Por Carolina Robledo Silvestre / CIESAS – GIASF*
Bordado de portada: Facebook ¿Dónde está Mayela Álvarez?
Cuando Mayela Álvarez desapareció tenía un empleo por honorarios en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Noreste, en Monterrey, entidad paraestatal de la Administración Pública Federal dedicada a la investigación científica. Aunque su actividad como secretaria técnica del Posgrado en Antropología Social es sustancial para la institución, su contrato por honorarios implica un tipo de precariedad laboral bastante extendida entre quienes emplea la administración pública de este país.
El “precariado” no es una realidad exclusiva de México. Se trata de una nueva clase social global a la que se le han negado los derechos políticos, civiles, sociales y económicos que gozaban generaciones anteriores. Tampoco es un producto exclusivo del capital privado. En México no somos pocas quienes trabajamos para el Estado en condiciones de outsorcing, subcontratación y contratos temporales.
En las últimas décadas el número de empleos precarios ha aumentado considerablemente en México. Las empresas y el Estado han aprovechado las circunstancias para empobrecer las condiciones laborales de los empleados, obligándoles a aceptar un menoscabo en sus prestaciones y una depreciación en sus salarios a fin de conservar el trabajo.
Si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber advertido esta realidad y prometió regularla, para Mayela su promesa no logró cumplirse a tiempo. Su contrato por honorarios terminará en diciembre de este año y con ello cesarán los frágiles derechos laborales con los que cuenta. Esperamos que aparezca con vida antes de que esto suceda.
Cuando una persona desaparece, los daños causados a su familia y a su entorno son inconmensurables y generalmente se heredan a las generaciones posteriores, incluso a aquellas que no han nacido. La desaparición de una persona no sólo produce una herida emocional y existencial profunda, sino que en la mayoría de los casos afecta las condiciones más fundamentales de subsistencia y protección de la vida de quienes le sobreviven.
Si la persona desaparecida es madre o padre, los menores quedan en un estado de desprotección significativo. Es común que estos niños y adolescentes tengan que vivir en contextos de alta criminalidad, pocas oportunidades de empleo, bajos niveles de salud y regímenes económicos ilegales que, en definitiva, marcan su futuro. Las estrategias más comunes para hacer frente a esta realidad se establecen entre las comunidades y las propias familias que se hacen cargo de la crianza y el cuidado de los menores.
Por eso, es común encontrarnos entre quienes protestan y buscan a sus seres queridos, abuelas y abuelos que cuidan a sus nietos, madres que buscan a sus esposos con sus hijos a cuestas al mismo tiempo que se hacen cargo de deudas, hipotecas y trámites administrativos heredados por quienes ya no están. Los costos de la búsqueda son enormes y poco se habla de ello. Las familias invierten su dinero, su tiempo, su salud y su vida en este proceso, y muchas lo hacen en condiciones económicas de precariedad, lo cual hace más pesada la carga.
Anticipando los agravios sociales y económicos que se desprenden de una desaparición, se ha legislado a nivel federal y estatal la declaración de ausencia de las personas desaparecidas, para ofrecer la protección más amplia de los derechos del ausente y sus familiares. La ley de declaración de ausencia ampara la personalidad jurídica de la persona desaparecida, la conservación de su patria potestad y protección de los derechos y bienes de los hijos menores de 18 años, protege su patrimonio, permite que los beneficiarios del régimen de seguridad social derivado de la relación de trabajo continúen gozando de sus beneficios, suspende provisionalmente actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida, entre otros.
Estas leyes están hechas para aliviar en algo los daños sufridos por las familias de las personas desaparecidas y reducir los costos de la búsqueda. Sin embargo, cuando la persona desaparecida no goza de un contrato de trabajo estable y se encuentra bajo regímenes de subcontratación o empleo temporal, el goce de los derechos por parte de las familias en búsqueda está seriamente restringido.
El caso de Mayela no es el único. En este país han desaparecido miles de empleados públicos en condiciones de precariedad laboral y sus familias no han podido acceder al goce de los derechos económicos y sociales que establece la ley.
Por suerte para Mayela, en CIESAS existe una comunidad de compañeras y compañeros que se preocupa por su desaparición y ha activado estrategias colectivas de recaudación de fondos y apoyo a las labores de búsqueda e investigación. Aunque su contrato termine en diciembre de este año Mayela y su familia seguirán siendo parte de nuestra colectividad.
Mientras logramos que Mayela regrese, será importante seguir luchando en contra de la desaparición forzada y a favor de los derechos laborales para todas y todos.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
