante de la sociedad ofendida, y yo como perita ofrecida por la asesoría de la víctima, estábamos del mismo lado) me pidió hacer un breve ejercicio. 

En un simulacro de lo que sería el interrogatorio, puso seriedad remarcada en su rostro, instaló un gesto adusto, como si estuviera a punto de regañarme. Su mirada ante mis respuestas era una mirada de reprobación implícita. Yo la percibía como si en mis contestaciones estuviera profiriendo una serie de incoherencias incomprensibles o, de plano, necedades. Al concluir me quedó una sensación de tensión en el cuerpo, de inquietud y de duda instalada sobre si lo que dije era correcto, o suficiente. 

Comprendí que ese ese ejercicio me había revelado otro aspecto más: al uso de la violencia representada en la sanción corporal (la privación de la libertad) que se ejercía sobre el imputado, se sumaban otros tipos de violencias, “pequeñas”, implícitas, también normalizadas, ejercidas sobre las otras personas intervinientes en los procesos legales, en los peritos como yo: microviolencias en el ejercicio judicial.

La defensa exitosa de una pericial estaba sostenida no solamente sobre el dominio de mis conocimientos y mi capacidad explicativa. También dependía de mi habilidad para fracturar las preconcepciones que calificaban unas disciplinas como “científicas” (las de las ciencias forenses) y otras como “paja o relleno” (la sociología, antropología, arquitectura, trabajo social, etcétera); y en otro aspecto que implicaba un tercer reto y que exigía mi atención de un modo diferente. Debía sobreponerme a la descalificación, al modo agresivo de preguntar, a la intimidación en la mirada, a la descalificación ínsita en las preguntas y en la urgencia de respuestas rápidas, cortas. 

En suma, la defensa requería también mi enfrentamiento airoso al ejercicio de la violencia en el set judicial. 

Días más tarde, clara de los retos que advertí y en un intento de abonar en mi favor, desde todos los recursos posibles, me sorprendí atendiendo eso que Bourdieu describió tan agudamente como la importancia de la forma

Medité cada detalle de cómo sería mi apariencia ese día: el color y forma de la ropa (blusa blanca, saco y pantalones negros para “infundir autoridad”; no escote; zapatos con tacón bajito; aretes pequeños; pelo suelto y lacio; maquillaje sobrio). No solo lo que dijera era importante. Tenía que infundir autoridad desde el silencio, desde la presencia misma. Necesitaba verme seria y formal, pero sin elementos visuales que distrajeran a los escuchas de mi dicho. No solo era cuestión de ser perita, también tenía que parecerlo. 

Arreglarme de manera tan consciente me hizo preguntarme hasta qué punto tener que hacer todos esos cálculos en mi atavío era un aspecto atravesado por el género. ¿Los varones tendrían que pensar tanto, no solo en preparar la audiencia sino en cómo reflejar su capacidad? ¿Elegirían una prenda frente a otra para no dar un “mensaje equivocado” de falta de seriedad al tribunal y al público? Sospeché que no.

Tapete en memoria de víctimas de feminicidio realizado durante la Marcha del silencio en septiembre de 2019 en la Ciudad de México. Foto: Erika Lozano

II

Llegó el día de la audiencia. La cita era a las 11 de la mañana (pues iba a realizarse el simulacro sísmico conmemorativo por los dos 19 de septiembre, el del 85 y el del 2017). Para entrar, tras identificarse y señalar en qué calidad se ingresaba al edificio, había que dejar las pertenencias en un estante metálico dispuesto para ello. Antes de hacerlo guardé en mis bolsillos lo más elemental: celular, un poco de dinero, un bolígrafo y la impresión de mi peritaje para repasarlo en la espera. 

Una vez dentro, a mí y al resto de los peritos nos hicieron esperar en unas butacas colocadas frente al sitio donde se desarrollaba la audiencia cuyo inicio lo marcaba un muro de cristal opaco que impedía la visión de lo que ocurría en el interior y que tenía arriba la leyenda de señalización “Sala de juicios orales no. 1”. 

A medida que peritas y peritos íbamos llegando, una chica y un chico prestadores de servicio social y una funcionaria del mismo tribunal nos tomaban los datos. Pedían que nos sentáramos dejando una butaca vacía entre uno y otra para impedir que estuviéramos cerca y conversáramos. Debíamos esperar en ese sitio de las butacas hasta que nos llamaran para el desahogo oral de nuestra pericial. Y había que hacerlo en silencio. Conversar con los otros peritos o testigos estaba prohibido. Una vez que habíamos sido interrogados podíamos elegir quedarnos como público a presenciar el resto de la audiencia. Esas medidas tenían el propósito de evitar “viciar el proceso”, nos explicaron. 

Nuestra movilidad estaba también restringida. Las visitas al sanitario, eran acompañadas por uno de los chicos del servicio social que esperaba a que salieras y te custodiaba de regreso hasta las butacas de espera. 

Las horas transcurrían, mientras algunos testigos y uno de los peritos, entraban a ser interrogados. Un descanso. Una petición para que el público asistente abandonara la sala. Debido a lo delicado de la información, esa parte de audiencia se había hecho privada. El regreso de los asistentes. 

Finalmente, sin mediar explicación, a las 16:00 hrs., los jueces decidieron que la audiencia se suspendía para el día siguiente. La estampa, la puerta opaca, el aislamiento de los testigos y peritos, la suspensión de la audiencia hasta la jornada siguiente, me pareció muy representativa de los rasgos del derecho: la justicia no es cercana ni accesible (y por eso es menos justicia), ni siquiera para quienes hemos sido invitados a participar en el apoyo de sus procesos, ha de tener siempre múltiples mediaciones. La jerarquía ordena todos los procesos jurídicos y eso aplica no solo para las normas y su validez, sino para el desempeño de unos jueces que disponen del tiempo, de la vida de otras personas (lo mismo para continuar el proceso, que para dar el fallo), sin sentirse obligados a dar explicaciones a nadie y de ningún tipo.

El ritual se repitió al día siguiente. Llegar. Sentarse sin hablar (hay que mencionar que la prohibición se flexibilizó un poco en este segundo día). Luego nos fueron llamando una a uno, a los peritos. La mayoría decidía quedarse como público pasado su interrogatorio. 

Llegó mi turno, me llamaron para ingresar. Como ha ocurrido a lo largo del juicio debido a la importancia que ha revestido el caso, y a la estrategia de medios que ha acompañado atinadamente la defensa legal del mismo, la sala estaba llena: público, medios, el grupo de acompañamiento político que ha acuerpado en este tiempo al caso. Por una coincidencia extraña, que no es coincidencia y que tampoco ya me extraña, la mayoría son mujeres.

Entrando, del lado derecho estaban Araceli y Lesvy, madre y padre de Lesvy Berlín, y las asesoras jurídicas. Del lado izquierdo, y mucho más próximos al sitio donde se sientan los interrogados, estaban los abogados del imputado, cuatro hombres y una mujer al centro, junto a Jorge Luis, el imputado mismo, que debía estar presente en todas las audiencias. 

Me senté en el escritorio con un micrófono, sitio dispuesto para desahogar el interrogatorio. Al fondo de la sala, de frente si se les veía desde la entrada, sentados en un presídium que se encontraban elevado estaban los tres jueces. La disposición del espacio no es para nada azarosa. Refrenda la jerarquía y el poder que los jueces encarnan, su ubicación es la reiteración tangible de ese aspecto: ellos están por encima del resto jurídica, simbólica y también materialmente.

El interrogatorio comenzó con las preguntas de las asesoras de la víctima.  La defensa del imputado objetaba de forma reiterada las preguntas de Sayuri acusándolas de ser “conclusivas”, “ambiguas” o “reiterativas”. Nuevamente la importancia de la forma, de la corrección y la precisión pretendida. La misma precisión que el derecho busca mucho y encuentra poco, como en el inicio de este caso que fue procesado como suicidio. 

Cuando hilvanaba mis respuestas, la defensa del imputado interrumpía sistemáticamente. Una vez sí y otra también, pedía que acortara mis intervenciones, que no me extendiera; objetaba mi intervención pidiendo que me ciñera “a lo hechos”. Interrumpir era una estrategia sucia que atacaba al mensajero porque no podía atacar el mensaje. Pretendía desconcentrarme y evitar que fluyera mi argumentación. Mientras ella interrumpía –porque de entre los cuatro integrantes de la defensa, se eligió a la mujer para que fuera ella quien objetara–, yo intentaba conservar el hilo argumental dirigiéndome a mi objetivo: los jueces. 

Sentado en medio de los tres, el juez presidente otorgaba la palabra y daba lugar a las posibles objeciones. Él y el juez sentado a mi inmediata izquierda, hacían contacto visual ante mi exposición. Mientras tanto, el juez del lado derecho, el menos cercano a mí, no me miró ni un solo instante. Su mirada estaba colocada en un punto aparentemente lejano frente a sí, y tenía la actitud indiferente de quien sentado oye llover. Ignoro si su propósito era otro, pero su comportamiento no verbal comunicaba una sordera desdeñosa: ni te veo ni te oigo. 

El juez presidente no aceptó casi ninguna de las objeciones de la defensa. En una ocasión en la que ella demandaba que me ciñera al caso y al momento de los hechos, la respuesta del mismo fue: “precisamente, la perito está explicando el contexto del caso. Continúe perito por favor”. Mientras reanudaba la explicación, pensé para mis adentros que había logrado transmitir con éxito lo que significaba la violencia de género. Al menos para el juez presidente.

La escena del interrogatorio, vista otra vez desde los lentes feministas, resulta elocuente. El hecho de que, dentro del equipo de defensa del acusado, compuesto mayoritariamente por varones, hayan elegido a la abogada para que formulara las objeciones, no era un detalle inocuo. Hacía parte de la estrategia. Dos mujeres (Sayuri y Ana Yeli, las asesoras jurídicas) defendiendo a una mujer asesinada (Lesvy), con una lucha impulsada por otra mujer (Araceli, la madre), con un equipo de peritos en su mayoría mujeres, tenía que ser interrogado por otra mujer. Dado que “para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo”, era necesario mostrarles a los jueces que no todas estábamos del mismo lado. Que también había una mujer dispuesta a defender la inocencia del que a la postre, resultó ser el feminicida. 

Al orden patriarcal le ha venido bien históricamente que compitamos entre nosotras porque nuestra división permite su fuerza. La potencia de la unión la conoce bien por el pacto patriarcal que los varones refrendan en los hechos, aunque no lo nombren en conciencia y por su término. Además, como en lo deportes, las mejores disputas han de ser entre iguales. Y es muy sabido que, aunque el Derecho y los derechos digan lo contrario, hombres y mujeres, no somos iguales.

Aunque entre los asistentes la mayoría éramos mujeres, el poder de decisión estaba en ese trío de varones: los jueces. Como ocurre en el resto de los espacios sociales, la pirámide de ingreso y de poder de decisión, se masculiniza a medida que se sube en ella.

Pero hay una cosa más. En la preparación, sobre todo después del interrogatorio simulado que me hizo el Ministerio Público, esa violencia que advertí no solo estuvo en ese momento, no solo era esperable que apareciera en la audiencia. Se me instaló muy dentro. La sentí en la preparación de la defensa, en los días previos, como sombra. Una presencia que no era permanente pero que tampoco se iba. Había activado en mí el síndrome del impostor (esa sensación de no percibirse como capaz, que los logros se deben a la suerte y no a méritos personales reales). 

Es algo que no sólo me ocurre a mí. Les ocurre a otras personas, mayormente a mujeres. Sentí la ansiedad y el nervio que también le he observado muchas veces a mis compañeras indígenas para hablar en la asamblea; a mis estudiantes defendiendo su postura en clase; a mis colegas académicas antes de hacer una presentación pública. Y es que el espacio jurídico, particularmente el judicial, en tanto espacio público, es un espacio “natural” de los varones. Nos excluye desde muchas reglas implícitas y desde las circunstancias explícitas (como la composición del jurado). El mensaje parece ser que nuestro espacio reservado sigue siendo el privado. Es ahí donde más cómodas nos sentimos. Porque es el que hemos ocupado por mucho tiempo. Entrar en el otro espacio, el público, el de ellos, nos hace parecer permanentemente como “impostoras”. 

Es urgente eliminar el sexismo no solo para que la violencia no sea normalizada en las relaciones sociales fuera de la arena judicial, no solo para que la violencia de género tenga justicia en la arena del derecho, sino también para desnormalizarla dentro. Es urgente. 

Por las que estamos vivas. Y también por aquellas a quienes la vida les fue segada.


Foto de portada: Erika Lozano

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

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