Recobran su Identidad
Tres Migrantes
ntre los 58 hombres y 14 mujeres migrantes asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, estaban las pertenencias con las que viajaban – actas de nacimiento, licencias de conducir, cuadernos marcados con su nombre –. Algunos tenían en el cuerpo tatuajes o señas que daban pistas sobre su identidad. Sin embargo, las autoridades mexicanas echaron a fosa común 13 cuerpos en calidad de desconocidos. Años después de que el caso fue cerrado, a partir de la presión de organizaciones mexicanas y centroamericanas para que se revisaran los cuerpos, tres migrantes hondureños recobrarían su identidad.
A 10 años de la matanza, 63 de las víctimas fueron retornadas a su país, y en al menos ocho casos sus familias tienen duda sobre si recibieron el cuerpo correcto de su pariente asesinado o qué les entregaron en el ataúd sellado o dentro de la urna con cenizas. Nueve cadáveres (ocho hombres y una mujer) permanecen enterrados en una fosa común, en espera de ser identificados.
Aunque se responsabilizó del crimen a Los Zetas, grupo criminal al que se permitió gobernar en esa zona, y aunque en 2011 se adjudicó también complicidad de 18 policías municipales, ninguna persona ha sido sentenciada por esta masacre.
A finales de agosto de 2010 y hasta enero de 2012, desde México comenzaron a ser repatriados por tandas los cuerpos de los migrantes identificados para entregarlos a sus familias en Ecuador, Honduras, Guatemala, Brasil o el Salvador. Uno de ellos fue regresado a India.
En septiembre de 2013, cuando 12 cadáveres seguían sin ser identificados y yacían en una fosa común, organizaciones y colectivos integrados por víctimas centroamericanas y mexicanas dedicadas a la protección de migrantes presionaron al gobierno mexicano hasta firmar un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para crear una Comisión Forense. Con este acuerdo permitirían al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajar en conjunto con peritos de la PGR para identificación de 197 cuerpos de personas desconocidas víctimas de tres masacres de migrantes en México, entre ellas la de San Fernando en 2010.
Fue hasta 2015 cuando el Gobierno de México empezó a solicitar a autoridades judiciales y diplomáticas de El Salvador, Guatemala y Honduras, apoyo logístico para empezar a buscar entre familias con personas desaparecidas en México a los probables parientes de los cuerpos no identificados que estaban en una fosa común del panteón Dolores de la Ciudad de México.
Como resultado, algunos de los cuerpos fueron exhumados para realizar nuevas autopsias y proceder con la identificación forense, en lo que fue el inicio de un largo proceso que en algunos casos tomó hasta tres años concluir.
A partir de la creación de la Comisión Forense se logró identificar a 3 víctimas de nacionalidad hondureña en los años 2014, 2017 y 2018.
En tanto, familiares de ocho víctimas entregadas en los primeros años por el gobierno mexicano (6 de Guatemala, 1 de El Salvador y 1 de Brasil) representadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), – integrante de la Comisión Forense – ha manifestado sus dudas de si recibieron los restos correctos.
Las familias esperan la revisión de la identidad de los restos que sepultaron debido a la falta de certeza generada en su momento, ya que se les prohibió ver los cuerpos y no recibieron documentación oficial que sustentaralas identificaciones o pertenencias de sus familiares.
El proceso está detenido: el gobierno de Guatemala no ha autorizado las exhumaciones para la toma de muestras genéticas y las autoridades mexicanas no han realizado las gestiones necesarias para que esos cuerpos sean revisados.
Estas ocho familias llevan más de seis años esperando su turno para que el EAAF junto con peritos de la FGR realicen las revisiones de identificación forense, que conlleva la documentación del caso, solicitud de exhumación de los cuerpos, toma de muestras a las familias, en el país de origen de las víctimas, análisis y confirmación de identidad..
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró las fallas en las identificaciones realizadas por la PGJ y PGR en la recomendación 80/2013: Entrega de cuerpos equivocados y las identificaciones y las repatriaciones de los restos se hicieron de manera desordenada, sin información a los familiares.
La Fundación para la Justicia ha presentado casos como el de la brasileña Gloria Aires, tía del joven Juliard Aires Fernándes, quien asegura que en vez de los restos de su sobrino el gobierno mexicano les mandó un ataúd lleno de arcilla, no traía un cadáver. No supo dónde enterraron a su familiar.
Otro de los casos representados es el de la salvadoreña Mirna del Carmen Solórzano, quien esperó 7 años para tener la certeza que enterró a su hija Glenda Yaneira Medrano Solórzano. En junio de 2017, tras años de insistencia, logró la exhumación del cuerpo seco, lleno de cal y sin pelo que pudo ver cuando abrió el ataúd a escondidas. La identidad de Glenda Yanira fue confirmada por la Comisión Forense.
Estas son las historias de los tres migrantes que estaban en fosas comunes y la Comisión Forense ayudó a identificar
Eva Nohemí: 24 de julio de 2014
Eva Nohemí Hernández Cerrato se cansó de malabarear para encontrar empleo fijo en Honduras, se despidió de sus tres hijos y se fue a buscar ingresos a los Estados Unidos.
Regresó a casa adentro de un ataúd cuatro años después. Y llegó por casualidad.
Apenas en julio de 2014 el gobierno mexicano la entregó a su familia, cuando ya operaba una Comisión Forense en la que la Procuraduría General de la República (PGR) acepta trabajar junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y organizaciones de víctimas de México y Centroamérica.
Eva Nohemí salió de Honduras el 4 de febrero de 2010. Tenía 26 años y tres hijos que en 2014 tenían 12, 10 y 6 años. Se había cansado de hacer talachas para mantener a su familia ya sea cortando el pelo o vendiendo comida, lociones, manualidades o billetes de lotería. Había emigrado dos veces, pero nunca había corrido con suerte para cruzar a los Estados Unidos.
“El último día que habló fue ese sábado 21 de agosto de 2010 a las 8 de la noche. Después de eso nos dimos cuenta de la masacre. Mi hija mayor le hablaba y ella no contestaba. Teníamos sospecha de que podía estar muerta porque siempre preguntaba por nosotros, si estábamos bien, si cómo estaban los cipotes (los niños)”, relató José Genaro Hernández, el padre de Nohemí, sembrador de yuca. Al momento de esta entrevista realizada en 2014 era un hombre de 77 años y 32 hijos y 45 nietos. Sentada a su lado se encontraba Élida Yolanda Cerrato, su esposa, mujer con la que parió sus seis últimos hijos.
La pareja hablaba con una misma entonación de predicador de iglesia. Eran cristianos, lo hicieron notar en todo momento. Esa misma fe los llevó a esperar en silencio el regreso de su hija.
En agosto de 2010 se enteraron de la masacre a través del programa Rojo Vivo. En cuanto vieron las fotografías que se divulgaron en la prensa reconocieron a su hija: “por el cuerpo, el pelo, el jean y la camisa negra sin manguita que se llevó allá”.
La madre mostró el recorte de un periódico con la fotografía de tres de las jóvenes masacradas. Una de ellas, de camisa negra y con el rostro mirando al piso, adentro de un círculo que los padres trazaron a su alrededor en cuanto la reconocieron.
En las fotos de la masacre es notorio que las mujeres –a diferencia de los varones– fueron amarradas de manos por debajo de la entrepierna. Como si las hubieran hincado.
Con la imagen en la mano, el papá siguió explicando: “Como que Dios la puso de frente. Esta es. Tenía un tiro, tiene como sangre aquí, estaban maniadas así –y mostró las manos amarradas–. Fue una barbaridad lo que le hicieron, una maldad. Ellos no tenían pisto (dinero) por eso los mataron esos Zetas”.
“Ella era bien fotogénica, bien psicodélica”, añadió la madre.
No dijeron a nadie del hallazgo. Sólo aguardaron su traslado a casa. Su lógica fue sentarse a esperar: ¿Si ellos la habían reconocido a poco el gobierno hondureño no iba a reconocerla?
“Desde ese tiempo empezamos a esperar. Traían los cuerpos de allá y estuvimos esperando que iba a venir su cuerpo porque era ella. Pero su nombre nunca salía y venían otros cuerpos”. El último hondureño fue repatriado en febrero de 2011.
En 2012 la familia recibió una llamada: una persona las citó en Tegucigalpa para hacerles la prueba de ADN. Fue gracias a que una de sus vecinas avisó a algún funcionario de gobierno que en su colonia vivía la familia de una de las víctimas.
“Esos dos años en espera de noticias yo decía ¿estará viva? Tenía esa posibilidad, pero no. Pasó tiempo y pasó”, dijo la madre, y el padre agregó: “Yo tuve una revelación: Se cruzó un arcoiris de 3 colores. Señal de que iba a parecer esa cipota viva o muerta. Sentí que era una señal, me sentí comprometido a aumentar mi confianza, y así con el telefonazo de allá apareció ella”.
El 24 de julio de 2014 la familia recibió el cuerpo de Eva Nohemí en un ataúd con un cuerpo “disecado” y la explicación de que había recibido dos balazos.
Marvin Leodan: 8 de septiembre de 2017
El 3 de agosto de 2010, Marvin Leodan Euceda Aguilar bajó de la casa de sus papás a la ciudad de Comayagua, Honduras. Allí se encontró con un primo y juntos salieron rumbo a San Pedro Sula. Ambos compartían anhelo y destino: vivir en Estados Unidos. El plan elegido indicaba cruzar Guatemala, atravesar México por la zona del Golfo, llegar a la frontera y hablar a un tío que ya vivía el sueño americano para que lo cruzara.
El plan cambió pronto. Su primo se quedó en la capital hondureña. Marvin continuó en el camino al norte sin perder la comunicación con su familia. Al entrar a Guatemala dejó de llamar, pero días después, el joven de 23 años llamó a casa de sus papás, de su hermana, de su hermano, para contarles que estaba en un lugar de nombre Tabasco y que necesitaba dinero.
Días antes de la partida, Marvin y su hermano mayor, Orlin, platicaron del plan. Orlin le explicó los riesgos de cruzar por México. Orlin le contó la violencia que había en el territorio mexicano. Orlin le pidió que no lo hiciera. Nada lo detuvo. Antes del viaje, Orlin le regaló una camisa. Marvin la tomó para emprender la travesía.
Marvin y sus diez hermanos nacieron y crecieron en un poblado rural del departamento de Comayagua, en el seno de una familia de agricultores de maíz, frijol y café. Él aprendió las tareas de la tierra de su padre Leopoldo. Sin embargo, el joven quiso intentar una nueva vida; fue el único de las y los Euceda Aguilar que intentó migrar.
“Entonces cuando él llegó a México pedía el dinero a nombre de un señor y él casi no hablaba, era una mujer que hablaba por él. La comunicación con él era bastante complicada porque no explicaba qué pasaba, no decía cómo estaba, solo pedía dinero que necesitaba; no sé que realmente estaba pasando”, recuerda vía telefónica Orlin, de 35 años y convaleciente de Covid 19.
Marvin viajó sin coyote, afirma Orlin. Su primo, al regresar a Comayagua, contó que se había juntado con una familia guatemalteca que viajaba a Estados Unidos. Orlin, quien da seguimiento al caso, supone que su hermano se unió a Efraín Pineda Morales, Richard y Nancy Pineda Lacan, y Mayra Cifuentes Pineda.
El 25 de agosto por la mañana, Orlin terminó su jornada de trabajo y al regresar a casa escuchó la noticia de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. “Los medios estaban alarmados por la noticia que había pasado, fue algo exagerado”. Orlin vio las escenas que mostró la tele e identificó a Marvin, quien vestía la camisa que días antes le había regalado.
“Yo sí estaba seguro que mi hermano había muerto ahí. Para mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, él no había muerto porque, usted sabe, es lo que menos piensan de un hijo”. La familia Euceda Aguilar esperó una nueva llamada de Marvin, pero nunca llegó. Pasaron los meses y años esperando un mensaje del joven migrante.
De 2010 a 2016, la familia de Marvin se presentó en la embajada de México en Honduras para denunciar la desaparición. La respuesta gubernamental fue un silencio. En 2016, la familia Euceda Aguilar conoció al hermano de una víctima de la masacre de Cadereyta. El hombre les platicó de la Comisión Forense, la instancia creada entre la FGR, el EAAF y organizaciones de familiares de migrantes centroamericanos, para revisar diversas masacres de migrantes, revisar los expedientes e intentar recuperar la identidad de los cuerpos no identificados.
“Mi familia créame que se negaba a hacer este proceso porque es algo duro. Cuando aceptaron documentar, fueron y tomaron algunas muestras de mi papá y de mi mamá, hicieron las comparaciones (genéticas) y así pudieron comprobar que de él se trataba”, lamenta Orlin. El cuerpo de Marvin llegó a Comayagua el 8 de septiembre de 2017. Ese mismo día lo sepultaron cerca de casa de sus padres.
La familia Euceda no entiende cómo los gobiernos mexicano y hondureño no encontraron el acta de nacimiento que Marvin llevaba consigo en el viaje. Dicha situación vuelve a poner en evidencia la ineficacia en el levantamiento de los cadáveres e indicios de la masacre de las y los 72 migrantes en San Fernando; esta falla es señalada en la recomendación 80/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La familia Euceda Aguilar visitó México para asistir a la audiencia de las familias con la Fiscalía General de República y la subsecretaría de Derechos Humanos el 27 de agosto de 2019. De la estancia en territorio mexicano, Orlin tuvo dos reflexiones: no toda la gente mexicana es mala, ni todos los migrantes son malos. A la par de las buenas experiencias, los Euceda cuestionan la actuación de la Fiscalía General de la República en la investigación de la masacre de San Fernando.
Orlin admite que el pesar por el asesinato de su hermano nunca se acabará. Por ello, recalca, las personas que tienen la intención de migrar a Estados Unidos deben tener clara la decisión que toman y, agrega: México debe ser más responsable con los migrantes.
“Queremos que se marque un precedente porque las personas que murieron allí acompañados de mi hermano no eran animalitos, eran seres humanos con derechos igual que todos y se les violó uno de los derechos más grandes, que es el derecho a la vida”.
Wilmer Gerardo: 31 de octubre de 2018
Wilmer Gerardo Núñez Posada tenía prisa por regresar a California porque su mujer, María Esther Lozano, acababa de dar a luz en California y estaba sola con su hija de dos años. Cuando su esposa estaba a punto de dar a luz, en julio de 2010, Núñez fue deportado por tercera vez por no pagar una multa de tránsito.
Duró cuatro días en la casa materna. Tenía la vida cimentada en Estados Unidos a donde había emigrado una década antes. Por eso, con su sobrino y los amigos de éste emprendió el viaje de regreso. Ese que pasó por San Fernando.
A sus 35 años Wilmer era el más experimentado de todos. Conocía la ruta e iba guiando a su sobrino Joan Adolfo y a dos amigos con los que este se había criado en la conflictiva colonia Planeta de San Pedro Sula, un barrio cercano al aeropuerto y controlado por pandillas. Los cinco se iban reportando a casa desde el camino.
Wilmer fue interceptado por los Zetas junto a sus compañeros de camino en San Fernando y asesinado en la bodega del ejido El Huachizal.
La primera información que su madre, Haidé Posadas, tuvo es que su hijo, su nieto y los amigos estaban entre las víctimas. Recibió una llamada de
cancillería para decirle que esperara a su Wilmer en el aeropuerto. Pero éste, a diferencia de los otros, nunca llegó.
Cuando pidió una explicación el cónsul de México, Marco García, le dio un número de teléfono para pedir información. Nadie le contestó.
“Yo regresé a lo del cónsul, me dijo que él no tiene nada que ver, que no es asunto suyo. Me dijo que mi hijo no está muerto porque no aparece entre los cadáveres que trajeron. Eso es lo peor, no sé nada. Yo le dije a ese cónsul que quería una visa aunque sea ir a México a investigar si quedó encerrado y me dijo que no”, dijo en la entrevista realizada en la casa de su hija cinco años atrás, la madre de Joan. Acudieron también las mamás de los amigos.
A Haydé nadie le informó que en el bodegón fue hallada la cartera de Wilmer con su licencia de conducir, estampas de las vírgenes de Guadalupe, de San Juan de Los Lagos, y la Reyna de la Paz, y la foto de “una persona con un menor en brazos”. Esto consta en la descripción de la escena del crimen, elaborada por la procuraduría tamaulipeca, que Másde72 pudo consultar.
La mujer dice que “unos licenciados de México” le mandaron pedir papeles de su hijo para investigar su paradero y tramitarles una visa. Se las mandó aunque no supo quiénes eran, ellos tampoco volvieron a comunicarse. Su nuera contrató después un abogado que le pidió dinero para ir a Tamaulipas a indagar sobre su paradero y quien le informó que a su hijo lo tenían encerrado en una cárcel. No supo qué hacer con esa información.
Por años la carcomió la duda de si murió con todos, y lo enviaron a fosa común, o si está vivo y lo tienen esclavizado.
En el diario La Prensa se publicó que Wilmer era uno de los coyotes. La criminalización de su hijo, le dolía, entristecía y la dejaba sin dormir. “Mi hijo nunca fue coyote, no llevó más gente ni porque les pagaran. El se los llevó por la misma amistad”.
Poco después fue advertida de que unos hombres rondaban su casa, pensó que eran Los Zetas que venían por ella.
En 2012, cuando cambió el gobierno mexicano, cambió el cónsul. El reemplazante no la atendió. “Me dijo que ya no podían hacer nada porque los casos quedaron en el pasado. El problema es que al día de hoy qué pasó con mi hijo”.
En la entrevista mostraba una foto de su Wilmer, un joven que trabajaba en la construcción. En esa carga a su niña de dos años vestida de tigre. Se llama Chelita, la bebé que no aparece en las fotos se llama Suley.
“Yo estoy en una incógnita todavía. Él no apareció en los muertos ni he tenido noticias de él de ninguna forma”, dijo ese agosto doña Haidé Posadas.
Aunque el equipo de #Másde72 publicó su historia el año 2015 y avisó a la Comisión Forense de esa omisión y proporcionó los datos de esa mujer y de sus familiares fue hasta mayo de 2018 que la señora Posadas fue notificada de que su hijo, siempre sí, había sido uno de los masacrados.
El ataúd con el cuerpo finalmente llegó a San Pedro Sula, Honduras, el 31 de octubre.
Aunque desde el inicio Wilmer Gerardo había sido identificado, aunque su mochila y su cartera con identificaciones había sido hallada en la escena del crimen, aunque su cuerpo tenía un tatuaje con el nombre de su hija, aunque doña Haydé Esperanza había sido informada de que en un ataúd que iba a ser repatriado junto a sus acompañantes porque no había duda que era uno de los fallecidos, Wilmer Gerardo fue enterrado con el rótulo de “cadáver 63” en una fosa común en México.
La localización de la familia, las entrevistas, los trámites burocráticos, los exámenes, las tomas de ADN, la notificación final de que sí era él, demoraron 3 años, y cinco meses más los trámites de repatriación del cuerpo.
Una nota de la agencia Associated Press relata así ese día:
“Al abrir el ataúd, un olor a muerte suavizado con productos químicos se apoderó del salón.
Posadas, con una pequeña toalla roja en la mano con la que se secaba las lágrimas y el sudor, se acercó a la caja acompañada de su marido, su hermana y el psicólogo. Una forense del EAAF abrió la envoltura que cubría el cadáver. El rostro era ya una calavera, pero los brazos conservaban parte de su antigua fortaleza y la piel. Le mostró los primeros tatuajes. Posadas no quiso ver más. Era él”
“Ya estoy segura: es él, es él, doy gracias a Dios”, sollozó su madre.
