El organismo considera probado que las desapariciones cometidas por agentes estatales persisten en el país, aunque no advierte una política deliberada para desaparecer personas. Andrea Viviana Pochak, su vicepresidenta, subraya que el informe de la comisión busca visibilizar la gravedad de la crisis 

Por Silvia Isabel Gámez y Eui Chin Talamantes para A dónde van los desaparecidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discrepa de la narrativa oficial al establecer en su informe que las desapariciones forzadas persisten, ya sea cometidas por agentes estatales, o con su autorización, apoyo o aquiescencia. Contrario a lo que sostienen las autoridades, este delito trascendió el periodo de la llamada “guerra sucia” y continúa en los gobiernos de la 4T. 

“Muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”, cuya participación depende del nivel de penetración de los criminales en la estructura del Estado, señala la CIDH en el informe Desapariciones en México. “Incluye actos de participación mediante la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos dejando pasar a los actores criminales en lugares y rutas, y la privación de libertad o muerte de las personas desaparecidas”.

El documento menciona casos como el de Antonio González Méndez, indígena chol víctima de desaparición forzada en Sabanilla, Chiapas, en 1999, a manos de un grupo paramilitar, en el marco de las operaciones de contrainsurgencia desplegadas tras el levantamiento zapatista, y los de Franco Peñaloza Hernández, Yazmín Yareli Sánchez, José Ángel Peñaloza Hernández y Paulina Lemus Hernández, desaparecidos tras subir a un vehículo policial en un retén de Copetiro, Michoacán, en 2020. Se refiere también al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba a víctimas de reclutamiento forzado para que formaran parte de sus filas; después de estar bajo custodia estatal, operó sin intervención de las autoridades hasta que fue descubierto en 2025. En otras ocasiones, señala el documento, los grupos criminales forjan alianzas con autoridades para operar con impunidad en un territorio.

“El informe subraya que, aun cuando las desapariciones sean provocadas fundamentalmente por el crimen organizado, la responsabilidad del Estado es ineludible por la falta de prevención, la falta de búsqueda, la falta de identificación forense, la falta de justicia, la falta de reparación y de acompañamiento adecuados a las víctimas”, afirma en entrevista Andrea Viviana Pochak, vicepresidenta de la CIDH. “A la comisión también le interesa resaltar que no advertimos por parte del Estado una política deliberada de desaparecer personas en México”.

Pochak visitó el país para presentar el pasado lunes 11 de mayo, en el Museo Memoria y Tolerancia, el informe del organismo. En un auditorio abarrotado, que requirió habilitar una segunda sala para los asistentes —que incluían un gran número de familias buscadoras—, ofreció una síntesis del documento, que incorpora una veintena de informes, más de una decena de audiencias públicas realizadas por la CIDH, y una nota diplomática con la que el Estado mexicano respondió a las observaciones de la comisión. 

“Lo que nosotros intentamos con este informe es que el fenómeno masivo y generalizado, indiscriminado de la desaparición de personas en México, sea visibilizado con la gravedad que tiene”, sostiene la abogada argentina, quien fue subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de su país antes de integrarse a la CIDH en 2024.

En la presentación del informe se hizo evidente el abismo que separa las posiciones del Gobierno federal y de las familias buscadoras, en un país con más de 134,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos sin identificar. “Es vergonzoso escuchar [de los funcionarios] que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas para recibir un Mundial de Fútbol. Es más importante que se vea la foto de un futbolista que la de mi hermano Manuel, que lleva ocho años desaparecido”, dijo Bibiana Mendoza, del colectivo guanajuatense Hasta Encontrarles, durante su intervención. 

Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido en 2018 en Irapuato, reprochó que las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones de 2025 se aprobaran sin consultar a las familias, y dejaran fuera temas como la prevención. Estas medidas fueron impulsadas por el Gobierno federal tras el escándalo internacional que supuso el hallazgo del rancho Izaguirre, y se han presentado ante organismos de derechos humanos como prueba de su compromiso para terminar con la crisis de desapariciones. 

“¿Cuánto presupuesto se está destinando al Mundial?”, preguntó la buscadora. “¿Cuántas personas están dedicadas a buscar a cuántas personas desaparecidas? Da vergüenza verlo. Por eso las mujeres buscadoras tenemos que levantarnos todos los días a hacer el trabajo que las autoridades no hacen, sin importar que nos quiten la vida”. Ya antes había advertido: “Si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión”.

En el turno de preguntas, Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en Torreón en 2008, expresó la necesidad de un diálogo con las víctimas y de crear un mecanismo de seguimiento que garantice el cumplimiento de las 40 recomendaciones formuladas por la CIDH. Eliana García, quien fue presa política durante la “guerra sucia” y forma parte de la Red Nacional por los Derechos de las Víctimas, cuestionó el México de “fantasía” expuesto por los funcionarios presentes en la mesa —los subsecretarios de Derechos Humanos Arturo Medina, de la Secretaría de Gobernación, y Enrique Ochoa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores—, y expresó sus dudas hacia un gobierno en el que su presidenta, Claudia Sheinbaum, prefiere reunirse con artistas coreanos, la banda BTS, antes que con las madres buscadoras. Cerró Silvia Ortiz, quien desde 2004 busca a su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida en Torreón: “Ya basta. Quiero saber si realmente vamos a ser escuchadas o qué carajos podemos hacer, porque sí, ya nos estamos muriendo”.

Para Pochak, es posible salvar el abismo entre la respuesta de las autoridades y el hartazgo expresado por las buscadoras. “Hay un reconocimiento del Estado sobre la crisis humanitaria [que significan las desapariciones]. Por supuesto, las familias, los colectivos, están muy cansados, frustrados, enojados, y tienen todo el derecho del mundo porque hace años y años que están enfrentando este problema, y las medidas adoptadas no han sido suficientes ni eficaces. Pero no creo que haya realmente una diferencia tan fuerte en el diagnóstico. Tengo esperanza de que se pueda retomar el camino de la confianza y el diálogo”.

Cuando este medio le pregunta si la presencia de dos altos funcionarios del gobierno federal en la presentación del informe debe ser interpretada como un interés por defender la narrativa oficial más que como “un primer paso a la esperanza”, como ella afirmó, la también relatora para México responde: “No soy ingenua. La Comisión Interamericana no es ingenua, y sabemos que hay una distancia entre los discursos y las prácticas, entre lo que se dice y lo que efectivamente se va a hacer, pero tenemos la posibilidad de ser optimistas y pensar que puede haber una recepción importante de estas recomendaciones, que parten de un análisis complejo”.

La impunidad, el gran foco rojo

Uno de los capítulos más duros del informe es el de acceso a la justicia. La CIDH señala fallas recurrentes en las fiscalías: la falta de una debida diligencia en la investigación de las desapariciones, la baja judicialización de los casos, la liberación de personas vinculadas a proceso, la desconfianza en las autoridades, el miedo a denunciar porque “te hacen sentir que el delincuente eres tú” o porque los datos son tomados de manera errónea, y el temor a represalias por parte de funcionarios o delincuentes.

Factores como la falta de “capacidades humanas y recursos disponibles” para la investigación, junto con los altos niveles de impunidad y corrupción, han generado que la obligación de investigar y generar pruebas se traslade a las familias y los colectivos, señala la CIDH.

“Nosotros advertimos focos rojos en la impunidad”, dice Pochak. “En la medida en que más del 95% de los casos que se denuncian terminan en completa impunidad, hay un mensaje de naturalización de la desaparición de personas. La medida de no repetición por excelencia es la justicia, y mientras no haya justicia ni se esclarezcan en cada caso todas las responsabilidades involucradas, el mensaje que se termina generando es que se puede seguir cometiendo el crimen porque no va a haber consecuencias”.

A las fiscalías, agrega la comisionada, les corresponde hacer investigaciones diligentes, integrales, que apunten a toda la cadena de responsabilidades, que escuchen a las víctimas, y con los tipos penales que correspondan.

“No se puede investigar un caso de desaparición como si fuera un secuestro o un robo, y esto es responsabilidad fundamental de la fiscalía. El sistema de búsqueda tampoco puede recaer en las comisiones locales o en la Comisión Nacional de Búsqueda; tiene que articularse correctamente con las fiscalías, y eso no está ocurriendo”, señala Pochak. “Es injustificable que se exija la denuncia penal ante un caso de desaparición; las familias tienen derecho a que la búsqueda sea inmediata, y cualquier autoridad que toma conocimiento de la desaparición de una persona tiene la obligación de denunciar a la fiscalía este caso para que se abra una carpeta. Las autoridades [de procuración de justicia] tienen que investigar de oficio, no a instancia de la familia”.

Entre sus recomendaciones, la CIDH incluye fortalecer las fiscalías especializadas en desaparición de personas, formular planes de búsqueda con enfoque contextual y diferencial, establecer lineamientos técnicos que permitan la interoperabilidad de los registros estatales y nacionales de búsqueda e identificación, y adoptar una norma nacional para el resguardo y trazabilidad de los cuerpos sin identificar. 

El informe aborda también la desaparición de niñas y niños, mujeres y jóvenes, personas LGBTIQ+, migrantes, defensoras y periodistas. Advierte sobre adolescentes en Sonora que fueron reclutados por el crimen organizado por dinero o armas, y refiere también el caso de “Alfredo”, que fue secuestrado por un grupo criminal en Toluca y trasladado a Tierra Caliente, donde logró escapar durante un enfrentamiento con el Ejército. “En audiencia pública, la CIDH fue informada de que niños sobrevivientes del reclutamiento declararon haber sido usados como combatientes, para la preparación de estupefacientes o como mensajeros”, señala el documento.

“Empoderamiento militar”

La CIDH ha recibido también información sobre casos de desaparición forzada que no son cometidos por un agente estatal, sino por un tercero que actúa con su autorización, apoyo o aquiescencia. Toma nota de que, para el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, estas formas de participación aplican para patrullas civiles, empresas de seguridad privada o grupos de la delincuencia organizada. 

El término “aquiescencia”, que remite a un Estado que consiente o tolera una desaparición, o permite que se cometa aunque cuente con los medios para evitarla, generó el rechazo del Gobierno federal cuando fue incluido por el CED el pasado 19 de marzo en el informe que fundamenta su decisión de llevar ante la Asamblea General de la ONU la crisis de desapariciones en México. Ahora vuelve a combatirlo en su respuesta a la CIDH.

El Estado mexicano considera que, para demostrar la aquiescencia en una desaparición forzada, es necesario probar, en cada caso, que las autoridades facilitaron, permitieron o toleraron la desaparición. Agrega que “no puede derivarse automáticamente de situaciones contextuales”. 

Una de las recomendaciones del organismo se centra en este concepto, al pedir a México definir en “su derecho interno” el alcance de la aquiescencia para determinar si la desaparición de una persona “en contextos de fuerte presencia de la criminalidad organizada le resulta atribuible a agentes del Estado”.

El informe de la CIDH advierte también que la estrategia de seguridad ciudadana mantiene la misma orientación desde el 2006 —cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”—. Ante los señalamientos de organismos internacionales por el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la profundización del “empoderamiento militar” sin controles civiles, el Estado niega que exista un “modelo de seguridad militarizada, pues las Fuerzas Armadas no actúan de forma autónoma ni sustituyen a las autoridades civiles, sino que brindan apoyo operativo en zonas donde aún se fortalecen las policías locales”.

“Nosotros hemos insistido en que la militarización de la seguridad nunca es la respuesta adecuada”, señala Pochak. “Las políticas de seguridad tienen que reforzar la prevención de la desaparición, pero basadas en un enfoque de cuáles son los grupos más afectados. Conocer el diagnóstico es muy importante para pensar en políticas de seguridad eficaces y eficientes”. 

Sobre la decisión del CED, cuyos expertos consideran que las desapariciones forzadas en México constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que aplicaron el artículo 34 a fin de proponer a la Asamblea General de la ONU que se brinde apoyo financiero, cooperación técnica y asistencia especializada al país para combatirlas, Pochak señala que la CIDH no puede interpretar ni opinar sobre las decisiones de este órgano de Naciones Unidas. 

“Lo que decimos es que tanto el CED como la Comisión Interamericana tienen como objetivo erradicar la desaparición de personas, en México en particular, y tratamos de incidir ambos para que las autoridades del Estado asuman sus responsabilidades”.

Abandono del Estado

A diferencia del informe del CED, que el Gobierno federal rechazó en bloque por considerarlo “tendencioso”, al no tomar en cuenta las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones, el documento de la CIDH fue acogido “con gran interés” por los funcionarios que estaban en la presentación. “En conjunto con la Secretaría de Gobernación analizaremos cada una de las 40 recomendaciones y evaluaremos su implementación a través de todas las instituciones pertinentes”, afirmó el subsecretario Ochoa.

La comisión publicó su análisis tras la visita al país, el pasado abril, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, quien evitó condenar la crisis de desapariciones, pero reconoció, en cambio, los “esfuerzos” del Estado mexicano para resolverla, lo que fue criticado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos. 

Entrevistada tras la presentación del informe, la buscadora guanajuatense Bibiana Mendoza refiere que, desde hace años, los colectivos se han reunido con distintos funcionarios. “Lo que más nos entristece es que, siempre que creemos que ya es el primer paso, hay un gran retroceso”.

Considera que si el Gobierno federal se sentara a dialogar con cada uno de los colectivos del país sería “algo digno, a la altura de la violencia que estamos viviendo”, ya que ni Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, ni Claudia Sheinbaum, lo han hecho. Lo mismo que si reconociera las cifras de personas desaparecidas, “porque no sabemos dónde están, pero tienen dignidad y cada vez que se les niega es sumamente doloroso, y también violento”, dice en referencia a la revisión que presentó la presidenta del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que afirmaba que en el 36% de los casos no había datos suficientes para la búsqueda, y cuyas clasificaciones, según especialistas, carecían de fundamento legal. 

El informe del organismo sirve a las familias como “una herramienta” para sus denuncias, señala Mendoza. Recuerda que, hace dos años, solicitaron ante la CIDH en Washington que las buscadoras fueran reconocidas por el Estado como defensoras de derechos humanos —lo que hicieron al darles esa definición en el Mecanismo de Protección Federal, respondió México—, y se garantizara su seguridad en las búsquedas independientes, cuando no son acompañadas por agentes federales o locales. 

“La respuesta institucional fue su ausencia. Nunca se comunicaron con nosotras y la realidad es que en Guanajuato siguen asesinando a las mujeres por buscar a sus familiares desaparecidos”, señala Mendoza.

Apenas el 9 de mayo, otras dos buscadoras fueron asesinadas en su estado, en la ciudad de Salamanca: Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui, madre y hermana de Miguel Ángel Jáuregui Acosta, desaparecido en 2024, y hallado un año después en una fosa clandestina. Desde 2010 hasta 2025, según Amnistía Internacional, han sido asesinadas o desaparecidas 43 personas buscadoras, la mayoría mujeres.

Mendoza agrega que las buscadoras han intentado contribuir a la prevención y la localización de las personas desaparecidas; lo único que ha fallado es el Estado, “a quien no le interesa ni encontrar ni nombrar a sus desaparecidos”. 

Para María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien también participó en la presentación, no basta con que dos altos funcionarios compartan la mesa si se considera que la CIDH elaboró un primer Informe sobre la situación de los derechos humanos en México en 1998; un documento que incluía ya un apartado sobre desapariciones forzadas. “En primer lugar, tienen que haber acciones que cambien realmente la forma en que [las autoridades] se acercan a las víctimas, yo creo que eso lo establece muy bien el informe”.

En segundo lugar, señala, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia y las fiscalías deben reconocer que el informe refleja la realidad del país. “Hay un problema grave de desapariciones donde el Estado tiene responsabilidades diferenciadas, sobre todo cuando existe una connivencia con el crimen organizado”.

María Herrera Magdaleno —conocida como Doña Mary—, presente en el acto, busca a cuatro de sus ocho hijos, Raúl y Jesús Salvador Trujillo, desaparecidos en 2008, y Gustavo y Luis Armando Trujillo, desaparecidos en 2010. Sobre la respuesta que le han dado las autoridades en sus 18 años de búsqueda, dice: “Te advierto que, desde el momento en que me pasó esto, que estuve en la mesa con [el expresidente] Felipe Calderón, ‘todo iba caminando’, él me aseguró que encontraría a mis hijos. Y ya pasó el PAN, pasó el PRI, pasó López Obrador”.

Para la madre buscadora, el panorama que se abre con la respuesta del Estado al informe no es de esperanza. “Pero tenemos que seguir exigiendo porque no se vale, nuestros hijos en primer lugar no son números. Tienen una historia de vida”, subraya. “Las únicas que buscamos somos nosotras. Yo siempre se los he dicho de frente [a las autoridades]: ustedes no buscan porque saben que se van a encontrar a sí mismos”.

Herrera, con 75 años cumplidos, denuncia el abandono del Estado: “No hay quien nos escuche, no hay quien haga justicia, esto sigue pasando. Nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar a nuestros hijos, y a los altos mandos que son corruptos”. 

El siguiente paso para la CIDH es hacer un seguimiento de las 40 recomendaciones, que incluyen también fortalecer las estrategias de prevención; garantizar la implementación del protocolo Alba en todas las entidades del país para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes, y priorizar la incorporación de las personas buscadoras al sistema nacional de cuidados. 

Dentro de seis meses, el Estado debe enviar un primer informe al organismo. Pochak aseguró a las familias que no recibirán de la CIDH respuestas demagógicas ni sencillas ante un problema tan complejo. “Tenemos mucha experiencia en escuchar qué cosas son mentira y qué cosas no lo son, pero sin Estado no hay posibilidad de políticas de derechos humanos”, señaló la comisionada al cierre de la presentación tras escuchar la desesperanza de las madres buscadoras, su cansancio y la falta de confianza en que algo realmente cambie. “Espero que confíen en nosotros”.

**Foto de portada: Las buscadoras han advertido sobre la invisibilización de las desapariciones por parte de las autoridades debido a la celebración del Mundial de Fútbol en México, con acciones como cubrir las fichas de búsqueda. (Haarón Álvarez/ObturadorMX)

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