La afrenta de la CNDH contra las familias de Ayotzinapa al defender al Ejército no es fortuita, sino una política de Estado avalada desde la imposición de Rosario Piedra en el organismo

Elia Almanza*

Frente a la reciente recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum pretende, otra vez, permear la idea ante la opinión pública de que el organismo es autónomo y que ella desconocía tanto el contenido como la publicación del documento. Sin embargo, la mandataria federal debe asumir su responsabilidad por una CNDH totalmente plegada al poder, y con una titular impuesta desde el propio ejecutivo y sus operadores en el Senado de la República.

Aunque es verdad que no se podía esperar mucho más de la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, quien desde que llegó a su primera gestión en 2019 se alineó por completo a una narrativa morenista, es necesario no dejar de sorprenderse. La forma es fondo y, en este caso, una ventana que, por primera vez, permite asomarse detalladamente al nivel de protección e impunidad que el gobierno está dispuesto a dar a las fuerzas armadas.

La madrugada del 13 de noviembre de 2024, Piedra Ibarra tomó protesta por un segundo mandato al frente del organismo. El momento se consumó tras días de conversaciones encabezadas por el Senador Adán Augusto López con las y los legisladores de su bancada -quienes en su mayoría rechazaban la reelección por incumplir con los requisitos de idoneidad- para convencerles y, finalmente, exigirles considerar a la candidata peor evaluada.

Fuentes que estuvieron presentes en los trabajos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara alta, confirmaron en ese momento a esta reportera que, a pesar de que había una importante división morenista, se impusieron “consideraciones políticas” y el tabasqueño operó para “subir” a la terna final a Rosario Piedra, aun cuando en la evaluación, a la que también se tuvo acceso y se publicó en su momento, la colocaba en el último lugar con el peor puntaje:

Y así fue. De acuerdo con la evaluación de las comisiones, quienes tuvieron la mayor puntuación fueron Nashieli Ramírez Hernández, entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia; y la activista Paulina Hernández; sin embargo, con la operación de Augusto López, se bajó a Tania Ramírez para que su lugar en la terna fuera ocupado por la aspirante de menor puntuación en todos los indicadores: Rosario Piedra.

Ya con la nueva terna, un grupo importante de legisladoras y legisladores, se inclinaba por Ramírez Hernández, otro perfil cercano al partido en el poder y que, de acuerdo con las fuentes consultadas, la favorita desde la presidencia para hacer un “cambio”, por lo menos de nombre, en la CNDH; pero hubo un viraje determinante.

El cabildeo en los pasillos del Senado se reforzó y ahora la instrucción no sólo era que apareciera en la terna, sino que además ganara la reelección, instrucción que venía “desde el más alto poder”. Pese al descontento público de algunos senadores, todos y todas, sin excepción, se alinearon. Mediante votación por cédula,  la actual presidenta de la CNDH obtuvo la mayoría calificada con 87 votos a favor, todos ellos del partido Morena y sus aliados.

Pero, ¿por qué Piedra de nuevo y no Ramírez, como se contemplaba con la terna modificada? Algunos periodistas y medios de comunicación señalaron la “línea Palenque”, haciendo alusión a una posible imposición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en un supuesto retiro político. Una idea que, he dicho y mantengo, no comparto.

Las mismas fuentes me confirmaron que la presidenta Claudia Sheinbaum no vio mal la reelección de Piedra Ibarra. ¿Por qué? Aquí hay que hacer zoom al “estado de confort” que representa la actual presidenta de la CNDH para algunas instituciones y en temas clave como el abuso de la fuerza militar y el silencio ante ello que vino mostrando desde su primera gestión. Su trayectoria era idónea para estos fines.

De esta forma, aseguraron por 5 años más a una aliada política al frente de la CNDH. Rosario Piedra Ibarra, psicóloga de formación, milita en el partido Morena desde el año 2018, cuando fue candidata a una diputación federal por el Distrito 10 de Nuevo León. Tiempo después se desempeñó como secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.

Su involucramiento en la política tiene como origen la lucha y activismo de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la defensa de los derechos humanos y quien fue reconocida y hoy recordada por ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República y por fundar el Comité ¡Eureka!, una de las primeras organizaciones de madres dedicadas a buscar a personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”.

Su exigencia de justicia por la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra, miembro del grupo armado de izquierda “Liga Comunista 23 de septiembre”, en abril de 1975, marcó el camino al denunciar la responsabilidad del Estado en estos hechos y principalmente del Ejército. 

Este legado, hoy en día, de acuerdo con familias buscadoras y organizaciones de la sociedad civil, ha quedado manchado con el actuar de su hija, lo que se confirma con la recomendación del caso Ayotzinapa publicada recientemente.

En ésta, a lo largo de sus más de 850 páginas, el organismo a cargo de Rosario Piedra exime de cualquier responsabilidad al Ejército y desacredita la participación, investigación e informes realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión de la Verdad Para del caso Ayotzinapa (CoVAJ).

De acuerdo con esta versión de la CNDH, no existen evidencias que acrediten el involucramiento del Ejército como institución, y que “suponiendo que haya sido así”, tampoco estaba dentro de sus facultades dicha participación, por lo que habría que revisarse de manera específica. Frente a ello, asegura que ha habido una intención de culpar a las fuerzas armadas.

Define como “Anti-verdad histórica” a una narrativa “igual de nociva” que, en el afán de desestimar la denominada “verdad histórica” se empeña en señalar al Ejército, como responsable de los hechos: 

“Es importante señalar que, como parte de las investigaciones que han dado lugar a la presente recomendación, hemos tenido que superar no solamente resistencias e intentos de manipulación de la información, incluso internamente, sino los prejuicios generados por una narrativa tan nociva como la “Verdad Histórica”, la narrativa de la “Anti-Verdad Histórica” presente en los Informes del GIEI y en los dos primeros informes de la CoVAJ-Ayotzinapa, así como en multitud de artículos periodísticos, libros, películas y reportajes televisivos que, lejos de buscar la verdad llana que merecen las víctimas y todo el pueblo de México, han sido muy útiles para alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército; y en demostrarlo, se han desgastado esfuerzos y recursos por más de 10 años”.

Así de claro y sin simulaciones. Desacredita también a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, acusando de injerencia sus acciones y a las organizaciones que acompañan a las familias, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Tlachinollan, y FUNDAR, quienes, señala, fueron clave en la supuesta manipulación de las víctimas a fin de generar presión contra el gobierno en turno.

Pero de lo que no habla, es de la opacidad y resistencias que siempre ha habido para la entrega de información por parte de la fuerza castrense. Esta Recomendación ignora por completo las demandas de madres y padres de los 43 normalistas, para convertirse en la principal defensora del Ejército: al exonerarlo de cualquier responsabilidad en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se concretan los fines de aquella imposición desde los pasillos de la cámara alta. Para esto la querían. 

Pretender ahora, desde la tribuna más importante como lo es la mañanera, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es autónoma, no sólo es una falacia, sino lo más importante, es una burla para las madres y padres de los 43 jóvenes víctimas de desaparición forzada, que hoy, a casi 12 años de los hechos, siguen sin verdad ni justicia.

Si esto sucede en uno de los casos más dolorosos y “emblemáticos” de violaciones graves a derechos humanos, con una activista cuya madre, la señora Rosario Ibarra de Piedra encabezó una lucha contra el abuso de la fuerza militar, ¿qué podrían esperar el resto de las víctimas de este país?

Hoy esta CNDH acusa a organismos internacionales y organizaciones nacionales de orquestar la “Anti-verdad histórica” y manipular a las familias. Nunca antes se estuvo tan cerca del espaldarazo a la versión priista de personajes como Enrique Peña Nieto o Jesús Murillo Karam. ¿Qué sigue? ¿Qué más tienen que aguantar las familias de un gobierno que pretende lavarse las manos en aras de una supuesta autonomía? La imposición tiene costos que se deben asumir.

*Foto de portada: Acción global por Ayotzinapa, 2024. Emiliano Molina/ObturadorMX