Durante años, las buscadoras han recorrido las instalaciones de El Lencero para tratar de encontrar a sus familiares desaparecidos. El lugar, cercano a la barranca de La Aurora —una tumba abierta durante el sexenio de Duarte—, sigue acumulando pistas que no se han traducido en hallazgos, mientras algunas mujeres se preguntan si ya es tiempo de parar

Por Rodrigo Soberanes para A dónde van los desaparecidos

Una última búsqueda y se acabó. A María Elena Gutiérrez le quedan por revisar dos sitios más en la antigua Academia Estatal de Policía, ubicada en El Lencero, en la zona conurbada de Xalapa. Cree que el cuerpo de su sobrino, Rafael Espinosa Gutiérrez, desaparecido en 2013 a los 37 años, podría haber sido enterrado en ese lugar, que hoy ocupa el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad. 

Uno de esos sitios es un descampado ubicado al fondo del terreno de la academia. Hasta allí se avanza a punta de machete, abriéndose paso entre la maleza mientras se busca cualquier indicio sobre el suelo pedregoso: un rastro de tierra removida o una superficie que pudiera haber sido manipulada.

El otro lugar que debe revisar es un comedor polvoso con piso de madera vieja, paredes descarapeladas y mesas antiguas que ya nadie usa. Un espacio “descuidado y tenebroso” que huele a humedad. Por su aspecto precario, María Elena cree que ahí comían policías de menor rango y estudiantes. 

Ambos puntos coinciden con la descripción proporcionada por un informante, y ella está decidida a recorrerlos en busca de cualquier indicio que pueda conducirla hasta su sobrino. Tras trece años de búsquedas infructuosas, siente que ha llegado el momento de encontrar respuestas y poner fin a esa larga espera.

La antigua Academia Estatal de Policía se convirtió en un lugar de búsqueda de personas desaparecidas después del sexenio de Javier Duarte —quien gobernó Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016— y de la gestión de su poderoso secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, alias Capitán Tormenta.

A esas mismas instalaciones, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha entrado nueve veces desde que comenzó a operar en 2019 para acompañar a las familias que intentan hallar algún rastro de sus seres queridos, aunque los ingresos iniciaron desde 2017, cuando asumió la gubernatura el panista Miguel Ángel Yunes, porque ya entonces los colectivos de búsqueda alertaban sobre la posible presencia de cuerpos en el lugar.

En los años posteriores al sexenio de Duarte, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias han documentado el aumento de la violencia y de las desapariciones forzadas durante ese periodo, y han enfatizado el papel de la policía estatal en la comisión de esos delitos. 

La academia de policía ha sido mencionada en diferentes investigaciones como el sitio al que fueron llevadas decenas de personas antes de ser desaparecidas.

En febrero de 2018 se ordenó la detención de 19 mandos policiacos acusados de la desaparición forzada de al menos 15 personas entre abril y octubre de 2013. Uno era, según Animal Político, el exsecretario Arturo “N”, quien tras ser encarcelado en 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito, fue liberado en diciembre de 2018. 

Las víctimas forman parte de los 202 casos registrados durante el periodo de Duarte que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y que involucran a policías estatales, como los once que fueron detenidos en julio de 2026, vinculados a cuatro desapariciones ocurridas en 2015 en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Duarte fue absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada en contra del policía estatal David Lara Cruz, pero la decisión fue impugnada y el juicio sigue abierto. El agente, que estaba destinado en Acayucan, fue interceptado por miembros de su corporación el 12 de enero de 2016 tras salir de la academia después de realizar un examen de control de confianza; su cuerpo fue hallado una semana después en la barranca de La Aurora. Al exgobernador se le acusa de haber entorpecido la investigación.

María Elena se volvió buscadora en ese contexto de violencia. Su camino comenzó el 15 de agosto de 2013, cuando se perdió el rastro de su sobrino Rafael, después de que se lo llevaron dos hombres y una mujer que lo esperaban en una “camioneta con torreta” afuera de su casa en Xalapa, a la que llegó cerca de la una de la madrugada procedente del trabajo. 

Su esposa, Claudia Ruiz, que lo había esperado viendo una película, escuchó el motor del coche de Rafael, un Malibú blanco, pero no el tintineo de las llaves al abrir la puerta. Cuando se asomó por la ventana, vio cómo su esposo era obligado a volver a su vehículo. 

“Rafa estaba afuera del coche, había grava y arena donde él estaba parado. Un tipo lo empujaba, él se defendía, y llegó otro tipo a ayudar a meterlo. Había otro coche con los faros encendidos, escuché una voz de mujer”, recuerda Claudia. Al final, quedó sentado en el lugar del copiloto de su automóvil, que se alejó calle abajo.

Rafael trabajaba como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Un mes antes de su desaparición, el 7 de julio, tuvieron lugar las elecciones estatales, y su labor consistía en documentar pruebas de votaciones impugnadas y entregar la información al magistrado José Lorenzo Álvarez Montero. 

En esos días, Rafael tenía en sus manos el recuento de votos de los comicios de Tepetlán, un municipio de menos de 10,000 habitantes, localizado en la región central de Veracruz. Fue una elección en la que el candidato del PRI, Leonardo Daniel Aguilar Hernández, perdió por 254 votos contra Nely Cano Martínez, de Alternativa Veracruzana, un partido local. El PRI impugnó el resultado por supuestas anomalías en una casilla que, de haber sido anulada, habría revertido el resultado por tres votos. 

María Elena está convencida de que si su sobrino no hubiera trabajado en esas elecciones, aún estaría con ellos.

Trece años después, muestra con orgullo, en su casa, unos kilos de café que está secando al natural (con su cáscara roja) en el patio. Habla de lo bien que trabajó el carpintero que le hizo el comedor —sobre la mesa tiene un pay de nuez que ofrece a las visitas—, pero prefiere sentarse en un sillón de la sala, desde donde puede observar el monitor conectado a las cámaras de seguridad que instaló en el primer piso. 

En ese monitor se ve ir y venir a una enfermera cuidadora, y a otra persona que no va ni viene a ningún lado. Es Rosario Gutiérrez, Charito, la madre de Rafael, quien solo alcanzó a buscar a su hijo un par de años, en los que salió a las calles, bordó su nombre y exigió justicia, pero ese proceso deterioró seriamente su salud. Ahora vive postrada, sin poder moverse ni hablar.

Por eso, María Elena sigue buscando, para prestarle sus ojos y su voz a su hermana Charito e intentar encontrar a su hijo. Pero, a sus 74 años, confiesa que ya se siente cansada, por lo que su búsqueda terminará, dice, una vez que vaya por última vez a la academia de policía. 

“De veras que hemos espulgado la academia”, reflexiona. “Ya no quiero regresar”.

Después de esa última visita intentará transformarse, pero no sabe en qué. No sabe qué hay después de “ser buscadora y no encontrar”. 

Un mapa con probables pistas

En 2013, un expolicía de Veracruz se acercó a María Elena cuando estaba con Charito. “Tenía fuertes cargos de conciencia”, dice, y les contó dónde podrían encontrar indicios de Rafael dentro de la academia de policía de El Lencero. 

Les dio referencias precisas de lugares en donde buscar. Les habló de cuartitos, de espacios bajo unas gradas, de caballerizas, de zonas para hacer ejercicio y de algún calabozo en una bodega. Y, para ayudarlas más, les entregó una hojita con un “mapa” hecho a mano que les había preparado. 

En su primera búsqueda, una fiscal vio el mapa que le habían dado dibujado en un papel y le sorprendió la precisión de la información. “Es exactamente lo que hay”, les dijo.

Ese mapa, de acuerdo con un abogado que acompaña casos de desaparición forzada en Veracruz, fue entregado a la FGE e integrado a una carpeta de investigación. Pero antes, las buscadoras hicieron copias y trasladaron la información a Google Maps, donde marcaron los puntos de posibles hallazgos. 

La antigua Academia Estatal de Policía se ubica en el municipio de Emiliano Zapata, a 11 kilómetros del Palacio de Gobierno de Xalapa, la capital. Su entrada está junto a la autopista que une esta ciudad con el puerto de Veracruz, a solo cuatro kilómetros del Campo Militar 26-A de El Lencero. Es uno de los lugares más transitados del estado. 

A seis kilómetros de la academia se encuentra la barranca de La Aurora, un precipicio de 300 metros donde se hallaron en 2016 los cuerpos de al menos 19 personas. Según las investigaciones de la FGE, a ese lugar eran arrojados los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, personas que eran detenidas por policías estatales, quienes los llevaban a la academia para ser interrogados, torturados y asesinados. 

María Elena ya perdió la cuenta de cuántas veces ha entrado a la academia junto con fiscales y funcionarios de las comisiones de búsqueda. Solo recuerda que han sido “muchísimas”, como parte del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz. 

Pero fue a principios de la década del 2000, dice, cuando visitó por primera vez el lugar. Lo hizo como maestra, junto con un grupo de preescolares. “Esa fue mi primera ida a la academia de policía, en otras condiciones. Nos quedamos a dormir con los niños en los dormitorios”. 

Años después pasó por esos mismos dormitorios, pero ahora acompañada de un grupo de buscadoras, personal de la fiscalía y el operador de un georradar –un aparato que detecta objetos y restos enterrados–,  intentando encontrar algún indicio de su sobrino Rafael y de otros desaparecidos. Muchos llevaban machetes para cortar maleza.

Buscaron en gradas, bodegas, comedores y descampados. Alguien tomó el georradar, le adaptó un flotador y lo pasó sobre la alberca, como un barquito de juguete. Pensaban que antes de construirla pudieron esconder cuerpos bajo el piso, por eso la persona que manejaba el aparato “la cruzó completita, y nada”, dice María Elena. 

No encontraron un solo rastro; nada de lo indicado en el mapa del expolicía. 

Pero un hecho inesperado habría de darle a María Elena “la necedad” para seguir buscando.

“Yo estuve aquí secuestrada”: la testigo protegida

En una de las búsquedas, mientras las familias se abrían paso entre la maleza, enterraban varillas en el suelo para detectar restos humanos y pasaban el georradar, como siempre lo hacían, alguien notó algo distinto.

Una persona que tenía la cara cubierta con una tela y vestía ropa holgada, lentes de sol y gorra, iba señalando los puntos de la academia en los que se retuvo a personas ilegalmente antes de su desaparición. 

Se trataba de una testigo protegida que fue llevada al lugar por fiscales para realizar una diligencia, y aprovechó para señalar las caballerizas, las gradas y otros espacios que, para entonces, ya habían sido modificados por construcciones posteriores.

“Vi al testigo protegido, no nos permitieron acercarnos, entablar pláticas, nada. Iba protegido y escoltado”, dice una persona buscadora. “Dio puntos en las caballerizas”, agrega otra, que interpretó los ademanes que alcanzó a ver desde la distancia.

Las cuatro personas buscadoras entrevistadas que vieron a la testigo protegida narran que había una especie de blindaje para resguardar la diligencia. Coinciden en que era prácticamente imposible acercarse a ella. 

Pero ese blindaje tuvo una pequeña grieta: unos segundos en que la persona entró al baño y al salir se topó con las buscadoras. 

“Estábamos recorriendo la academia y se acercó a nosotras. Iba también con alguien de la fiscalía y nos dijo que a ella la tuvieron secuestrada”, contó una buscadora que vivió ese momento.

En segundos, la mujer las llevó a un cuartito cercano a los baños, a unos metros, porque tenía algo que decirles. “Yo estuve aquí, a mí me tuvieron aquí, yo vengo a atestiguar”. 

Las cuatro personas que vieron a la testigo protegida recorriendo las instalaciones dieron su testimonio para este reportaje bajo condición de anonimato, por razones de seguridad. A pesar de los años transcurridos, dijeron que aún le temen a Bermúdez, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No es un temor infundado. En 2011, Human Rights Watch documentó 39 casos en los que miembros de las fuerzas de seguridad estatales participaron en la comisión de desapariciones. En 2013, amplió esa cifra a 149 de los 249 casos que investigó, destacando la participación de las fuerzas locales de seguridad, que en muchas ocasiones actuaban en complicidad con miembros de la delincuencia organizada.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, 2,746 personas desaparecieron entre el 1 de diciembre de 2010 y el 12 de octubre de 2016, durante la gestión de Duarte. Pero de acuerdo con colectivos de búsqueda, la cifra de desapariciones entre 2007 y 2018 podría alcanzar las 20,000 personas. 

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Adriana Pozos —especializada en desapariciones en Veracruz—, explica que las familias de las víctimas han pasado años descifrando “mecanismos de ocultamiento”. 

Esos mecanismos, dice, solo han dejado lugar a “inferencias” y han impedido llegar a una “certeza jurídica” sobre los posibles delitos cometidos en el interior de la academia. 

Llevadas por esa corriente de versiones e inferencias, en los grupos de búsqueda circuló la afirmación de que la testigo protegida que señalaba lugares dentro de la academia era una policía, o una exagente, o una chica que había logrado escapar de ahí “arrastrándose” por el suelo. 

También circuló la versión de que era una persona que fue arrojada a la barranca de La Aurora, pero sobrevivió y salió caminando para pedir ayuda. 

Cuerpos arrojados a la barranca

La barranca de La Aurora es reconocida por los colectivos como el destino final de personas víctimas de desaparición forzada que fueron llevadas a la academia de policía. Un lugar donde los hallazgos sí han permitido tener certezas jurídicas. 

A unos 100 metros de la barranca está una colonia del movimiento Antorcha Campesina. Es una cuadrícula de diez manzanas con casas modestas rodeada de campo y caminos de terracería. 

Pero ninguno de esos caminos llega al fondo de la barranca. Tampoco hay veredas para burros o caballos, ni siquiera para personas. Al fondo del precipicio solo se baja a pie, ayudándose de la vegetación, o a rapel, y lo hacen solo quienes buscan cadáveres y los fiscales que les acompañan.

Fabiola Pensado, del colectivo Familiares en Búsqueda Xalapa, buscó a su hijo Argenis Yosimar, desaparecido en 2014 en Xalapa, no solo en La Aurora, sino en todas las barrancas que rodean a la capital. 

Las madres buscadoras llegaban a la colonia antorchista acompañadas de policías, pero bajaban solo con dos peritos. 

“Ahí no se camina, hay tramos que vas sentada, a gatas, te cuelgas de las raíces de los árboles, de las ramas. Hay tramos donde no cabes completa. Lugares muy complicados donde ves hacia abajo y te da vértigo, tienes que estar muy concentrada”, relata Fabiola. 

Cuando bajaban, iban dejando botellas de agua en el camino para marcar la ruta y, al mismo tiempo, fijar puntos de hidratación sin tener que cargar peso extra. No llevaban comida, “no nos daba hambre”, dice. 

La primera vez que bajó, Fabiola tuvo dos certezas. La primera fue que la única manera en que los cuerpos pueden llegar ahí es por el aire, arrojados desde el borde de la barranca; la segunda fue que es un lugar tan inaccesible que, “si tú dejas un costal de dinero, nadie se lo lleva”.

Fabiola cuenta que pudo recuperar del fondo del precipicio muchos restos humanos, y que, donde fijara la vista, había huesos. Dice que eran tantos “que no había manera de sacarlos todos” por sus propios medios.  

No ha encontrado a Yosimar, y actualmente ya no está en condiciones de seguir bajando y escalando barrancas porque tiene una lesión en la cadera. 

Cuenta que el traumatólogo le preguntó si hacía algún deporte de alto rendimiento u otra actividad que hubiera llevado su cuerpo al límite, por el tipo de lesión que sufría. Fabiola no le dijo que se acabó el cartílago de la cadera buscando a su hijo desaparecido en posibles “tiraderos” de personas. No quería asustar al doctor. 

El 6 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que colaboró con su homóloga de Veracruz para emitir una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte, por un delito de desaparición forzada en contra del policía estatal David Lara Cruz. 

A Duarte se le relacionaba con el ocultamiento de 13 cuerpos —uno era el del policía— de los 19 que fueron hallados al fondo de la barranca de La Aurora en enero de 2016, ya que su gobierno solo informó del hallazgo de seis víctimas. 

En junio de 2018, el exfiscal duartista Luis Ángel “N” fue acusado del mismo delito, tras ser detenido en la Ciudad de México. La FGE afirmó que había dado “la instrucción de únicamente reportar el hallazgo de seis cuerpos”. 

En un comunicado, aseguró que La Aurora “es señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Los cuerpos ocultados habrían sido entregados “por órdenes directas” de Luis Ángel “N” a la SSP “con la finalidad de encubrir el hallazgo”. El exfiscal fue liberado en noviembre de 2019. 

Los “levantaban” para llevarlos a la academia

En 2025, cinco integrantes de la Marina fueron sentenciados a 40 años de prisión por la desaparición de Jacob Vicente Jiménez González, quien fue víctima de desaparición forzada el 25 de septiembre de 2015 en Coatzacoalcos, cuando fue detenido en un retén de la policía junto a Camilo Efraín Silva Gómez, Abraham Elester Torres Barradas y Carlos Arturo Rojas Valencia. En 2022, seis policías estatales habían recibido condena por la desaparición de los cuatro jóvenes.

El hecho ocurrió durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, en el que participaron integrantes del Ejército, la Marina, y de las policías federal, estatal y municipal, que colocaron puestos de revisión en las calles e hicieron patrullajes en los que detuvieron a personas acusándolas sin pruebas de pertenecer a grupos criminales.

Esta estrategia se sumó a la de Veracruz Seguro II, puesta en marcha en 2011. Ambos operativos se dieron en el contexto de la militarización de la seguridad pública a nivel nacional y de la creación de un mando único de policía en el estado con apoyo de la Secretaría de Marina para combatir el crimen organizado. En Veracruz se creó un cuerpo policial de élite llamado Fuerza Civil, que tras reprimir una manifestación de agricultores en Totalco, en la que murieron dos campesinos, fue disuelto en 2024. 

Toda la estructura de la SSP actuaba bajo las órdenes de Bermúdez. El informe “Hasta encontrarlos” de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el colectivo Solecito y la organización Idheas sostiene que el resultado de la estrategia de seguridad fue paradójico, ya que la violencia aumentó y, en el caso particular de Veracruz, “a mayor número de policías, mayores delitos”.

El informe asegura que, durante la implementación del mando único durante el mandato de Duarte y la gestión de Bermúdez, se vivieron los años más violentos en términos de desapariciones forzadas, en particular entre 2013 y 2014.

Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aquel 25 de septiembre de 2015 desaparecieron al menos 30 personas, que “fueron vistas por última vez al ser detenidas por elementos estatales”.

Belén González, la madre de Jacob, lo sigue buscando en el interior de la academia después de tener acceso a la carpeta de investigación, debido a lo declarado por policías. 

“Hay declaraciones de servidores públicos que estuvieron en su momento, que están detenidos; [dicen] que a todos se los llevaban para allá [a la academia]”, cuenta.

“Algunas personas llamadas a comparecer dicen que a todos los que ‘levantaban’ en esos momentos se los llevaban a la academia. Ellos los entregaban ahí y ya, los que se encargaban de hacer el demás trabajo, no sé quiénes eran”, agrega, en referencia a la tarea de desaparecer los cuerpos. 

Por lo que leyó en la carpeta de investigación, Belén emprendió la búsqueda de Jacob en la parte trasera de la academia, cortando maleza y varillando.

El coche de Ulises hallado en el patio

El 12 de octubre de 2014, el hijo de Ulises Pavel Villagómez fue con su abuela a buscar a su padre porque no respondía a sus llamadas. Tocaron la puerta varias veces y no hubo respuesta. “Abuelita, no se ve el carro”, notó el niño. 

Ulises, de 32 años, había ido a comprar un regalo el día anterior a la Plaza Américas de Boca del Río para una fiesta de 15 años. Llamó a su madre, Vicenta Martínez Castro, para pedirle consejo porque no sabía bien qué comprarle a la cumpleañera. 

Al otro día, Vicenta, junto con su nieto, después de notar que no estaba el coche, consiguió una copia de la llave para entrar a la casa y vio ropa nueva aún con la etiqueta. “Estaba recargada en una silla del comedor”. 

Piensa que era la ropa que Ulises se iba a poner para la fiesta. 

Vicenta denunció la desaparición de su hijo ante la FGE, que, afirma, empezó 72 horas después una investigación que no ha servido para encontrarlo.

La integrante del colectivo Solecito puso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque quería que estuviera pendiente de su caso, y en 2015 la llamaron desde esa institución porque habían desaparecido unos policías de la academia y ese hecho tenía relación con el caso de su hijo. 

La CEDH acompañó a las familias de los policías desaparecidos en una diligencia relacionada con sus vehículos, y resultó que ahí estaba el Ibiza negro de Ulises, estacionado en el patio de la academia.

“El Ibiza lo andaban trayendo ellos [personal de la academia] porque le tomaron las huellas al volante y todo. Las credenciales de mi hijo y las identificaciones ahí estaban”, asegura Vicenta.

De acuerdo con las pesquisas a las que Vicenta ha tenido acceso, el coche de su hijo circuló un año entero, y a los policías que lo tuvieron “ya los desaparecieron”. Piensa que ahí podría estar la pista definitiva para encontrar a su hijo.

Las identificaciones de Ulises son evidencia que conserva la FGE. Y mientras la búsqueda sigue, el coche permanece desmantelado en un corralón, haciéndose viejo, como la propia investigación. 

El auto quemado de Rafael 

En diciembre de 2013, la familia de Rafael Espinosa Gutiérrez recibió la llamada de un investigador que decía tener noticias de su paradero. La FGE trabajaba en el caso del secuestro de un niño de la comunidad de Soyacuautla, en Actopan, municipio aledaño a Xalapa. 

Los secuestradores, dijo el investigador, llamaron a la familia del menor desde una caseta telefónica que estaba frente a una tiendita, y esa ubicación les llevó a detener a dos hombres y una mujer. 

Claudia Ruiz recordó en ese momento que fueron también dos hombres y una mujer quienes se llevaron a su esposo antes de que sacara las llaves para abrir el portón de su casa. 

La FGE rescató al niño con vida en una construcción, y Claudia, que se acercó al lugar para buscar más pistas, habló con una vecina que le contó que había visto un Malibú blanco —el mismo modelo que tenía su marido— varias veces “estorbando” frente a su domicilio.

Después habló con un campesino que también había visto un coche extraño para esos rumbos rurales. Era el automóvil que Claudia vio, desde su ventana, alejarse lentamente aquella madrugada de agosto de 2013. 

El auto se encontraba a la orilla del río Actopan, con los vidrios bajados, y ella pensó que seguramente estaría lleno de pistas, como rastros de ADN, para obtener información sobre Rafael. 

Actopan es un municipio extenso, principalmente rural, que desciende desde las montañas de Xalapa hasta la costa, y está cubierto por sembradíos de caña de azúcar y árboles frutales como el mango.

La fiscalía estatal siguió la pista del coche, haciendo preguntas que la mayoría de los testigos no quería responder porque “había muchas historias de terror” circulando en Actopan y tenían miedo, dice Claudia. 

Poco tiempo después, el Malibú blanco, junto con todas las evidencias que pudiera contener, ardió en llamas bajo un árbol de mango, a la entrada de un predio privado, a menos de un kilómetro de donde fue encontrado el niño secuestrado. Pero ese caso no arrojó datos o pistas sobre la desaparición de Rafael.

Claudia dice que fue contactada por supuestos integrantes de un grupo de policías estatales llamado Los Fieles, que le dijeron que ellos “llevaban a la academia a los que les encomendaban levantar”.

Le contaron, como también le contaron a María Elena, la tía de Rafael, que tenían grandes felinos que devoraban los cuerpos, y que había fosas clandestinas dentro de las instalaciones. Son versiones que no se han confirmado, pero que han habitado más de una década en la mente de las mujeres buscadoras. 

El 30 de agosto de 2025, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, durante una concentración en la Plaza Regina, en el centro de Xalapa, un hombre se sentó junto a Claudia y otras personas buscadoras en las escalinatas de la catedral. Les dijo que tenía información, pero pidió que no lo voltearan a ver.

“Tiramos muchos cuerpos”, es la frase que Claudia recuerda, y cuenta que les dijo de un lugar dentro de la academia donde habrían desaparecido a las personas.

Ese encuentro le dio a Claudia razones para seguir buscando a su esposo, aunque en su mente se mezclan muchas preguntas y posibles escenarios.

A veces piensa: “¿Qué tal si resulta que Rafael se alejó para cuidarse de algo o de alguien y regresa? A lo mejor está en el extranjero y le da por volver”. En ese caso habría que contarle que sus mascotas —las tres iguanas, los peces, las tortugas y la perrita— se fueron muriendo poco a poco “de tristeza” y ya no queda ninguna. 

Por si acaso, los hijos de Rafael siguen dejando encendida la luz de la escalera. La chapa de la puerta es la misma y podría abrirla con sus llaves. Si sube la escalera iluminada y entra a su cuarto, encontrará su ropa limpia, sin la humedad xalapeña que acaba con todo.

Claudia se disculpa por “divagar” con tantas posibilidades que hay. Pero dice que es muy difícil pasar página mientras no haya certezas. 

En la otra casa donde también falta Rafael, María Elena permanece frente al monitor que muestra las imágenes que transmiten las cámaras instaladas en la habitación de su hermana Charito. En las pantallas solo se ve quietud, una monotonía que parece haberse instalado para siempre. 

María Elena insiste en que solo falta una búsqueda más. 

Pero sabe que si encuentran los restos de Rafael, nada nuevo pasará en ese monitor.

“¿A quién le voy a decir? ¿A quién le interesa saber? Charito ya está más allá del bien y del mal. No tengo ningún motivo para seguir buscando. A ella no le puedo decir: ‘Mira, encontramos a tu hijo’. Ya tengo que cerrar”.

**Foto de portada: La barranca de La Aurora se ubica a seis kilómetros de la academia de policía. Se ha documentado que víctimas de desaparición forzada eran asesinadas en el recinto policial para luego ser arrojadas al precipicio. (Óscar Martínez)

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