El Gobierno salvadoreño promueve la narrativa de un “nuevo país seguro” al tiempo que calla sobre los cientos, miles de desaparecidos, y la búsqueda que hacen sus familias. El Gobierno censura desde las estadísticas hasta la ubicación de fosas clandestinas halladas por las autoridades. Cuando las familias buscadoras elevan la voz y reclaman justicia, el Estado las tacha de tener vínculos con grupos criminales o son acosadas y encarceladas sin explicación. 

Por Gabriel Labrador, periodista salvadoreño de El Faro*

Minutos después de entregar una carta de exigencias en las oficinas del Ministerio de Justicia y Seguridad en San Salvador, a Eneida Abarca, madre de un joven desaparecido el 1 de enero de 2022, un hombre la insultó desde una camioneta todo terreno que hacía alto en un semáforo. El hombrecito parecía molesto porque Eneida y otras mujeres pegaban afiches con fotos de personas desaparecidas en los postes del tendido eléctrico. “¡Dejen de hacer desvergue, dejen de estar arruinando los postes!”, espetó el hombre. Pisó el acelerador y se fue. 

Días más tarde, Eneida Abarca, que no recibió respuesta a su carta, le contó a un colega que el Ministerio de Justicia y Seguridad la había bloqueado de todas sus redes sociales. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República hicieron lo mismo. 

Ambas escenas —el rechazo ciudadano y el silencio institucional— reflejan la situación de los desaparecidos en El Salvador. Dirigido por Nayib Bukele desde 2019, el Gobierno ignora las cartas que piden justicia y esclarecimiento de los casos. Carlos Abarca, el hijo de Eneida, lleva cuatro años desaparecido. Hoy tendría 26 años. 

Parece que los desaparecidos no importan en El Salvador. Y que el cacareado “modelo Bukele” que se intenta imitar en distintos puntos de Latinoamérica, no incluye a los desaparecidos y desaparecidas. Los cientos de expedientes en la Fiscalía — en 2021, la institución recibió 1,192 denuncias, casi el doble de lo de 2020— permanecen en la impunidad. 

El último fin de semana de marzo de 2022 todo empeoró. La Mara Salvatrucha 13, una pandilla sangrienta responsable de incontables crímenes desde hace cuatro décadas, asesinó a 87 personas. La pandilla respondía con esos asesinatos a unas capturas que —por razones que desconocemos— la Policía había hecho de algunos de sus integrantes. Bukele, que hasta ese momento tenía un acuerdo secreto con las pandillas, dio por terminado el pacto y ordenó la “guerra” contra las pandillas. Los diputados de la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, aprobaron el “régimen de excepción” que elimina, durante 30 días, distintas garantías constitucionales como la presunción de inocencia o el derecho a ser informado de la razón de la detención. A partir de entonces, el régimen se ha prorrogado durante 51 meses y ya dejó de ser una excepcionalidad. 

El régimen de excepción tomó forma de redadas masivas bajo dudosos procedimientos que no distinguen entre personas inocentes y pandilleros. La consigna parece ser capturar primero, investigar después; algunos ciudadanos fueron detenidos solo por mostrar nerviosismo ante un agente de autoridad. Unas 500 personas han fallecido en las cárceles sin haber enfrentado un juicio.

Verónica Delgado, de 42 años, fue detenida en marzo de 2023 dos días después de participar en una marcha con el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nunca le explicaron el delito y estuvo encarcelada un mes. Salió sin haber enfrentado siquiera una audiencia judicial, y las organizaciones promotoras de derechos humanos aseguran que su detención fue una manera de intimidar y provocar miedo. El régimen de excepción ha creado una sociedad afligida y sumisa. Según una encuesta reciente. 6 de cada 10 salvadoreños evitan hablar de política en público por temor. 

En medio de ese huracán, los expedientes de investigación de personas desaparecidas quedaron congelados. La orden “desde arriba” —según los fiscales que hablaron con las familias que entrevisté— decía que los recursos investigativos debían ponerse al servicio exclusivo de las capturas masivas de supuestos pandilleros. En la práctica, esa orden significó que los investigadores dejaron de conseguir pistas en el terreno, los fiscales dejaron de interrogar a testigos, los forenses dejaron de excavar en fosas clandestinas… y la impunidad de los desaparecidos volvió a reinar.

Solo en 2023, la Fiscalía reportó que había identificado 51 cementerios clandestinos. Repito, 51, en un país del tamaño del Estado mexicano de Hidalgo, que cabría 93 veces en todo México. En una de esas fosas, pandilleros convertidos en colaboradores aseguraron que podían encontrarse hasta 200 cadáveres. Pero todos esos cuerpos deberán seguir ahí, bajo tierra, hasta que la voluntad política “de arriba” cambie. 

El Salvador tampoco reconoce a sus desaparecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. 288 migrantes salvadoreños han desaparecido desde 2011 en ese camino, según el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE). Todos los años, este comité hace caravanas hacia México y visita cada Estado con la misión de encontrar indicios de sus familiares. Hasta la fecha, encontraron 55 osamentas pero también 13 personas aparecieron con vida. 

Las autoridades en El Salvador, mientras tanto, no tienen estadísticas oficiales. Declararon reserva de información sobre la cantidad de expedientes abiertos y la cantidad de cementerios clandestinos identificados. 

Una abogada salvadoreña, involucrada como pocas en el tema, me dio esta respuesta, una mañana de febrero pasado: “Es complicado para un país que todos los meses esté desenterrando muertos, aunque hayan sido asesinados en otras épocas. No son noticias agradables, ¿verdad? También faltan recursos técnicos y científicos y falta personal”. 

Su respuesta me dejó claro que nada arruinaría más el insigne “modelo Bukele” que las noticias constantes de un país violento. 

Por eso el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creado en 2021, sigue vigente hoy día, porque sigue habiendo casos sin respuesta, como el de Carlos Abarca y su madre Eneida, que no avanzan por falta de voluntad política. ¿Cuándo el Estado asumirá la responsabilidad de esclarecer estos casos o al menos hacer lo posible por encontrar los cadáveres? Es incierto saberlo. 

Escribí sobre el Bloque en una reciente crónica, publicada en El Faro, titulada “Las madres buscadoras se topan con el régimen de Bukele”. En ella, vacié 18 meses de reportería en El Salvador. Mi plan era acompañar durante más tiempo a las madres, en sus búsquedas y luchas, pero el exilio me alcanzó y no pude seguir. Escribí lo que pude con lo que tenía acumulado en libretas y grabadoras. El resultado lo pueden encontrar aquí: https://beta.elfaro.net/destacados/bloque-busqueda-madres-desaparecidos-el-salvador-bukele 

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*Gabriel Labrador (1983) es salvadoreño, periodista desde 2011 y colaborador de El Faro, medio reconocido con el premio a la excelencia de la Fundación Gabo. Antes fue reportero y cronista del diario La Prensa Gráfica. Fue relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) entre 2023 y 2024. Colabora con The New York Times y el multipremiado medio de podcasts Radio Ambulante Studios. Ha publicado en medios de Centroamérica y España como Eldiario.es y El País. Algunas de sus investigaciones sobre corrupción en El Salvador fueron premiadas en certámenes latinoamericanos.

Foto de portada: cortesía Carlos Barrera