Una Década de Impunidad.
a masacre de 72 migrantes la noche del 22 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, sigue impune. A 10 años de la matanza más grande de migrantes que se tenga memoria, no habían recibido sentencia condenatoria, ninguna de las 81 personas anunciadas durante el gobierno de Felipe Calderón como responsables del asesinato de los 58 hombres y 14 mujeres (al menos dos de ellas embarazadas, según los cables estadounidenses) que salieron de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, India y Brasil, y atravesaban el país con el anhelo de trabajar en Estados Unidos. Las únicas condenas se dieron en Ecuador contra dos “coyotes”.
La Fiscalía General de la República no consiguió siquiera la vinculación al proceso de Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, quien fue presentado por la Secretaría de Marina (Semar) como el líder de Los Zetas en el noreste del país. En una conferencia de la Semar el 8 de octubre de 2012, este hombre, entonces de 31 años, fue acusado de ordenar la matanza multitudinaria el 22 de agosto en una bodega abandonada del rancho El Huizachal. Otro fracaso fue que Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, el líder de mayor rango de Los Zetas en los años de la masacre y aprehendido en julio de 2013, no fue vinculado a estos asesinatos.
Aunque 15 integrantes de Los Zetas están en la cárcel, hasta el año 2020, no pagaban condena por esos asesinatos. Los 18 policías municipales que protegieron los cientos de secuestros, asesinatos y desapariciones cometidos por el grupo, quedaron en libertad. Los agentes del Ministerio Público de Tamaulipas y la Federación que torturaron a las familias de las víctimas al errar la identificación de los cuerpos, al grado de enviar víctimas a países distintos, no fueron investigados. Y ante la exigencia de verdad y justicia, el gobierno federal declaró “reservados” los expedientes de la masacre a pesar de que –tras un amparo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– este crimen fue catalogado como violación grave a los derechos humanos, por lo que debían ser públicos.
Inicios de la Impunidad
El 26 de agosto de 2010, cuando apenas se daba a conocer la masacre, Felipe Calderón declaró: “Lo que decían de estos criminales de que tenían ciertos códigos de ética no es cierto, son unas bestias simplemente, y hay que combatirlos con todo de verdad: es un momento crítico para México”. Tres días más tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación ante la creciente presión internacional y el reclamo de justicia de las víctimas.
Al año siguiente, el 5 de mayo de 2011, a un mes del hallazgo de 196 cuerpos en fosas clandestinas, también en San Fernando, Calderón expuso que “Se trata de una masacre incalificable, que merece la más enérgica condena de todos los mexicanos y, por supuesto, la acción decidida del Estado. No podemos permitir que los autores de estos crímenes queden impunes. Y, por eso, los estamos llevando ante la justicia “. Una década, después no se nota “la acción decidida del Estado”.
Para el hondureño Orlin Euceda Aguilar no hay una explicación lógica de la impunidad en la masacre donde asesinaron a su hermano Marvin Euceda. “En el país en que vivimos, la justicia es más limitada porque tenemos menos recursos, pero cuando se quiere hacer algo se hace. A mí me extraña porque México es una potencia y no creo que a estas alturas no haya una investigación profunda de los hechos, de lo que pasó, para llegar a que haya responsables y que se les aplique el peso de la ley”, dijo en entrevista.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y representante legal de 11 familias, sostuvo que la impunidad en la masacre de los 72 continuará hasta que haya voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, y el Poder Judicial de la Federación para dotar de dinero y mecanismos adecuados para indagar esos asesinatos.
“Esto está inmerso en una maquinaria estatal que fue creada en los tiempos del PRI, mantenida en el gobierno de Calderón, en el de Peña Nieto y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está hecha para crear impunidad. Es imposible pensar que un ministerio público que tiene este caso complejo, otros 20 más y que, además, lo traen para todos lados va poder dar resultados. Eso está pensando intencionalmente”.
Los Hechos
La noche del 22 de agosto, los migrantes viajaban en dos trailers por la Carretera 101, que une a México con Estados Unidos. Sicarios de Los Zetas detuvieron los vehículos al momento de salir de la zona urbana de San Fernando, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, cerca de donde solía instalarse un retén de la Marina y tan sólo a 130 kilómetros de distancia de la frontera. En dos grupos fueron llevados hasta una bodega abandonada en el rancho El Huachizal, fueron amarrados de pies y manos con los ojos vendados y posteriormente fueron asesinados.
Cerca del amanecer Luis Freddy Lala Pomavilla, joven ecuatoriano de 17 años, recorrió a pie unos 19 kilómetros, iba desangrándose por un balazo que recibió en el cuello y le perforó el pómulo derecho. Al llegar a la Carretera 101 encontró un retén de la Marina y dijo: “Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”. Horas después, Lala Pomavilla, dio su testimonio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una semana más tarde, el 2 de septiembre de 2010, en entrevista desde el hospital para la televisora pública ecuatoriana, narró el crimen:
“El sábado como a las 10:00 de la noche nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo y nos bajaron del carro, y nos metieron en otro carro; viajaban en dos carros… Nos llevaron a una casa y ahí nos amarraron de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenían una noche. No nos dijeron nada, sólo ofrecieron trabajar con ellos. Nadie aceptó. Cuando dijimos no, no dijeron nada. No pidieron dinero. Después nos botaron boca abajo, y después escuché un ruido que disparaban. Yo pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que dispararon a mis amigos y luego llegó disparando a mí, disparó a mí y mató a todos otros. Acabaron de disparar y se fueron, mataron a todos”.
Lala Pomavilla no escapó solo, un hondureño lo acompañó hasta que fueron perseguidos y se separaron. Él hombre que no recibió ni un disparo, logró llegar hasta uno de los puentes internacionales de Matamoros, allí dio su testimonio al Instituto Nacional de Migración. El informe En El Desamparo, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, recoge la declaración del segundo sobreviviente:
“Los tráileres y/o trocas se estacionaron frente a la casa blanca, y [testado] dijo que nos bajáramos, en ese momento nos amarraron las manos hacia la espalda con unas sogas de plástico, y fuimos ingresando al interior de la casa, aproximadamente diez minutos después una vez estando dentro de la casa nos vendaron los ojos, y permanecimos de pie durante veinte minutos, creo que los sujetos esperaban a que anocheciera, después nos fueron acomodando formando una U alrededor de la casa… Permanecimos boca abajo alrededor de un minuto, y nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar, momentos después el hombre apodado como [testado] les comenzó a disparar a las mujeres, en ese momento un migrante de quien no recuerdo su nacionalidad les dijo a los sujetos que no les dispararan y en ese momento escuché que le dispararon y que lo azotaron en la pared; y en ese instante me quité, me deslicé hacia unos matorrales que se encontraban aproximadamente a unos cuatro o cinco metros del lugar de donde estaba acostado y los disparos se escucharon aproximadamente como cinco, después escuché que se alejaban los tráileres y/o las trocas”.
El 5 de septiembre de 2010, el entonces presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció la existencia de un salvadoreño, quien sería el tercer sobreviviente de la masacre y habría logrado cruzar a Estados Unidos. Nunca se confirmó. En la declaración del primer sobreviviente mencionaba también que cuando los capturaron fueron separados de una mujer, su hija, y se cree que dos choferes, de los que no se supo su identidad.
La masacre se hizo pública cuando la Semar difundió un comunicado la tarde del 24 de agosto en el que mencionaba un enfrentamiento que había tenido, y al final mencionó: “En seguimiento a la investigación, el personal naval se desplazó nuevamente al área con el fin de ubicar el lugar referido por el herido. En este sitio a 22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas”.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, al mando del agente ministerial del fuero común Roberto Jaime Suárez Vázquez, se presentaron en el sitio el 24 de agosto hasta las 18:30 horas, levantaron los cuerpos de las víctimas, recolectaron indicios y abrieron la averiguación previa. Esa semana el ministerio público Suárez Vázquez y su tío Juan Carlos Suárez Sánchez, secretario de Seguridad Pública municipal, desaparecieron. El 27 de agosto, el presidente Calderón dijo que el agente estatal había sido asesinado, después reculó. El 11 de septiembre se supo que habían sido encontrados sin vida en la carretera San Fernando-Méndez .
En ese tiempo la frontera norte de Tamaulipas era el epicentro de una guerra por la ruptura entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas. Una de las zonas de mayor confrontación era el Valle de San Fernando, y eran especialmente peligrosas las brechas y la Carretera Federal 101, camino de los migrantes que intentan pasar de Matamoros a Brownsville, Texas. Además la región del Valle de San Fernando, integrada por 4 municipios rurales, encabezaba la tasa de homicidios y desapariciones en la entidad entre 2010 y 2011, con 175 crímenes y 49 desapariciones por cada 100 mil habitantes.
Ningún Sentenciado
El 8 de septiembre de 2010, a 17 días de la masacre, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, anunció la detención de ocho personas y la muerte de otros ocho presuntos responsables de la matanza en tres hechos distintos. Explicó que la primera captura se dio cuando la Marina buscaba el sitio del crimen, guiados por el relato del sobreviviente ecuatoriano, que terminó en enfrentamiento. Allí fallecieron tres civiles armados y se detuvo a Eduardo Rico Pérez, quien fue identificado por los dos sobrevivientes. Siete días después la Secretaría de Marina halló cinco cadáveres, tres hombres y dos mujeres. “El sobreviviente hondureño reconoció a los varones como participantes de la masacre”, dijo Poiré.
Mencionó cuatro presuntos delincuentes capturados posteriormente, el hallazgo de una fosa con dos cadáveres y la liberación de tres secuestrados el 3 de septiembre, al sur de San Fernando. Después sumó la detención de otros tres supuestos integrantes de Los Zetas entre el 4 y el 7 de septiembre. “Estas siete personas aseguradas en días recientes son presumiblemente parte de la estructura operativa de ‘Los Zetas’, que llevó a cabo el homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, lo que se desprende, entre otras cosas, de sus declaraciones iniciales… Esta detención permitirá esclarecer plenamente lo ocurrido”. A dos semanas de la barbarie, Alejandro Poiré cantaba victoria.
VER CUADRO CON LAS PERSONAS ABSUELTAS E IMPUTADAS
En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arturo Chávez Chávez, recibió la consignación de ocho personas: José Gustavo Blanco Padilla alias “El Pizarrón”; Juan Manuel Cano Hernández, alias “La Bella”; Eduardo Rico Pérez; Jesús García Alfaro, alias “Chalino” o “Negro”; Víctor Alfonso Resendiz Zertuche, alias “El Vico”; Jesús Vargas Rodríguez, alias “La Pulga”; Manuel Vázquez Chávez, alias “El Carlitos” y Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe” o “El Tigre” (quien falleció preso y la acción penal se extinguió el 4 de marzo del 2013). Los delitos imputados son delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas, corrupción de personas menores y homicidio calificado en perjuicio de 72 personas migrantes.
El 17 de junio de 2011, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Eduardo Ramón Pequeño García, presentó al joven de 22 años, Edgar Huerta Montiel, alias “El Wache”, como el jefe de Los Zetas en San Fernando y coordinador de la masacre. Una semana después, el gobierno federal distribuyó un video editado de la confesión de Huerta Montiel, en donde dio su versión de la matanza: Que asesinaron a las 74 personas centroamericanas para evitar que llegaran a la frontera, donde podrían reclutarlos sus rivales del Golfo. Además en su declaración ministerial expone que:
En agosto de 2010, “EL MONENEKE”, que en ese entonces era el encargado de Ciudad Victoria, reportó a “El Coyote”, que iban dos camionetas doble rodada con gente, que cuando llegaran a San Fernando, las checáramos, para lo cual “La Ardilla”, dio la orden a “El Kilo”, para que checara, “El Kilo” checó que eran indocumentados y se le reportó eso a “La Ardilla”, “La Ardilla” dijo que los investigáramos bien que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de halcones o para tenerlos de esclavos. La Ardilla dio la orden de que se mataran y EL ALACRÁN, EL CHAMACO y EL SANIDAD los mataron con tiro de gracia, calibre 9 milímetros.
A partir de sus dichos la PGR construyó la narrativa e intentó judicializar el caso.
Para 2012 fueron consignadas cuatro personas más: José Pedro Castañeda Arellano, alias “El Chamaco” o “El Comandante Chamaco”; Cuitláhuac Montoya Torres, alias “Degollado”; José Guadalupe Reyes Rivera, alias “El Sasi”; Juvenal Burciaga Venegas, alias “El Alacrán”. A Martín Omar Estrada de Luna, alias “El Kilo”, segundo al mando de Los Zetas en San Fernando; Román Ricardo Palomo Rincones, alias “El Víctor” ó “El Coyote” y Edgar Huerta Montiel, se les responsabilizó por su participación en la masacre y el homicidio de los funcionarios estatales que investigaban la masacre.
A los 15 consignados se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, corrupción de personas menores, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de sobreviviente y homicidio calificado contra 72 personas.
La indagatoria de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando se basa principalmente en testimonios y algunos datos que recabó la procuraduría estatal. La narración de “El Wache” pasó de averiguación en averiguación. Primero fue parte de la indagatoria atraída por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, en agosto del 2010, a cargo del panista Francisco Molina Ruiz.
El 6 de octubre del 2012 en Nuevo Laredo, la Semar capturó a Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, jefe de la región noreste de Los Zetas, mencionado por “El Kilo” como quien ordenó el multihomicidio. Al presentarlo ante los medios de comunicación lo señalaron como responsable de matar a 50 personas, de ordenar al menos 320 asesinatos, entre ellos el asesinato de los 72 migrantes, y de la fuga de 280 reos. A pesar de los señalamientos al momento de anunciar su aprehensión, la PGR no pudo vincularlo al proceso judicial por la masacre de agosto de 2010.
Violación Grave
“El caso fue clasificado como graves violaciones gracias a un litigio de la fundación que llegó hasta la suprema corte. La CNDH no lo quería clasificar. Lo obligamos por el amparo”, dijo, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). El litigio duró tres años:
Las autoridades locales llevaron a cabo, desde el mes de agosto 2010, la detención de diversos sujetos presuntamente integrantes del grupo delictivo de Los Zetas, quienes hubieron reconocido su participación en los hechos, aun cuando no se tiene certeza sobre la forma en que fueron recabadas sus declaraciones y por lo tanto, sobre la veracidad misma de dichas declaraciones.
Otro de los puntos no esclarecidos son el encuentro entre el sobreviviente y la Marina, las condiciones del hallazgo de las víctimas, el número de sobrevivientes y la veracidad de las declaraciones de los detenidos. La masacre de los 72 migrantes en San Fernando mostró el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno calderonista que extendió la violencia.
Las familias de las víctimas migrantes no conocen la verdad y tampoco han recibido justicia. El recuento de la FGR, realizado por la FJEDD, muestra 15 consignados, seis presuntos responsables muertos, de los que nunca se dio a conocer su identidad y 66 personas que no enfrentan cargos por los hechos ocurridos en San Fernando.
Sentenciados en Ecuador
Hasta ahora las únicas dos sentencias por la masacre de los 72 migrantes están en Ecuador. El 17 de octubre de 2012, el Tribunal dictó una condena de 12 años a José Arcesio Vásquez Marín, por el delito de tráfico ilegal de migrantes. El delincuente fue el “coyote” que llevó a Luis Freddy Lala Pomavilla. Tres personas testificaron contra Vásquez Marín, quien durante el juicio estaba preso en la cárcel llamada La Roca, en Guayaquil.
La segunda condena fue contra el traficante Miguel Ángel Dután Meneses, quien también es responsable de organizar el viaje de Lala Pomavilla. La Fiscalía lo capturó al sur de Quito, en septiembre de 2010. Fue sentenciado a 8 años de prisión. El diario La Hora reportó entonces que al momento de la detención Dután Meneses trabajaba como conductor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De acuerdo con una búsqueda en registros públicos oficiales, actualmente Miguel Dután Meneses está activo como empresario, brindaba transporte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ecuatoriano hasta el año de 2019.
Responsabilidad del Estado
Los informes de la CNDH que en 2009 mencionaban a San Fernando como punto de secuestro de migrantes, fueron ignorados por el gobierno de Felipe Calderón, que se encontraba a medio sexenio y en la insistencia de mantener su estrategia de guerra que fragmentaba a los cárteles y provocaba más violencia contra la población inocente. En Tamaulipas, el gobernador priista Eugenio Hernández Flores, no podía contener el secuestro, que se incrementó 60 por ciento de 2009 a 2011, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Instituto Nacional de Migración (INM), encabezada entonces por la panista Cecilia Romero Castillo, fue una de las dependencias señaladas como responsables de la masacre de los 72 migrantes. Durante su gestión creció la migración de la mano de bandas de traficantes que usaban el tren de carga que cruza el país como medio de transporte. Veintitrés días después de la matanza, Romero dejó su cargo y dijo que su única culpa debió ser que no detuvo a los indocumentados.
Las procuradurías, especialmente la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, fueron responsables del mal tratamiento de los cuerpos de las víctimas y del dudoso procedimiento de identificación por el que al menos nueve familias piden exhumación de los cadáveres, para cerciorarse si les entregaron los cuerpos correctos. Las dudas son justificadas, entre los errores de las autoridades mexicanas se encuentra el envío del cuerpo del brasileño Edilsimar Junior Faustino da Silva a Honduras, bajo el nombre de Eredis Ayala Muñoz, el 1 de septiembre de 2010. Ningún funcionario mexicano ha sido sancionado por estos yerros.
Además la CNDH pidió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas indague sobre la actuación del personal ministerial y pericial, a cargo del ex procurador Jaime Rodríguez Inurrigaro. La recomendación 80/2013 señala que el director de Servicios Periciales, Carlos Guillermo Morris Garza, no garantizó el levantamiento de evidencias e indicios, y que el tratamiento de la escena del crimen y de los cadáveres motivó la pérdida de pruebas, como son, la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de cada uno de los proyectiles. Incluso, una caravana de madres centroamericanas que visitó la bodega un año después del asesinato, encontró pertenencias de las personas masacradas. Esta serie de omisiones fueron consideradas violaciones a los derechos humanos.
La CNDH señaló que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no cumplió con la protección de la zona del crimen y la recolección de pruebas. Morris Garza tardó hasta 48 horas, después del hallazgo para ordenar las autopsias, no obstante, su cuñado el exgobernador Egidio Torre Cantú lo mantuvo en el aparato gubernamental: el 2 de febrero de 2011 lo nombró director del hospital infantil de Victoria. “La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos”, establece el documento. Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres. Las autoridades entregaron un informe genérico sobre los hechos, sin indicios que permitan aclarar qué pasó.
Comisión Forense
A finales de 2013, las organizaciones y colectivos integrados por víctimas centroamericanas y mexicanas dedicadas a la protección de migrantes reclamaron por las omisiones de agentes del Estado mexicano. La presión derivó en la firma de un convenio para crear una Comisión Forense en la que se permitió al Equipo Argentino de Antropología Forense (acompañada de colectivos de víctimas centroamericanas y organizaciones mexicanas de defensa de los migrantes) trabajar en conjunto con peritos de la PGR para identificar a las víctimas de tres masacres de migrantes en México, entre ellas la de San Fernando en 2010, enviadas a fosas comunes.
El 10 diez de marzo de 2014, los familiares solicitaron que la Comisión Forense revise y emita el dictamen correspondiente en el que se les aclare: a) si los restos que se les entregaron realmente son de sus familiares y b) cuál fue la causa de su muerte, pues eso resulta esencial para impulsar la investigación que esta autoridad ministerial realiza.
En enero de 2016, el caso fue asumido por la entonces recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (Unidad de Migrantes), reasignando el número de expediente, dando inició a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/UIDPM/01/2016 en marzo de 2016.
Gracias a esta colaboración los cuerpos de tres migrantes más fueron rescatados de las fosas comunes y devueltos a sus seres queridos: Eva Nohemí Hernández Cerrato, Marvin Leodan Euceda Aguilar y Wilmer Gerardo Núñez Posada. Sin embargo, hasta el momento se han identificado a 63 de las 72 víctimas fatales de los hechos, por lo que 9 personas siguen sin ser identificadas (7 hombres y 2 mujeres). Las víctimas identificadas eran originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y La India.
Los Sobrevivientes
Luis Freddy Lala Pomavilla, hoy en día tiene 28 años. Tras regresar a su país de origen sufrió estrés postraumático y aceptó ser testigo protegido del gobierno ecuatoriano. Aparentemente no recibió a cambio los beneficios que le prometieron funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).
El último reporte del sobreviviente fue hace cinco años, a través de una entrevista para la cadena CNN, dijo: “Siento que alguien me persigue, no puedo salir de la casa. Tengo que cuidarme, no puedo salir a pasear por ahí lejos (…) Las bandas de Los Zetas nos persiguen, quisiéramos salir de este país”.
Según sus declaraciones, el Gobierno de Ecuador apoyó a su papá y su mamá para que regresaran desde Estados Unidos, ya que existía la garantía de protección oficial gubernamental como testigo protegido también para su familia, y de darles una casa nueva y dos hectáreas de tierra. Pero el 22 de Mayo del 2013 le fue notificado que la protección oficial expiró y fue retirado del programa. “Del terreno no ofrecieron nada. Ofrecieron trabajo, ayudar en todo y ya últimamente se fueron olvidando. Tenemos problemas con la casa, no es como casa propia de nosotros, es como prestada nomás”, dijo entonces.
En agosto de 2018 medios nacionales indicaron que el joven trabajaba en el campo con su padre, ganando 60 dólares a la semana y aún batalla por conseguir asilo en otro país.
A raíz de la Caravana Migrante salió a la luz en entrevistas, desde 2018, una persona llamada Billi Noé Martínez, originaria de Honduras, quien se presenta como el segundo sobreviviente. Ha dicho a medios internacionales que habría renunciado a su condición de testigo protegido para hablar sobre la masacre y obtener ayuda por parte del Gobierno de México. No ha sido posible confirmar si es el sobreviviente identificado como ‘V74’ en la recomendación de la CNDH. No obstante, su relato y su descripción de los hechos, difiere en detalles sobre la descripción de la bodega, del territorio desértico y las heridas de los cuerpos de las personas asesinadas.
Recuadro de personas absueltas e imputadas:
| Detenidos | |||
|---|---|---|---|
| Detenidos | Año de detención | Responsabilidad | Penal |
| CONSIGNADOS | |||
| Édgar Huerta Montiel "El Wache" | 17 de junio del 2011 en Fresnillo, Zacatecas | Presunto coordinador del múltiple homicidio de migrantes. | Cefereso número 3 “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. |
| Jesús García Alfaro "El Chalino” o “El Negro” | 7 de septiembre de 2010 en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Víctor Alfonso Reséndez Zertuche "El Vico" | 3 de septiembre de 2010, junto con Juan Manuel Cano, alias “La Bella”; Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe”; y José Gustavo Blanco Padilla, alias “El Pizarrón” | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Román Ricardo Palomo Rincones "El Coyote" | 25 de agosto del 2013 en el Fraccionamiento Residencial Santa Regina, en Victoria, Tamaulipas. | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Aparentemente está en libertad. |
| Juvenal Burciaga "El Alacrán" | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. | |
| Martín Omar Estrada de la Mora "El Kilo" | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad | Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 5, Villa Aldama, Veracruz | |
| Juan Manuel Cano Hernández "La Bella" | 16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Edgar Sesma Vega "El Gafe” MURIO, DE ACUERDO CON DATOS DE LA FUNDACIÓN | 16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR -El 4 de marzo del 2013 se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento, por fallecimiento | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| José Gustavo Blanco Padilla "El Pizarrón" | 16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Manuel Vázquez Chávez "El Carlitos” PRESUNTAMENTE MURIÓ | 16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Jesús Vargas Rodríguez “La Pulga” | 16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| Eduardo Rico Pérez | Fue detenido el 23 de agosto de 2010. Presunto integrante de la organización criminal Los Zetas, en la cual participaba como enganchador de migrantes. | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. |
| José Guadalupe Reyes Rivera "El Sasi" | 31 de marzo de 2015 en Victoria. Es considerado por las autoridades como uno de los tres principales jefes zetas que planearon y consumaron el plagio y multihomicidio de los migrantes. | Delincuencia organizada Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Corrupción de personas menores de 18 años Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano | Centro Federal de Readaptación Social número 3, localizado en el municipio de Matamoros. ESTÁ CERRADO POR REMODELACIÓN. |
| José Pedro Castañeda Arellano, alias “El Chamaco” o “El Comandante Chamaco” | |||
| Cuitláhuac Montoya Torres, alias “Degollado” | |||
| NO CONSIGNADOS | |||
| Salvador Alfonso Martínez Escobedo "La Ardilla" | 6 de octubre de 2012 | Autor intelectual. | Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano” |
| Abraham Barrios Caporal "El Erasmo" | 1 de septiembre de 2011 fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz. | Autoría material | Cefereso número 5 “Oriente”, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. |
| Alejandro "Omar" Treviño Morales "Z-42" | 4 de marzo de 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo León | Delincuencia Organizada Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Operaciones con recursos de procedencia ilícita. | Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. |
| Saraí Fabiola Díaz Arroyo "La Muñeca" | Fue entregada por su propia madre. La PGR daba una recompensa de 430 mil dólares por información para capturarla. Su mamá reclama el dinero. La muñeca era novia de Omar Martín Estrada Luna, “el Kilo”, del cártel de los Zetas. | Delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína y marihuana | |
| Álvaro Alba Terrazas "El Junior" | Detenido el 13 de abril de 2011. | Delincuencia organizada Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército | Centro de Readaptación Social “El Hongo” en Tecate, Baja California. |
| Policías | |||
| Óscar Jaramillo Sosa | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Álvaro Alba Terrazas | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | |
| Lázaro Flores Peñaloza | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Martín García Badillo | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Eleodoro Sánchez Robles | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Rogelio de la Portilla Heredia | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| María Guadalupe Galván Hernández | 17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisión | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Desconocido |
| Remigio Mireles Camarillo | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Guadalupe Hernández Ibarra | 17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisión | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Desconocido |
| Manuel Ávila Lugo | 17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisión | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | |
| Elpidio Reyes Sáenz | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| José Luis Aguilar Vélez | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Julio Guadalupe Jaramillo Vela | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Mario Alberto Romero Hernández | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Santos Maldonado Reyes | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Gilberto Rivera Hernández "Beto" | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Jesús Ramos López | 13 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Desconocido |
| Joel Reséndiz Moreno | 21 de abril de 2011 | Delincuencia organizada Homicidio Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. | Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama |
| Los expedientes de las averiguaciones previas de la PGR por la matanza de los 72 migrantes (AP/PGR/TAMPS/MAT-I/2281/2010) y por los hechos de las fosas clandestinas (PGRTAMPS/MAT-III/1173/2011). |
Fuente: Fundación Justicia y Estado Democrático de Derecho
