Durante las búsquedas en vida, quienes participan tienen la esperanza de que los internos reconozcan a su familiar desaparecido y aporten algún dato sobre su paradero. Cada ingreso a una cárcel o un anexo requiere meses de gestiones, una larga espera que, afirman, siempre rinde frutos. Este año, el 21 de septiembre comienza una nueva jornada de Búsqueda Nacional en Vida en Coahuila 

Por Aranzazú Ayala Martínez para A dónde van los desaparecidos

La última vez que vieron al policía Julio Alberto Villagrana Flores fue el 21 de marzo de 2011 en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Un compañero le avisó a su madre, Luz Flores Peña, que había sido detenido en la corporación, donde llevaba un año trabajando. Pero cuando fue a buscarlo, el joven de 23 años ya no estaba en las instalaciones. 

Lucy, como la llaman de cariño sus compañeras, fue una de las madres que participó en las jornadas organizadas en septiembre de 2025 en Coahuila por los colectivos Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos y Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas. Durante dos semanas visitaron penales y anexos —centros de tratamiento contra las adicciones— para mostrar fotografías de sus seres queridos y tratar de obtener pistas sobre su paradero, además de buscar personas con reporte de desaparición.

“Fui inmediatamente a Seguridad Pública, pero no me quisieron recibir; me fui al campo militar, tampoco me supieron dar razón; me fui a la fiscalía. Así anduve todo el día”, recuerda Lucy sobre la desaparición de Julio Alberto. Al día siguiente, relata que su hermano visitó junto con un abogado al titular de la dependencia. “’Está arrestado, va a durar 72 horas, pero probablemente lo corran’, le dijo a mi hermano. ‘Sí, no importa, pero entrégame a mi sobrino’. ‘No lo puedes ver, porque así son las reglas, pero ten la seguridad de que en 72 horas vas a saber de él’. Pasaron las 72 horas y yo fui a buscar a mi hijo. El director me recibe, me dice: ‘¿Usted quién es?’. ‘Soy la mamá de Julio Alberto’. ‘Pues él nunca estuvo arrestado’”. 

Ahora, Lucy, cofundadora de la Asociación de Familias de Policías Municipales Desaparecidos en Torreón, visita los penales y anexos de Coahuila en busca de información y para descartar que su hijo esté preso.  Muchas de las familias que participan en las búsquedas en vida dicen haber recibido el aviso de que su ser querido puede estar en uno de estos lugares.

Es el tercer día de la jornada. Un hombre se acerca a una de las fotos que está colocada en el suelo. Una mujer le dice que la tome, mientras le pregunta si conoce a la muchacha de la imagen, desaparecida hace cuatro años. Él dice que recuerda haberla visto, y se hace a un lado para platicar con la madre buscadora, quien llama a sus compañeras del colectivo para anotar los datos que comparte. El joven, de unos 30 años, está internado en un anexo de Torreón. Esa tarde, él, junto con sus compañeros y los padrinos —que los cuidan y guían en el proceso de desintoxicación—, observan, una a una, las más de cien fotografías que han llevado las familias. 

Cuando llegan las buscadoras, algunos internos ya están sentados en sillas, y otros de pie; esperan a que coloquen las fotos enmicadas y las lonas. Después, los hombres forman una angosta fila para mirar las imágenes. “¿Reconoces a alguien?”, “¿Tienes información de alguna persona de las fotos?”, son preguntas que se escuchan esa tarde. Casi tres horas después, las buscadoras salen con algunas pistas valiosas.

Entrar en cárceles y anexos

Lucía López Castruita, quien busca a su hija Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Torreón, comenzó a participar en búsquedas en vida como parte de una caravana de familias —principalmente de Centroamérica, que buscaban a sus hijos migrantes desaparecidos en tránsito—, con la que ingresó a Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Coahuila. Ella es una de las fundadoras de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, y desde 2017 ha participado en este tipo de búsquedas en diferentes estados de la república.

Entrar a las prisiones es complejo, debido a que las visitas suelen autorizarse solo a familiares directos y en días específicos de la semana. Cada penal establece reglas sobre la vestimenta y el acceso, como no llevar cinturones, agujetas ni joyería, y usar ropa únicamente de ciertos colores. Además, en las cárceles no siempre permiten a las madres buscadoras tener contacto con los internos, por lo que después de concluir los trámites para poder ingresar, las autoridades únicamente les permiten ver fotografías de las personas privadas de la libertad.

En los anexos, quienes entran deben cumplir una etapa inicial de tres meses sin salir del espacio ni comunicarse con sus seres queridos. Es un periodo crítico, según los encargados de estos espacios, para poder desintoxicarse y alcanzar la sobriedad. Debido a que en el país un gran número de estos centros opera de manera irregular —según datos de El Universal, el 19% no cumple con la normatividad oficial—, generalmente las familias solo acceden a los que están regulados por la Secretaría de Salud. 

En la jornada de Búsqueda Nacional en Vida realizada del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2025 en ciudades como Torreón, Saltillo, Parras, Francisco I. Madero y Matamoros, las familias entraron a cuatro penales y ocho anexos y hospitales psiquiátricos. En total, participaron más de 70 buscadores de nueve estados del país. 

El 21 de septiembre de 2026 comenzará una nueva jornada, la decimotercera en Coahuila, en la que visitarán cárceles y centros de rehabilitación contra las adicciones de ciudades como Monclova y Piedras Negras. El programa incluye, como en ocasiones anteriores, actos de concientización en espacios públicos. Con esta nueva movilización, abarcarán por primera vez todo un estado.

Cándido de la Cruz, padre de Gustavo Alberto de la Cruz Ortiz, desaparecido el 21 de marzo de 2007 en Pachuca, Hidalgo, ha participado durante casi dos décadas en decenas de jornadas de búsqueda; en todos esos años ha visto en los anexos a muchas personas que están ahí sin que sus familias lo sepan. “Mucha gente está porque los han llevado, y pues no hay manera de cómo puedan salir, mientras por fuera sus familiares los andan buscando, y son desapariciones que realmente llegan a pasar. También se han recuperado ciertas personas ahí en los anexos”.

Para Rufina Abaroa Rodríguez, madre de Alfredo Hernández, desaparecido el 26 de agosto de 2016 en Veracruz, la búsqueda en los anexos es complicada, porque muchas veces estos lugares están vigilados por grupos del crimen organizado, debido a que en su interior conviven tanto consumidores de drogas como vendedores. 

“En un anexo [durante una búsqueda], cuando entramos, como que escondieron cosas. Por un lado, nos recibían bien, pero por otro como que estaban molestos, se veía como que se hacían señas unos con otros”, dijo Rufina. Esas miradas y gestos le hicieron pensar que intentaban ocultar información o evitar que dieran datos sobre desaparecidos.

Meses de trámites

Durante la jornada de búsqueda en vida en Coahuila de 2025, 58 personas privadas de la libertad en cárceles del estado, y una internada en un anexo, dijeron estar en condición de desaparecidas porque sus familiares no sabían dónde se encontraban. Contaron que no pudieron contactarlos por desconocer sus números telefónicos, porque son extranjeros, porque sus parientes cambiaron de domicilio o porque no les permitieron llamarlos. 

En los meses siguientes se pudo determinar que ninguno de estos casos coincidía con reportes de búsqueda. De acuerdo con las autoridades locales, ninguna de las personas contaba con una ficha o carpeta de investigación abierta por desaparición, explica Penny Ramírez, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana e integrante de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos. El siguiente paso, agrega, es intentar localizar a alguno de sus familiares mediante los datos que proporcionaron.

Para iniciar la búsqueda en vida, se establece primero el lugar en que se llevará a cabo. Después, son meses de seguimiento, gestiones administrativas y acompañamiento, principalmente con la Comisión de Búsqueda del Estado, que también forma parte de estos procesos y debe ayudar a obtener los permisos, estar en contacto con las familias y alertar sobre “posibles positivos”, esto es, personas reportadas como desaparecidas que son localizadas durante estas búsquedas.

Ramírez considera que la búsqueda en campo —para hallar fosas clandestinas o restos humanos— tiene más visibilidad y apoyo porque es un proceso inmediato: se determina un espacio, se rastrea y, si hay hallazgos, empieza la cadena de custodia, mientras que la búsqueda en vida requiere más tiempo. Son meses (al menos tres, de acuerdo con las familias) de girar oficios y hacer cabildeo para conseguir los permisos de ingreso tanto a las prisiones como a los anexos; luego es necesario negociar, hablar con los funcionarios responsables, enviar la lista de las personas que participarán y garantizar su seguridad, pero, principalmente, hace falta convencer a las autoridades de la necesidad de que las familias buscadoras entren a estos espacios que, casi siempre, dan un resultado positivo, alguna información, una esperanza. 

“Es importante el enfoque de que las búsquedas en vida no son solo en las primeras horas, sino también en los casos de larga data. Dentro del Protocolo Homologado [para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB)] se establece que el eje rector de la búsqueda de una persona es en vida, y por eso es importante que [las autoridades] empiecen a articularse con las familias, que tienen mucha más experiencia en estos procesos, son quienes empezaron a abrir las puertas de los Ceresos y los anexos”, agrega Ramírez.

Aunque, tanto a nivel federal como estatal, las autoridades deben priorizar las acciones de búsqueda en vida, no solo en campo, la realidad es muy distinta, pues son las familias quienes impulsan y gestionan estas jornadas. 

El PHB, actualizado en 2026,  establece como uno de sus ejes rectores operativos la Presunción de Vida y la Búsqueda en Vida. Esto significa, por un lado, que las acciones de las personas e instituciones “deberán ejecutarse bajo la presunción de que la persona desaparecida se encuentra con vida, independientemente de las circunstancias en las que se haya dado la desaparición, de la fecha en que se supone que ocurrió la desaparición o del momento en que se despliegan las acciones de búsqueda para el caso concreto”, y por otro, que los procesos de búsqueda en vida “tienen el mismo nivel de prioridad que los enfocados a localizar, recuperar, identificar y restituir cuerpos o restos humanos de manera digna”.

Cubrir los datos: sin nombres ni fechas

En el patio de un penal varonil han colocado una hilera de mesas, tapizadas con fotografías de hombres y mujeres desaparecidos, sin nombres ni fechas. Detrás, sentadas en sillas o paradas, están sus madres y padres, vestidos con una playera blanca que anuncia de dónde vienen: Búsqueda Nacional en Vida Coahuila 2025. 

Frente al grupo, los internos del Cereso están en posición de firmes, formados en bloques; bajo la mirada de custodios, directivos y autoridades de las comisiones estatales de búsqueda y de derechos humanos, forman una serpiente beige a medida que van pasando por hileras para revisar las fotos. Mientras, algunas buscadoras les dicen que, si tienen información o reconocen a alguien, se acerquen a ellas, con confianza, y ocasionalmente les preguntan: “¿Tu familia sabe que estás aquí?”.

En el interior de las cárceles y los anexos, las familias cubren los datos de las personas desaparecidas en las lonas y fotografías enmicadas; no dejan a la vista ningún nombre, fecha, característica. Han aprendido que hay quienes fingen tener información para obtener algún beneficio, a veces mintiendo para conseguir dinero o alguna mejoría en sus condiciones de reclusión. Por eso, tapar esas referencias es muy importante; así, quien se acerca es porque realmente ha reconocido a algún desaparecido.

A lo largo de los años, muchos familiares de víctimas se han sumado a las jornadas de Búsqueda Nacional en Vida, como María Victoria Romero Juárez, Vicky, quien busca a su hijo Luis Alberto Hernández Romero, desaparecido el 22 de agosto de 2010 en Piedras Negras, Coahuila. 

“Yo veo que tienen mucha vigilancia [en los penales]; cuando están hablando con nosotros, pues se acuerdan de que no tienen la libertad de hablar, como que los reprimen mucho para que no den información”, cuenta Vicky. “Como que dan la apertura para entrar, y luego ya estamos ahí y como que hay un tope, de aquí no pasas. Sí, pues ponemos las fotos, salen los reos, ven, pero hasta ahí. No hay información, no hay nada”.

El buscador Cándido de la Cruz relata que, en una ocasión, hace poco más de cuatro años, en un Cereso femenil de Hidalgo encontraron a una joven que fue sentenciada por un delito menor, robo sin violencia, pero que al ingresar dio un nombre diferente, y por eso no figuraba en ningún registro; además, durante ese tiempo no le habían permitido hacer llamadas desde el penal. “Nos dedicamos a buscar por medio de la comisión de búsqueda [estatal] y nosotros, como colectivo [Red de Madres Buscando a sus Hijos, de Hidalgo], y localizamos a sus familiares, que vivían en el Estado de México”, recuerda.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 1,914 personas desaparecieron en Coahuila entre 2008 y 2012, cuando el estado fue uno de los epicentros de la violencia en México —actualmente, la cifra asciende a 3,689 víctimas—. En marzo de 2011, durante la masacre de Allende, perpetrada por los Zetas en complicidad con policías municipales, desaparecieron decenas de personas, sin que haya claridad en las cifras. 

En ese tiempo, recuerda Sandra Lorena Torres Juárez, las desapariciones se registraban todos los días, en completo silencio por miedo a las represalias. Cuando su hijo Mario Alberto, de 23 años, desapareció el 11 de junio de 2012 en su natal Monclova, trató de preguntar, pero nadie le dio razón de nada. “Haz de cuenta que ahí las personas desaparecían y se las tragaba la tierra”, dice. Pasó más de una década hasta que sus restos fueron identificados, el 15 de noviembre de 2025, dos meses después de la jornada en Coahuila.

Entrar a los centros penitenciarios implica la posibilidad de obtener información, a veces de los propios perpetradores. “Ahora fuimos al Cereso de aquí de Torreón. Pusimos nuestras fotografías de los desaparecidos, pasaron los internos; a unos sí los vieron, hubo posibles positivos [a un par de familias les dijeron que habían visto a sus seres queridos años atrás, en ciertos lugares de Coahuila, y a un joven incluso en otro estado]. Ando aquí también porque, pues, esta gente que hizo todo esto [los delincuentes] andaba por todos lados de la república. Entonces, yo digo, puede estar acá, o pueden darme información. O que lo hayan conocido, por eso ando aquí”, dice Sandra, quien pudo identificar los restos de su hijo mediante una colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro Regional de Identificación Humana, con sede en Coahuila.

“Una ayuda muy grande”

Para Janeth Alejandra Adame, madre de Pablo Jared Vallejo Adame, desaparecido el 24 de julio de 2024 en Tlahualillo, Durango, cerca del límite con Coahuila, las búsquedas en vida son muy importantes porque se hacen en lugares y zonas diferentes para tener “una luz de esperanza que nos lleve a algún dato o a alguien que lo pudiera ver. Porque a veces creemos que nadie ve, que nadie escucha, y no es la realidad. Siempre hay alguien que ve y que escucha, porque nos queda claro que la gente no desaparece; a la gente la desaparecen”. 

Janeth piensa que policías municipales de Francisco I. Madero pueden estar implicados en la desaparición de su hijo. Una de las versiones afirma que fue agredido y después llevado a la comandancia a bordo de una ambulancia, pero la familia no ha podido confirmar la información con las autoridades.

Pese a todas las dificultades, buscar en vida significa la esperanza de hallar una pista o un dato de un familiar desaparecido. Varias buscadoras contaron historias de personas que pudieron contactar a sus seres queridos, incluso volver a casa. Recordaron cómo encontraron a un joven de Zacatecas en el penal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que llevaba un par de años sin poder comunicarse con su familia. Una de las buscadoras, originaria del mismo estado que el muchacho, regresó para avisar a sus parientes que estaba preso, pero al llegar le dijeron que su madre había fallecido un día antes. 

El esfuerzo de la búsqueda en vida, los trámites, requisitos y horas de espera, rinden frutos cuando un interno aporta un dato o reconoce una imagen. En palabras de Vicky, de Piedras Negras, “para ellos [las personas recluidas] es una esperanza que nosotros avisemos a su familia, como para nosotros es una esperanza que alguien conozca a nuestro familiar. Tanto para uno como para otro, es una ayuda muy grande”.

**Foto de portada: Nancy Ramón, de Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, durante las jornadas de 2025. Este año, la Búsqueda Nacional en Vida incluirá Monclova, donde radica. Su hijo Juan Manuel Montoya desapareció en 2013; tras años de búsqueda, localizaron sus restos en 2022. (Penny Ramírez/Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).