Por Alejandro Arteaga Saucedo / GIASF*
Foto de portada: Miriam Pascual Jiménez
A principios del mes de octubre de 2020, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda presentaron un avance sobre la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México. El ir y venir de cifras volvió a desfilar en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión presentaron el nuevo récord de cifras: desde el 2006, y hasta 30 de septiembre del presente, se han localizado 4 mil 092 fosas clandestinas de las que se exhumaron 6 mil 900 de los cuerpos de las más de 77 mil personas reportadas como desaparecidas en nuestro país.
Estas cifras pueden tener múltiples significados, según el ánimo y la perspectiva desde los cuales se analicen. Incluso, puede ser que a algunos no provoquen reacción alguna. Personalmente, me llevaron a preguntarme: ¿qué se está haciendo desde la antropología al respecto? Hablar de fosas clandestinas, involucra, por lo menos, dos especialidades de la antropología: la antropología física y la arqueología. La primera, ayuda en la localización, registro y recuperación de las personas que ilegalmente fueron enterradas o abandonadas en superficie en parajes aislados. Mientras que la segunda, participa del proceso de identificación de los cuerpos recuperados. Ambas tareas son de suma importancia para reconstruir la verdad y dar certidumbre a las familias que buscan a sus seres queridos.
Por increíble que parezca, la antropología forense existe en México desde hace más de seis décadas. Sí, ¡seis décadas! Pese a ello, para el 2019, únicamente 17 estados (el 53.13% del total) contaban con algún especialista en antropología física, y solo 2 de ellos, con arqueóloga o arqueólogo (apenas el 6.25%). Es decir, en materia de arqueología, hay un déficit del 96.87% del total de peritos necesarios para atender las necesidades mínimas del país, según las cifras presentadas en el informe “Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Estas cifras apenas representan una parte de la realidad que se vive en nuestro país día con día, ya que el problema no son solo las fosas clandestinas, algo tal vez peor ocurre en las fosas administradas por el propio Estado. Si las autoridades se dieran a la tarea de exhumar y crear un archivo básico de cada uno de los más de los 27 mil 271 cuerpos que ya fueron enviados a la fosa común sin identidad entre el 2006 y el 2019, según cifras presentadas por Quinto Elemento Lab en el especial Crisis Forense, esta tarea tomaría más de 8 años, en el supuesto de que cada estado contara con por lo menos dos especialistas en antropología física y dos en arqueología, y éstos se dedicaran exclusivamente a la exhumación, análisis de los restos y la entrega del respectivo informe pericial, a un ritmo de un cuerpo por semana.
La realidad, sin embargo, va más allá de estas cifras resultado de escenarios hipotéticos. El hallazgo de la gran mayoría de fosas clandestinas ha sido producto de la experiencia que han acumulado los colectivos de familiares de personas desaparecidas durante todos estos años que han estado en búsqueda. Las autoridades y las y los especialistas del país, han aportado poco para recuperar la identidad de las personas desaparecidas. Son las familias, quienes cuentan con los conocimientos especializados obtenidos como consecuencia de una tragedia.
Son los familiares, no el gobierno, los que convocan a quienes estudiaron una carrera profesional a unirse a sus búsquedas. Son los colectivos quienes cuentan con las herramientas metodológicas y legales para llevarlas a cabo, en un esfuerzo impulsado por el amor incondicional hacia sus familiares ausentes.
Con este escenario, cabe preguntarnos, ¿qué pasa con la antropología forense en México? ¿dónde están las universidades? ¿por qué no involucran a sus estudiantes para apoyar con sus conocimientos a la tragedia que hemos vivido durante poco más de una década?
La antropología mexicana se ha mantenido cerca de los colectivos a través de la labor llevada a cabo principalmente por antropólogas físicas y sociales, quienes colaboran como académicas y activistas comprometidas en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y han participado de las exigencias a las autoridades. Las actividades de docencia e investigación llevadas a cabo desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia; o desde grupos de expertas y expertos independientes como el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF); junto al involucramiento cada vez más frecuente de profesionistas formadas y formados en psicología y sociología en todo el país, han contribuido a que jóvenes solidarios se impliquen en proyectos que nacen desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas como la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Por otro lado, las y los especialistas en arqueología “brillan por su ausencia”. Esta ausencia relativa, podría atribuirse a diversos factores que resultaría pertinente repasar.
Primero, la falta de convocatoria por parte del Estado para integrar antropólogos y antropólogas en las Fiscalías/Procuradurías y Comisiones de Búsqueda; aunque recientemente estados como Coahuila tuvieron que ampliar las fechas de sus convocatorias por la falta de personas inscritas, aquellas son todavía insuficientes.
Segundo, no hay programas educativos suficientes para formar especialistas en antropología forense en el país, aún si se consideran los excepcionales esfuerzos hechos por instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mediante la creación de la especialidad en Antropología Forense, y otros cursos y programas de capacitación llevados a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Tercero, entre las y los especialistas, no se considera a la antropología forense como un campo laboral factible, esto a pesar de la constante demanda de familiares en búsqueda y a la grave crisis que enfrentan quienes en años pasados fueron subcontratados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual tuvo que hacer recortes importantes debido a la reducción del 75% del presupuesto que le fue asignado para este año.
Cuarto, la falta de empatía o desconocimiento por parte de las y los científicos, de la realidad que viven los familiares en búsqueda, pese a las múltiples marchas, manifestaciones, publicaciones de todo tipo y producciones cinematográficas que exponen el sufrimiento que viven diariamente las familias en búsqueda. Por último, el miedo general del gremio a involucrarse en temas que implican riesgos de seguridad significativos, aunque, alejarnos de este campo laboral no nos exenta de ser víctimas de la violencia creciente en nuestro país.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas continúan demandando los conocimientos de expertos en antropología física y arqueología forense y las capacidades del estado continuarán rebasadas debido al incremento constante en la violencia y la falta de personal capacitado.
Cualquiera que sea la razón que explique la ausencia de arqueólogos y antropólogos físicos involucrados en la crisis forense en que vivimos, las familias no dejarán de recorrer el país en busca de sus seres queridos en donde sea. Incluso bajo tierra, un lugar que ahora resguarda, como lo ha hecho con los restos de las sociedades prehispánicas, las posibilidades de verdad y justicia exigidas por los familiares de las personas cuyas vidas fueron arrebatadas en la guerra no asumida por la que transitamos. Esta se convertirá, querámoslo o no, en la herencia y patrimonio que dejaremos a las futuras generaciones.
*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
