Capítulo 4

Presuntos Culpables

En algunos casos fueron presentados con el acostumbrado despliegue mediático del gobierno de Felipe Calderón, cuando pretendía convencer que ganaba su “guerra contra el narcotráfico”. Pero a la mayoría de los responsables de la masacre de 72 migrantes en San Fernando no se tiene noticia, el silencio a su alrededor ha sido bordado con versiones contradictorias de las autoridades o expedientes interminables que consignan otros delitos distintos a esta matanza.

La primera captura de la que se tuvo conocimiento fue anunciada el 24 de agosto de 2010 por la Secretaría de Marina, en el mismo comunicado donde se relataban los hechos que llevaron al hallazgo de los 72 migrantes. Ahí mismo se informó del abatimiento de tres sujetos más. Dos semanas después, el 8 de septiembre, se comunicó sobre la detención de otros siete hombres y el hallazgo de tres cuerpos masculinos, que fueron “identificados por el sobreviviente hondureño como coparticipes de los hechos”, aseguró el entonces vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré.

Tuvieron que pasar siete meses más y el hallazgo de 196 cuerpos de personas torturadas hasta la muerte y abandonadas en fosas clandestinas, para que los presuntos autores principales de la masacre fueran aprehendidos, entre ellos: Salvador Martínez Escobedo “La Ardilla”; Edgar Huerta Montiel, “El Wache” y Martín Estrada Luna, “El Kilo”. También fueron detenidos 18 policías de San Fernando, acusados, entre otras cosas, de detener y entregar víctimas a Los Zetas.

Sin embargo, a cinco años de la tragedia no está claro el papel que jugaron las personas detenidas, que fallecieron en prisión o en enfrentamientos, ni tampoco cuántas faltan por aprehender. No se conoce el estado del juicio en su contra, si recibieron alguna sentencia en prisión o si en verdad fueron detenidas; como presumió la Procuraduría de Tamaulipas en el caso de Ramón Ricardo Palomo Rincones, El Coyote, quien habría sido coautor de la masacre y fue capturado en agosto de 2013, según la fiscalía. Este sujeto continuaba en la lista de los delincuentes por quien se ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos, al menos hasta dos años después de su supuesta aprehensión.

Las dudas sobre el caso se imponen. ¿Cuántos son los culpables de la peor masacre de migrantes conocida en la historia reciente de México? ¿Son todos miembros de Los Zetas y policías del municipio? ¿Hay otros involucrados de los que no se habla, o se esconde su participación?

Aunque la responsabilidad no se reduce sólo a quienes actuaron directamente para cometer los asesinatos –pues el estallido atraviesa todos los niveles del Estado mexicano, e incluso, la ola expansiva de este doloroso episodio deja al descubierto las violencias que desde los lugares de origen de las víctimas atraviesan sus vidas, y los motivan al desplazamiento forzado– en este capítulo nos centraremos en aquellos que apuntaron sus armas, dejando un cráter de tristeza imposible de sanar en las víctimas directas e indirectas, una herida abierta en quienes habitamos este país y un episodio más de horror en la historia de la humanidad.

Salvador Martínez Escobedo “La Ardilla”

El 6 de octubre de 2012, Salvador Alfonso Martínez Escobedo –también conocido como Carlos García– fue capturado por la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dos días después fue presentado ante los medios de comunicación.

Según la versión leía por el entonces vocero de aquella institución, José Luis Vergara Ibarra,  “La Ardilla”, con 31 años de edad en ese momento, era originario de Nuevo Laredo e inició su vida criminal como halcón para el Cartel del Golfo y Los Zetas. En 2007 fue capturado y encarcelado en Coatzacoalcos, Veracruz, pero en 2008 un grupo armado lo liberó junto con otros cinco reos.

Durante 2010, después de la ruptura de Los Zetas y el Cartel del Golfo, Martínez Escobedo fue enviado a Tamaulipas como jefe regional del estado con “20 estacas” para disputar la región de Ciudad Victoria a sus antiguos aliados. 

Investigaciones periodísticas posteriores dieron a conocer la declaración de Edgar Huerta Montiel, jefe de plaza de los Zetas en San Fernando, detenido en junio de 2011. En sus declaraciones expone que fue Martínez Escobedo quien dio la orden para terminar con la vida de 72 personas migrantes en una bodega abandonada en el rancho El Huizachal, en ese municipio tamaulipeco.

Además a  Martínez Escobedo se responsabiliza por el secuestro y asesinato de 196 personas halladas en fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, donde algunos de los cuerpos identificados pertenecían también a personas migrantes, mexicanas y centroamericanas. 

A pesar de que durante la presentación de “La Ardilla” ante la prensa se mencionó en tres ocasiones su responsabilidad intelectual en el asesinato de los 72 migrantes, tras diez años de este crimen y ocho de su captura, no ha sido consignado por su participación en estos hechos ni por las muertes de las 196 personas halladas en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.

Por su información que llevara a su captura se ofrecían 15 millones de pesos.

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro
  • Violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos
  • Autoría intelectual de la muerte de 72 indocumentados localizados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010
  • Homicidio de 320 personas
  • Homicidios del estadunidense David Michael Hartley, cometido el 30 de septiembre de 2010, en la presa Falcón, en Nuevo Laredo y del comandante de la policía ministerial de esa localidad, Rolando Flores Villegas
  • Autoría intelectual de la fuga de 282 reos

Detenido en:

Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Édgar Huerta Montiel “El Wache”

Édgar Huerta Montiel tenía 22 años cuando fue detenido junto a su pareja, Brenda Infante Acevedo, por la entonces Policía Federal en Fresnillo, Zacatecas, el 16 de junio de 2011.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, se le identificó como brazo derecho de Salvador Martínez Escobedo, “La Ardilla”; jefe de plaza de San Fernando, Tamaulipas; y jefe de Martín Omar Estrada Luna, “El Kilo”. 

También se señaló su presunta culpabilidad como coordinador del secuestro y asesinato de 72 migrantes y de haber ultimado personalmente a 10 centroamericanos, además de haber ordenado “el plagio de al menos 6 autobuses de pasajeros” y la tortura, asesinato e inhumación de las víctimas en fosas clandestinas.

Después de la detención, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) distribuyó un video a los medios de comunicación con una declaración de Huerta Montiel, en la que expone que es originario de la Huacana, Michoacán, y que formó parte del ejército pero desertó para integrarse a Los Zetas, entre otros datos.

Según una publicación del diario La Jornada, funcionarios de la SSP declararon de manera anónima que Huerta Montiel “mencionó que es posible que se hayan cometido al menos otros 600 crímenes, en los cuales las víctimas fueron sepultadas de manera clandestina”.

La averiguación previa abierta para dar seguimiento a su investigación es: PGR/SIEDO/UEIDICS/197/2011 

Delitos de los que se le acusa:

  • Presunto coordinador del múltiple homicidio de migrantes en San Fernando
  • Delincuencia organizada
  • Portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea
  • Delitos contra la salud, por la posesión de marihuana con fines de comercialización

Recluido en:

A mediados de septiembre de 2012 “El Wache” fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social N. 3 “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, éste cerró definitivamente a finales de 2020, tras permanecer cinco años cerrado por remodelación, según se expuso en una publicación de El Mañana, por lo que se desconoce el lugar en el que se encuentra actualmente.

Martín Omar Estrada Luna “El Kilo”

Martín Omar Estrada Luna –también aparece como de la Luna o de la Mora– fue detenido por la Secretaría de Marina el 16 de abril de 2011, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras el hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando. Según una publicación de la revista Proceso este sujeto vivió en Estados Unidos, donde cometió diversos delitos y fue catalogado por un policía como “narcisista y extremadamente violento”.

Según el Comunicado 130/2011 de la Secretaría de Marina, Estrada Luna era el presunto jefe de Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, y se le responsabilizó por su probable participación en el asesinato de cientos de personas halladas en fosas clandestinas en ese mismo municipio y por la muerte de Roberto Jaime Suárez Vázquez, agente del Ministerio Público y Juan Carlos Sánchez Suárez, Secretario de Seguridad Pública de San Fernando. Además, por la masacre de los 72 migrantes.

Un día antes de su detención se publicó en el  Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/038/11, que establecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien ofreciera información que llevara a su captura.

La averiguación previa que se integró por su detención fue la AP/PGR/SIEDO/UEIS/234/2011, según el Comunicado 130/2011.  

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Homicidio
  • Privación ilegal de la libertad

Recluido en:

Centro Federal de Readaptación Social N. 5, en Villa Aldama, Veracruz

Juvenal Bulciaga Venegas “El Alacrán”

Juvenal Bulciaga Venegas fue detenido y se encuentra recluido en el Cefereso N. 4 en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso N. 5 en Villa Aldama, Veracruz, según datos de la Fundación Justicia y Estado Democrático de Derecho. Sin embargo, no hay información oficial donde se hable o se ofrezca claridad sobre cómo, quién y cuál fue el día de su detención.

En marzo de 2012, en el blog Chuynews, se dijo que había sido asesinado en San Fernando por integrantes del Cartel del Golfo, pero la información sólo quedó en rumores. En abril de 2015 una publicación del diario 24 horas, hizo referencia de la misma información.

El 31 de enero la Procuraduría General de la República ofreció hasta 8 millones de pesos a quien ofreciera información por su captura, recompensa que sigue vigente en www.recompensas.gob.mx. 

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
  • Corrupción de personas menores de 18 años
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano 

Recluido en:

No se tiene claridad sobre si se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social N. 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Centro Federal de Readaptación Social N. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.

Eduardo Rico Pérez

Es originario de Veracruz. Fue el primer y único detenido el 23 de agosto de 2010, día en que la Secretaría de Marina acudió a la bodega donde sucedió la masacre de los 72 migrantes, en el enfrentamiento murieron otros tres presuntos delincuentes según relata el Comunicado 216/2010, publicado un día después (En el comunicado no se indica la fecha de los hechos, sin embargo, en una conferencia de prensa del vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, señala que la captura se realizó el 23 de agosto). 

Al ser detenido indicó ser menor de edad, pero según el Boletín 1040/10 (ya no disponible en la página oficial de la Fiscalía General de la República), “a través de una certificación médica se pudo constatar que cuenta por lo menos con 18 años de edad”. En una publicación de La Jornada se expuso que participaba en la organización de Los Zetas como enganchador de migrantes. 

Su proceso judicial se sigue en la Averiguación Previa AP/PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010 (Boletín 1189/10 de la PGR, ya no disponible de manera oficial).

Delitos de los que se le acusa:

  • Presunto integrante de la organización criminal Los Zetas, en la cual participaba como enganchador de migrantes. 
  • Delincuencia organizada 
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano 
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
  • Corrupción de personas menores de 18 años 
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano 

Recluido en: 

El 16 de octubre de 2010 se anunció que Pérez Rico y otros siete detenidos por el caso de los 72 migrantes ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social N. 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit y al Centro Federal de Readaptación Social N. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.

Víctor Alfonso Reséndez Zertuche “El Vico”

Edgar Sesma Vega “El Tigre” 

José Gustavo Blanco Padilla “Pizarrón” 

Juan Manuel Cano Hernández “La Bella” 

Fueron detenidos el 3 de septiembre de 2010 “durante un recorrido terrestre a 22 kilómetros de San Fernando, Tamaulipas”, según el Comunicado 228/2010 de la Secretaría de Marina. Durante la captura fueron liberadas tres personas víctimas de secuestro y se encontró una fosa clandestina con dos cadáveres. 

Además, dentro del Comunicado 1189/10 de la Procuraduría General de la República (ya no disponible en la página oficial) se reporta que durante la detención, estos sujetos se encontraban en posesión de “dos pasaportes brasileños, una cédula de identificación salvadoreña, un pasaporte hindú y una cédula de vecindad guatemalteca”. También se les hallaron tres vehículos, armas de alto calibre y equipo de comunicación y protección balística. 

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada 
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
  • Corrupción de personas menores de 18 años 
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano 

 Recluidos en:

El 16 de octubre de 2010 se anunció que Reséndez Zertuche, Sesma Vega, Cano Hernández, Blanco Padilla  y otros cuatro detenidos por el caso de los 72 migrantes, ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social N. 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit y al Centro Federal de Readaptación Social N. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.

Jesús Vargas Rodríguez “El Chuy”

Manuel Vázquez Chávez “El Carlitos”

Jesús García Alfaro “El Chalino”

Fueron detenidos el 7 de septiembre de 2010 por la Secretaría de Marina. 

Sobre ellos y su detención solamente hay dos referencias oficiales: 

La primera sucedió un día después de su captura, durante una conferencia de prensa del entonces Vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, donde hace un recuento de las detenciones de presuntos culpables por el caso de los 72 migrantes y expone que: “en recorridos de la Marina por la zona de San Fernando, se aseguraron otros tres presuntos integrantes del crimen organizado”. 

La segunda mención sobre su detención fue el 16 de octubre de 2010 en el Comunicado 1189/10 (ya no disponible en la página oficial de la FGR), donde lo único que se indica es que “Finalmente, el 7 de septiembre, en las inmediaciones del referido municipio, elementos de la Marina detuvieron a tres personas más”.

Después de estos dos comunicados no hay más información sobre el perfil criminal de estos sujetos, su captura o su proceso penal.

La averiguación previa abierta por estas detenciones es AP/PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010.

Delitos de los que se les acusa:

  • Probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada 
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas … 
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, portación de armas de fuego y posesión de cartucho de uso exclusivo de las fuerzas armadas 
  • Corrupción de personas menores de 18 años Homicidio con modificativa agravante de ventaja en grado de tentativa en agravio de Luis Fredi Lala Pomavilla Homicidio calificado por 72 personas.

Recluidos en:

El 16 de octubre de 2010 se anunció que Varga Rodríguez, Vázquez Chávez, García Alfaro y otros cinco detenidos por el caso de los 72 migrantes ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social N. 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit y el Centro Federal de Readaptación Social N. 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.

Saraí Fabiola Díaz Arroyo “La Muñeca”

Era pareja de Martín Omar Estrada Luna, según se informó durante una conferencia de prensa el 26 de abril de 2011, donde Maricela Morales, entonces Procuradora General de la República (PGR) y Alejandro Poiré, anunciaron su detención y la de otros sujetos implicados en el caso de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. 

Fabiola Díaz Arroyo se entregó el 17 de abril de 2011, un día después de la captura de Estrada Luna y a dos días de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/038/11, donde se ofreció 5 millones de pesos por informes que llevaran a su detención.

En diversos medios de comunicación se resaltó que fue entregada por su madre para cobrar la recompensa, sin embargo, en Noroeste y Metatube se señaló que Ricardo Nájera Herrera, entonces vocero de la PGR, aseguró que su madre no reclamó la recompensa. En el diario La Jornada, se indicó que al entregarse “La Muñeca” se declaró inocente y que continuaría en arraigo hasta que se aclarara su situación, no obstante, hasta la fecha no hay claridad respecto a el proceso penal de ninguno de los detenidos.

Delitos de los que se le acusa:

Delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína y marihuana.

Recluida en:

Penal de Nayarit

Abraham Barrios Caporal “El Erasmo”

El 28 de junio de 2011 fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, Abraham Barrios Caporal de 26 años. En el comunicado emitido por la Secretaría de Defensa Nacional tras su captura, se indica que Barrios Caporal señaló haber sido segundo al mando de Martín Omar Estrada Luna y haber participado en el asesinado e inhumación clandestina de cuerpos en San Fernando, Tamaulipas.

Al ser capturado “El Erasmo” y otros tres sujetos vigilaban a una persona que mantenían secuestrada. 

Según sus declaraciones, después de la detención de Martín Omar Estrada Luna, integrantes de su grupo delincuencial abandonaron San Fernando, Tamaulipas para  evitar ser atrapados.

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro
  • Privación ilegal de la libertad en la modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
  • Corrupción de personas menores de 18 años
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla
  • Homicidio calificado de 72 personas de origen centroamericano

Recluido en:

Centro Federal de Readaptación Social N. 5 “Oriente”, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

Román Ricardo Palomo Rincones “El Coyote”

El 25 de agosto de 2013, diversos medios de comunicación informaron acerca de la captura de Román Ricardo Palomino, y otros dos sujetos, según un comunicado del Grupo Coordinación Tamaulipas (ya no disponible).

Entre esas publicaciones, el medio Sin embargo expone que Palomo Rincones “era considerado por el Gobierno mexicano como un hombre extremadamente peligroso”, de los autores principales de la masacre de 72 personas migrantes en agosto de 2010 y del asesinato de al menos 190 personas más en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas.

Dos años después, en marzo de 2015 el líder del grupo criminal Los Zetas, Omar Treviño Morales alias Z-40, fue capturado. A pesar de que, supuestamente, Román Ricardo Palomo Rincones ya había sido detenido, publicaciones en medios como Excelsior y López Dóriga lo mencionaban como uno de los personajes que podría disputar el liderato de ese grupo del crimen organizado.

Más allá del comunicado de agosto de 2013 sobre su presunta captura, no hay más información que clarifique la situación de este sujeto, cómo y dónde fue detenido y en qué prisión se encuentra recluido. Debido a la falta de transparencia, las dudas sobre su detención se hacen evidentes para quienes han seguido las masacres de San Fernando, como lo exponen los datos de la Fundación Justicia y Estado Democrático de Derecho, que estima que podría seguir en libertad.

Por información que llevara a su detención se publicaron dos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación: el primero el A/009/11, después de la masacre de 72 migrantes, en el que se ofrecieron 8 millones de pesos. El segundo el A/038/11, después del hallazgo de fosas, que aumentó en dos millones de pesos la recompensa por su captura.

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
  • Corrupción de personas menores de 18 años
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano

Recluido en:

Aparentemente continúa en libertad.

Alejandro “Omar” Treviño Morales “Z-42”

Alejandro Omar Treviño Morales alias “Z-42”, fue detenido la madrugada del 4 de marzo de 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

Era considerado el líder de Los Zetas desde la aprehensión de su hermano Miguel Ángel Treviño en julio de 2012 y un hombre extremadamente violento, vinculado a diversos crímenes, entre ellos la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010 y de Allende, Coahuila, en marzo de 2011 y el hallazgo de cientos de cuerpos en Fosas clandestinas en abril de 2011.

Unos días después de su captura, una publicación de La Jornada alertó sobre un amparo promovido por los abogados de el “Z-42”, por el cual las autoridades federales se vieron obligadas a eliminar cualquier información de Omar Treviño en sus medios oficiales por haber violado el principio de presunción de inocencia, este error, asegura el diario, pudo haber derivado en su liberación.

Otros amparos que el “Z-42” ha promovido han sido para impedir ser extraditado (a pesar que desde 2015 el gobierno de Estados Unidos mostró interés en su extradición, lo cual no ha prosperado) y también para evitar ser trasladado del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, a cualquier otro penal del país (aunque en 2016 fue trasladado al penal de Ocampo, en Guanajuato, sin embargo, fue devuelto a el Altiplano sólo dos meses después)

En julio de 2019 se informó que Alejandro Omar Treviño Morales fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de portación de armas de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por información que llevara a su captura el Gobierno mexicano ofrecía treinta millones de pesos y el Gobierno de Estados Unidos cinco millones de dólares.

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia Organizada
  • Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Recluido en:

Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México

José Guadalupe Reyes Rivera “El Sasi”

El 30 de marzo de 2015 fue capturado José Guadalupe Reyes Rivera “en un taller mecánico ubicado en la colonia Camino al Pueblo, municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, según informó la Comisión Nacional de Seguridad por medio del Boletín n. 97.

Además del comunicado, no ha habido más información que permita conocer la situación de Reyes Rivera. 

Por información que llevara a su captura se ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos.

Delitos de los que se le acusa:

  • Delincuencia organizada
  • Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
  • Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
  • Corrupción de personas menores de 18 años
  • Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano

Recluido en:

Según el comunicado, Reyes Rivera fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social N. 3 “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, éste cerró cinco años por remodelación y a finales de 2020 fue cerrado definitivamente, por lo que se desconoce el lugar en el que se encuentra en la actualidad.

18 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas

El primer documento oficial que la PGR fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto que policías municipales estaban al servicio de Los Zetas: participaron en el secuestro de los 72 migrantes en 2010 y las desapariciones de decenas de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas donde se encontraron hasta 193 cuerpos en 2011.

De acuerdo a los datos de la PGR, estos policías realizaron para los criminales labores de “halconeo” (vigilancia) e intercepción y entrega de personas.

Los sujetos que la Policía Federal detuvo y entregó a la PGR fueron: Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peñaloza, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Heredia, María Guadalupe Galván Hernández, Remigio Mireles Camarillo, Guadalupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz; José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández “Beto”, Jesús Ramos López y el 21 de Abril del mismo año, el Ejército detuvo a Joel Reséndiz Moreno. Todos integrantes de la Policía Municipal de San Fernando.

La PGR reservó la información para mantenerla oculta por 12 años, sin embargo, la organización estadounidense National Security Archive se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que, tras una evaluación del caso, ordenó a la procuraduría a hacer públicos los documentos.

El documento entregado el 10 de diciembre de 2014 es una tarjeta informativa elaborada al interior de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sin fecha de elaboración, que contiene un resumen de las primeras declaraciones de estos detenidos.

“Sé, que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”, declaró el policía detenido Álvaro Alba Terrazas, alias El Junior.

Hasta agosto de 2015, cinco años después de la masacre, el papel de Alba Terrazas no ha sido aclarado ya que la PGR en un principio se refería a él como integrante de los Zetas y posteriormente como elemento municipal.

En la tarjeta informativa no se les acusa del homicidio de los 72 migrantes, sólo por los delitos de secuestro y delincuencia organizada; en tanto, son señalados como culpables de homicidio de las personas aparecidas en las fosas al año siguiente.

 Actualización: En entrevista con #Másde72 en julio de 2018, el ex presidente municipal de San Fernando, Tomás Gloria Requena, aseguró que los policías municipales que participaron en los secuestros habían sido liberados. Confirmó que él mismo fue citado a declarar sobre su participación en los hechos. Este equipo pudo documentar que, salvo una mujer policía que no fue liberada porque presuntamente cometió un delito en la cárcel, los 17 restantes salieron libres.

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