Jesús Pérez Caballero/ Levif*

La Comisión Nacional de Derechos mexicana (CNDH), en una recomendación de finales de julio de 2023, ofrece un ejemplo reciente de «ejecuciones extrajudiciales» [1]. Es un caso sucedido —de una ya larga cadena— en Nuevo Laredo Tamaulipas, donde un grupo de soldados asesinó a cinco individuos, presuntamente relacionados con un grupo criminal, después de capturarlos luego de una persecución. 

Esta descripción evidencia que el documento no trata de desapariciones forzadas, pero fijarnos en su contenido, explicar el contexto y plantear preguntas y reflexiones, ayuda a entender lo aplicable a ese otro ámbito, sobre todo en cómo tienen lugar delitos graves y los mecanismos para diferir o diluir las responsabilidades. 

Para efectos didácticos, agrupo las reflexiones así: 

a) No se publicó la investigación de la CNDH hasta que no trascendió públicamente, casi un mes después de los hechos, cuando se filtró un video donde se veían los asesinatos.

La investigación de la CNDH se inició de oficio un día después del 6 de junio, cuando la ciudadanía conoció los hechos [2]. Sin embargo, los asesinatos ocurrieron el 18 de mayo. Esto sugiere la incapacidad de la institución para anticiparse a remover obstáculos contra autoridades omisas u obstructoras. En esta línea, hasta que no hubo un blindaje mediático previo, la CNDH no publicó la recomendación.

b) El que los hechos de delitos graves se conozcan tarde por la ciudadanía no significa que, mientras tanto, las autoridades no investiguen, acaparen información u obstruyan procesos. 

La recomendación revela que, un día después de los hechos, ya se empezó a investigar. Así, se entrevistó a presuntos responsables (pfo. 11.7). Igualmente, el 29 de mayo se inspeccionó un vehículo (pfo. 11.9). Esto son diez días después de los hechos, con la posibilidad de destrucción de pruebas o contaminación de la cadena de custodia. Por añadidura, en este trasfondo de interceptación del procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo el video dos días después de grabado (se lo dio, en una memoria USB, el gerente del supermercado propietario de la cámara). Posteriormente, llegaron militares al supermercado también a ver las grabaciones, y es de suponer, a indagar qué se sabía [3]. Es lógico pensar que, desde esos momentos, el video circuló entre autoridades (¿también entre particulares?). 

La clave para posicionar mediáticamente el asunto fue, entonces, la existencia —en realidad, reaparición— de esas «videograbaciones» nítidas de ese supermercado. Pero en las setenta páginas de recomendación CNDH no se dice mucho del devenir del video como objeto que aparece y reaparece. 

c)  No presupongamos que cuando suceden hechos —aparentemente— similares tendrán la misma explicación.

Una lectura superficial afirmaría: «Otra vez Nuevo Laredo, jóvenes de nuevo; cómo no, armados y vinculados al Cártel del Noreste, chocan con los soldados y en la balacera, por típica superioridad castrense, fallecen los sicarios» [4]. En realidad, el reporte militar sobre muertes en un enfrentamiento es falso (pfos. 59-61 y 78-79). Y el mantra de «otra vez en Nuevo Laredo» invierte la carga de la prueba, puesto que la presencia de facciones criminales —al fin y al cabo, el día de los hechos hubo balaceras y bloqueos [5]—es evidente y, digámoslo así, «va con el salario»; pero se supone que quien tiene la potestad de usar la fuerza armada tiene, también, el juicio para distinguir riesgo de peligro [6].

Por su parte, el vínculo con el Cártel del Noreste (como se conoce al grupo delictivo en el bastión logístico y económico zeta de la frontera noresteña) es un indicio, aun verosímil; en todo caso, aunque fuera prueba —sé lo complicado de trazar líneas nítidas; también, lo turbio y viciado de un contexto como el neolaredense—, salvo legítima defensa o estado de necesidad, está prohibido matar a capturados (incluso declarado un conflicto armado interno, lo que es mucho conceder argumentalmente). 

d) A la siembra de armas es correlativa la siembra de documentos falsos. Entonces, ¿hasta dónde se ramifica la falsedad? Dicho de otro modo, debemos plantear en qué medida hay una expansión jerárquica de la falsedad —de mandos a tropa—; horizontal o en dialéctica entre instituciones de seguridad militares y civiles; y a niveles transversales o diagonales, por ejemplo, de las instituciones de seguridad a otras instituciones políticas, delincuenciales, etcétera.

Un soldado testifica que dos compañeros mataron a los rendidos, mientras que otro colocó «armas al lado de los cuerpos de los occisos» (pfo. 94), para aparentar un enfrentamiento armado. Imposible hacer esto sin la aquiescencia del resto [7]. ¿Hubo otras alteraciones? Un reporte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (DPCyB) del mismo 18 de mayo indica la alteración de ropas del entonces único herido (quien posteriormente falleció). Además, el periodista Pablo Ferri explica, recogiendo el testimonio de un soldado, parte de  una indagatoria de la Fiscalía General de Justicia Militar, que un coronel se acercó al lugar de los hechos después de los asesinatos. Este mando estuvo presente durante los momentos de espera a las autoridades civiles y podría discutirse si observó u ordenó acciones como quitar las esposas que uno de los asesinados llevaba puestas [8]. 

e)  Las autoridades sabían. Pero no hay triangulación de la información, o se acantonan los hechos, o se dosifican las investigaciones. O…

Si los hechos fueron conocidos desde que sucedieron, ¿qué hizo, por ejemplo, el C5 de Nuevo Laredo [9]? Según la CNDH, recibió llamadas casi al momento: tres de civiles, una de un soldado y otra de una trabajadora social del hospital donde atendieron al herido (pfo. 71). La llamada del soldado fue a las 15:33:38, dos minutos después de que llegaran los paramédicos (15:33:31) … ¿Qué dijo? ¿Abonó a la teoría falsa de la muerte tras un enfrentamiento? 

La CNDH también indica que desde el ámbito procesal civil se sabían los hechos, y considera a un perito de la FGR responsable de la teatrera escenificación, junto con los militares. El Informe Policial Homologado (IPH), en el que tenemos que fijarnos para una primera visión de los hechos por las autoridades implicadas, resultó un peritaje equivocado, al convalidar la falsa relación de causalidad narrada por soldados (pfo. 128-132). Esto suscita otras preguntas de calado: La falsedad, ¿fue por cooptación, inercia, ignorancia, coacción? ¿Cuántas autoridades responsables están conchabados con autoridades castrenses o con instituciones delincuenciales? Es decir, la CNDH falla si desconecta hechos que está viendo en cada recomendación; yerra si dibuja una situación aislada, in vacuo. Imaginen recomendaciones similares y cíclicas, año tras año. No imaginen: Así es.

f)  Se sabe qué sucede, dónde, quiénes. Pero no cómo afrontar a quienes delinquieron, cómo evitar que suceda eso en tal lugar, y se repita, y qué hacer (procesar, investigar, acumular) con el caudal de información. En cambio, las respuestas de fondo son circulares, por tautológicas…

Una de las conclusiones de la CNDH es instar a las autoridades responsables a que estudien sobre cómo operar policialmente en contextos urbanos [10]. Esto roza el ridículo y si no temiera que se me congelara la sonrisa de pena, me reiría. Estamos hablando de militares que deciden en instantes sobre su propia seguridad — en situaciones de tensión y peligro de muerte, como las que se viven en la franja fronteriza noresteña —; soldados parte de un contexto de inercias, incentivos y asunciones que convalidan esos hechos, y que los seguirán convalidando ad nauseam, salvo cierre de estos ciclos y atmósferas de violencia.

Igualmente, cualquier soldado que lea esto sabrá que la cuestión no es su formación académica policial, ni la asunción del articulado penal o constitucional sobre derechos humanos. Una apelación absoluta a la ética o a los valores (¿no hay choques entre valores contradictorios? Los únicos valores absolutos son los celestiales, y lo son porque no existen) es una inexcusable ignorancia o mala fe, del tipo cínico o ingenuo de decir: 

«Ustedes hagan como que están formándose y nosotros, ante cada nueva ejecución extrajudicial o desaparición forzada, les pediremos que se formen aún mejor». 

No niego la utilidad de más reflexiones, siempre que impugnen los formalismos asumidos acríticamente. Por ejemplo, «formémonos», platiquemos —¿con qué incentivos a nivel de acuerdo de Estado?— de por qué se mata, si es por peligro, inercia o política, y qué órdenes instauran lo militar, lo clientelar, lo delincuencial, y por qué perviven. 

Estoy pensando en cuestiones acuciantes que, por desgracia, seguimos sin conocer. Entre otras, de muchas más, están la relación (patrones, modus operandi… Incluso si la política no fuese la de “matar en caliente”, sino la de presentar como enfrentamientos lo que es un uso desproporcionado de la fuerza, también requiere explicitarse) entre los distintos casos que deberíamos conectar —para no pensarlo aisladamente— en un “contexto Nuevo Laredo” de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otros delitos. 

A su vez, ¿cómo funciona el orden local, en esta ciudad y en otras donde la presencia militar, por ser el reverso de grupos o facciones especialmente peligrosas, es ya consustancial al orden público? A todos nos llegan órdenes de fondo —llamarlos “paralelos” es muy gráfico, pero ocultaría el rol del individuos vinculados al organigrama estatal en distintos niveles— donde la violencia expedita y los arreglos entre la informalidad y la ilegalidad mantienen una calma tensa que conserva intacta la fuerza armada de quienes se aseguran garantes de esa estabilidad… Incluso cometiendo los crímenes más deleznables. 

Es evidente que estamos ciegos sobre muchos aspectos de estos órdenes y para paliar la ceguera debemos platicar con quiénes los aseguran o los tuercen [11]. ¿Se está dispuesto a establecer foros públicos donde podamos entender, realmente, los vínculos que mantienen estos órdenes con los recurrentes enfrentamientos, emboscadas, masacres y desapariciones? 

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*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.

El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.

Jesús Pérez Caballero es Profesor-Investigador (Investigadores por México) adscrito a El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I), es Doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED, Madrid, España). Su último libro es El delito de halconeo (Tirant lo Blanch, 2023). Web: https://archive.org/details/@jpcaballero 

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.

Referencias

[1] El término exacto sería «privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego», según el pfo. 80 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendacion 119VG/2023, 31 de julio de 2023 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-08/RecVG_119.pdf 

La CNDH estructura sus recomendaciones en párrafos. Para agilizar la lectura y que la parte a la que me refiero específicamente se consulte con mayor facilidad, me remitiré a estos párrafos (pfos.).

[2] La recomendación CNDH parte — seguramente para no levantar sospechas de influencia extranjera — de la nota que publicó el mexicano Proceso ese 6 de junio: Campos Garza, Luciano, «Video exhibe una supuesta ejecución extrajudicial de la Sedena en Nuevo Laredo», Proceso.mx, 6 de junio de 2023, https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/6/6/video-exhibe-una-supuesta-ejecucion-extrajudicial-de-la-sedena-en-nuevo-laredo-308333.html , en la que se asegura que el semanario tiene el video en su poder. En medios se daba que la exclusiva fue del español Ferri, Pablo, «Malos tratos y militares disparando a civiles: un vídeo muestra una aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo», El País, 6 de junio de 2023, http://web.archive.org/web/20230606230548/https://elpais.com/mexico/2023-06-06/malos-tratos-y-militares-disparando-a-civiles-un-video-muestra-una-aparente-ejecucion-extrajudicial-en-nuevo-laredo.html y, de la cadena estadounidense en español Univisión, Reyes, Gerardo, «Militares persiguen y detienen presuntos narcos que acaban muertos en condiciones que ponen en duda actuar de los soldados», Univisión, 6 de junio de 2023, https://www.univision.com/shows/noticiero-univision/militares-persiguen-y-detienen-presuntos-narcos-que-acaban-muertos-en-condiciones-que-ponen-en-duda-actuar-de-los-soldados-video 

El tramo temporal relevante son las casi dos horas (14:36:18-16:29:09) de ese 18 de mayo (pfo. 58). El video comienza con un choque con un muro de un vehículo perseguido, al que choca otro del ejército. Durante diez minutos, los soldados someten a los capturados — cuatro mexicanos y un hondureño — y alternan acciones de resguardo (vendan a uno), con refuerzo del dominio (se los patea). Pero tras este lapso, hay una confusión — sin ella, ¿habría habido asesinatos extrajudiciales? —. Parecen ser disparos desde la maleza (del video no queda claro, ni se ve a nadie acercarse; sí se ve la posición de los militares como resguardándose). Es en el continuo de siete minutos (14:47-14:55) de algo así como un enfrentamiento cuando matan a los rendidos. Los soldados dirán, algo contradicho por pruebas, que por temer que los muertos escaparan y/o agarrasen un arma.

[3] Cano, Joel, «La FGR tuvo el video de la ejecución militar en Nuevo Laredo, pero le preocupaba su divulgación», Infobae, 29 de junio de 2023, https://www.infobae.com/mexico/2023/06/29/la-fgr-tuvo-el-video-de-la-ejecucion-militar-en-nuevo-laredo-pero-le-preocupaba-su-divulgacion/ 

Aunque sea habitual, no deja de llamar la atención que hubiera interrogatorios en espacios que pueden fomentar la intimidación de los testigos. La CNDH recoge que se realizaron, el 26 de junio, 16 entrevistas a 17 soldados, en el Campo Militar 1 de CDMX, «todos elementos del 5/o. Batallón de Fuerzas Especiales con sede en el Estado de México» (pfo. 19). Más adelante, se nos dice que era la cárcel militar (pfo. 65). Dada la habitualidad de este tipo de casos, surgen preguntas sobre la posibilidad de entorpecer el proceso o resolverlo en términos de responsabilidades aisladas.

[4] Esa recreación tampoco es la única. Podría agregarse, por ejemplo: «Otra vez los soldados, en su campaña de exterminio sistemático, asesinan extrajudicialmente a jóvenes supuestamente ligados a un grupo criminal». En el caso analizado, nos falta saber si una política los amparaba, o si lo que se hizo fue fruto del momento o un tacticismo para que pareciese fruto del momento. El problema es que estas hipótesis de investigación ni siquiera se plantean por las autoridades procesales o políticas, volviendo a poner, por así decirlo, «el contador en ceros» con afirmaciones como que nunca más se tolerarán acciones de ese tipo y que son parte del pasado, como si el spoil system o clientelismo de los ritmos de los cambios electorales fuesen los mismos de las instituciones castrenses. Al contrario: Estas se caracterizan por una continuidad transexenal que, para bien y para mal, son el esqueleto del Estado mexicano actual.

[5] Animal Político, «Reportan bloqueos en Nuevo Laredo, Tamaulipas; alcaldesa pide no salir a las calles», 18 de mayo de 2023, https://www.animalpolitico.com/estados/bloqueos-nuevo-laredo-tamaulipas-alcaldesa 

[6] ¿Qué sucede cuando a los soldados los rotan habitualmente y, como dice la prensa, quienes estuvieron sometidos a esa situación de peligro, llevaban solamente en el terreno desde abril, esto es, un mes, en un contexto tan duro y difícil de leer como el neolaredense? 

[7] En el pfo. 62 leemos «al militar que coloca primero un arma por medio de una bolsa [en el pfo. 63 se dirá «trapo»] de color rojo a un civil». Luego se dirá que son varias las acomodaciones de armas (pfo. 63).

[8] Ferri, Pablo, «Uno de los militares de los asesinatos de mayo en Nuevo Laredo: “Identifico al sargento disparando a los civiles que están en el muro”», El País, 28 de junio de 2023,  http://web.archive.org/web/20230630092434/https://elpais.com/mexico/2023-06-28/uno-de-los-presuntos-asesinatos-de-mayo-en-nuevo-laredo-identifico-al-sargento-disparando-en-direccion-a-los-civiles-que-estan-en-el-muro.html , sección “D. V., el coronel Aldape y la denuncia”.

[9] Se trata de las siglas para el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia, un organismo que monitorea en tiempo real las emergencias, incluidas las de seguridad.

[10] «[E]lementos 5/o. Batallón de Fuerzas Especiales del Estado de México, así como al personal de la Base de Operaciones Laguito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que participe en tareas de seguridad pública en esas ciudades, que incluyan como materia el patrullaje urbano» (pfo. 173).

[11] No existen fórmulas mágicas, pero sí ejemplos para obtener lo criticable y lo reconducible a la violencia más grave mexicana. Por ejemplo, se pueden sopesar los problemas recientes en el contexto urbano de Medellín (Colombia) cuando se pretende que delincuentes encarcelados participen en la disminución de la violencia. Sobre todo, con qué marco jurídico nos dotamos. Véase Verdad Abierta, “¿Verdad sin delación? El dilema del proceso de paz total urbana en Medellín”, 7 de septiembre de 2023, https://verdadabierta.com/verdad-sin-delacion-el-dilema-del-proceso-de-paz-total-urbana-en-medellin/ 

***Foto de portada: Captura de pantalla tomada del video donde se muestra cómo un grupo de soldados realiza acciones violentas en contra de cinco personas presuntamente ligadas al crimen organizado.