72 asesinatos, ni un sentenciado. Una década de impunidad.

Los asesinatos de los 72 migrantes la noche del 22 de septiembre de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, siguen impunes. 

A 10 años de la matanza más grande de migrantes que se tenga memoria no ha recibido sentencia condenatoria ninguna de las 81 personas anunciadas durante el gobierno de Felipe Calderón como responsables de la matanza de los 58 hombres y 14 mujeres que salieron de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, India y Brasil, y atravesaban el país con el anhelo de trabajar en Estados Unidos. Las únicas condenas se dieron en Ecuador contra dos “coyotes”.

La Fiscalía General de la República no consiguió siquiera la vinculación de Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, quien fue presentado por la Secretaría de Marina (Semar) como el líder de Los Zetas en el noreste del país. En una conferencia de la Semar el 8 de octubre de 2012, este hombre, entonces de 31 años, fue acusado de ordenar la matanza multitudinaria el 22 de agosto en una bodega abandonada del rancho El Huizachal; sin embargo, no fue consignado por esta masacre. Otro fracaso fue la vinculación de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, quien fue aprehendido en julio de 2013 y presentado como el líder de mayor rango en el Cártel.

 Aunque 15 integrantes de Los Zetas están en la cárcel no pagan condena  por  esos asesinatos. Los 18 policías municipales que protegieron los cientos de secuestros, asesinatos y desapariciones cometidos por el grupo  quedaron en libertad. Y los agentes del Ministerio Público de Tamaulipas y la Federación que torturaron a las familias de las víctimas al errar la identificación de los cuerpos, al grado de enviar víctimas a países distintos, no son perseguidos.

Nadie paga en cárcel por la ejecución de las 14 mujeres (al menos dos de ellas embarazadas, según los cables estadounidenses) y los 58 hombres migrantes. Y ante la exigencia de verdad y justicia, el gobierno federal declaró “reservados” los expedientes de la masacre a pesar de que -tras un amparo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- fue catalogada como violación grave a los derechos humanos, por lo que debían ser públicos. El caso se mantiene en secreto.

“Lo que decían de estos criminales de que tenían ciertos códigos de ética no es cierto, son unas bestias simplemente, y hay que combatirlos con todo de verdad: es un momento crítico para México”, declaró Felipe Calderón el jueves 26 de agosto de 2010.

El 29 de agosto la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación ante la creciente presión internacional y el reclamo de justicia de las víctimas y en todo el mundo. Se sabía ya  que el 21 de agosto hombres armados habían secuestrado a 74 personas que viajaban en dos camionetas por la Carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos de América. Los llevaron a una bodega abandonada en el rancho El Huizachal y, tras atarlos de manos y vendarlos, los mataron en la madrugada del 22 de agosto. Dos días después, la Secretaría de Marina, guiada por el sobreviviente ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, halló los  cadáveres.

“Se trata de una masacre incalificable, que merece la más enérgica condena de todos los mexicanos y, por supuesto, la acción decidida del Estado. No podemos permitir que los autores de estos crímenes queden impunes. Y, por eso, los estamos llevando ante la justicia”, llegó a decir Felipe Calderón durante un discurso sobre la violencia en Michoacán el 5 de mayo de 2011.

Una década después no se nota “la acción decidida del Estado”. Las procuradurías de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora la de Andrés Manuel López Obrador  demostraron la participación de las personas anunciadas como responsables de la masacre. El Ministerio Público Federal apenas reunió pruebas para obtener las consignaciones contra 15 hombres, todos señalados como integrantes de Los Zetas. 

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas no ha dictado sentencia contra las personas presentadas ante los medios de comunicación como presuntos responsables de secuestrar y asesinar a los migrantes.

La Fiscalía General de la República tampoco ha iniciado alguna línea de investigación de posible responsabilidad penal por acción u omisión en contra de agentes del Estado, a pesar de que la misma PGR en su momento informó que Los Zetas actuaron en complicidad con policías municipales, y que la CNDH determinó responsabilidad de personal de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por los  errores forenses. También han quedado a la luz los fallos que tuvo la Unidad de Servicios Periciales de la PGR.

Para el hondureño Orlin Euceda Aguilar no hay una explicación lógica de la impunidad en la masacre donde asesinaron a su hermano Marvin Euceda.

“Nosotros en el país en que vivimos, la justicia es más limitada porque tenemos menos recursos, pero cuando se quiere hacer algo se hace. A mí me extraña porque México es una potencia y no creo que a estas alturas no haya una investigación profunda de los hechos, de lo que pasó, para llegar a que haya responsables y que se les aplique el peso de la ley”, dijo en entrevista.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), representante legal de 11 familias, sostuvo que la impunidad en la masacre de los 72 continuará hasta que haya voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, y el Poder Judicial de la Federación para dotar de dinero y mecanismos adecuados para indagar el asesinato.

“Esto está inmerso en una maquinaria estatal que fue creada en los tiempos del PRI, mantenida en el gobierno de Calderón, en el de Peña Nieto y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está hecha para crear impunidad. Es imposible pensar que un ministerio público que tiene este caso complejo, otros 20 más y que, además, lo traen para todos lados va poder dar resultados. Eso está pensando intencionalmente”, dijo en entrevista.

En lo más oscuro

La noche del 22 de agosto, los migrantes viajaban distribuidos en dos camionetas por la Carretera 101, que unen a México y Estados Unidos. Sicarios de Los Zetas pararon los vehículos al momento de salir de la zona urbana de San Fernando, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, cerca de donde solía instalarse un retén de la Marina, a tan sólo 130 kilómetros de distancia de la frontera. En dos grupos fueron llevados hasta una bodega abandonada en el rancho El Huachizal. Fueron amarrados de pies y manos con los ojos vendados. 

 

Cerca del amanecer Luis Freddy Lala Pomavilla, joven ecuatoriano de 17 años, recorrió a pie unos 19 kilómetros, iba desangrándose por un balazo que recibió en el cuello cuando le dieron el tiro de gracia y le perforó el pómulo derecho. Al llegar a la Carretera 101 encontró un retén de la Marina y dijo : “Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.

 

Horas después, Lala Pomavilla, dio su testimonio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Una semana más tarde, el 2 de septiembre de 2010, en entrevista desde el hospital para la televisora pública ecuatoriana, narró el crimen: 

 

“El sábado como a las 10:00 de la noche nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo y nos bajaron del carro, y nos metieron en otro carro; viajaban en dos carros… Nos llevaron a una casa y ahí nos amarraron de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenían una noche. No nos dijeron nada, sólo ofrecieron trabajar con ellos. Nadie aceptó. Cuando dijimos no, no dijeron nada. No pidieron dinero. Después nos botaron boca abajo, y después escuché un ruido que disparaban. Yo pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que dispararon a mis amigos y luego llegó disparando a mí, disparó a mí y mató a todos otros. Acabaron de disparar y se fueron, mataron a todos”.

 

Lala Pomavilla no escapó solo, un hondureño lo acompañó hasta que fueron perseguidos y se separaron. Él hombre que no recibió ni un disparo, logró llegar hasta uno de los puentes internacionales de Matamoros, allí dio su testimonio al Instituto Nacional de Migración.  El informe En El Desamparo, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, recoge la declaración  del segundo sobreviviente:

 

“Los tráileres y/o trocas se estacionaron frente a la casa blanca, y [testado] dijo que nos bajáramos, en ese momento nos amarraron las manos hacia la espalda con unas sogas de plástico, y fuimos ingresando al interior de la casa, aproximadamente diez minutos después una vez estando dentro de la casa nos vendaron los ojos, y permanecimos de pie durante veinte minutos, creo que los sujetos esperaban a que anocheciera, después nos fueron acomodando formando una U alrededor de la casa… Permanecimos boca abajo alrededor de un minuto, y nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar, momentos después el hombre apodado como  [testado] les comenzó a disparar a las mujeres, en ese momento un migrante de quien no recuerdo su nacionalidad les dijo a los sujetos que no les dispararan y en ese momento escuché que le dispararon y que lo azotaron en la pared; y en ese instante me quité,  me deslicé hacia unos matorrales que se encontraban aproximadamente a unos cuatro o cinco metros del lugar de donde estaba acostado y los disparos se escucharon aproximadamente como cinco, después escuché que se alejaban los tráileres y/o las trocas”.

 

El 5 de septiembre de 2010, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció la existencia de un salvadoreño, quien sería el tercer sobreviviente de la masacre, habría logrado cruzar a Estados Unidos. Nunca se confirmó. En la declaración del primer sobreviviente mencionaba también que cuando los capturaron fueron separados de una mujer, su hija, y se cree que dos choferes de los que no se supo su identidad. 

 

La masacre se hizo pública cuando la Secretaría de Marina (Semar) difundió un comunicado la tarde del 24 de agosto en el que mencionaba un enfrentamiento que había tenido, y al final mencionó: “En seguimiento a la investigación, el personal naval se desplazó nuevamente al área con el fin de ubicar el lugar referido por el herido. En este sitio a 22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas”.

 

Sobre el sobreviviente informó: “El Agente de Ministerio Público Federal se presentó al lugar tomando conocimiento de los hechos, quedando a su disposición el menor de edad, e inició la Averiguación previa PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010, por los delitos de homicidio y lo que resulte.(…)  La persona herida que denunció los hechos se encuentra resguardada por autoridades federales”.

 

Peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, al mando del agente ministerial del fuero común Roberto Jaime Suárez Vazquez se presentaron en el sitio el 24 de agosto, hasta las 18:30 horas, levantaron los cuerpos de las víctimas,  recolectaron indicios y abrieron la averiguación previa. (Un año después, sin embargo, activistas descubrieron que la ropa y la pertenencias de los migrantes no habían sido levantadas de la escena del crimen.)

 

Esa semana el ministerio público Suárez Vázquez y su tío Juan Carlos Suárez Sánchez, secretario de Seguridad Pública municipal, desaparecieron. El 27 de agosto, el presidente Calderón dijo que el agente estatal había sido asesinado, después reculó. El 11 de septiembre se supo que habían sido encontrados sin vida en la carretera San Fernando-Méndez. 

 

En ese tiempo la frontera norte de Tamaulipas era el epicentro de la guerra por la ruptura entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, pero la zona de confrontación era el Valle de San Fernando, especialmente las brechas y la Carretera Federal 101, camino de los migrantes que intentan pasar de Matamoros a Brownsville, Texas. La región del Valle de San Fernando, integrada por 4 municipios rurales, encabezaba la tasa de homicidios y desapariciones en la entidad en 2010 y 2011, con 175 crímenes y 49 desapariciones por cada 100 mil habitantes.



81 presentados, nadie con sentencia

El 8 de septiembre de 2010, a 17 días de la masacre, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, anunció la detención de ocho personas y la muerte de otros ocho presuntos responsables de la matanza en tres hechos distintos. 

Explicó que la primera captura se dio cuando la Marina buscaba el sitio del crimen guiados por el relato del sobreviviente ecuatoriano, el 23 de agosto de 2010, que terminó en enfrentamiento. Allí fallecieron tres civiles armados y se detuvo a Eduardo Rico Pérez, el primer detenido por la masacre, quien fue identificado por los dos sobrevivientes. Siete días después la Secretaría de Marina halló cinco cadáveres, tres hombres y dos mujeres. “El sobreviviente hondureño reconoció a los varones como participantes de la masacre”, dijo Poiré.

 

 Mencionó cuatro presuntos delincuentes capturados posteriormente, el hallazgo de una fosa con dos cadáveres y la liberación de tres secuestrados el 3 de septiembre al sur de San Fernando, y sumó la detención de otros tres supuestos integrantes de Los Zetas entre el 4 y el 7 de septiembre.

 “Estas siete personas aseguradas en días recientes son presumiblemente parte de la estructura operativa de ‘Los Zetas’, que llevó a cabo el homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, lo que se desprende, entre otras cosas, de sus declaraciones iniciales… Esta detención permitirá esclarecer plenamente lo ocurrido…y significa un paso importante para poner freno a la impunidad en las agresiones a los migrantes perpetradas por el crimen organizado”. Dos semanas después de la barbarie, Alejandro Poiré cantaba victoria.

 En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arturo Chávez Chávez, recibió la consignación de las siguientes personas: José Gustavo Blanco Padilla alias “El Pizarrón”; Juan Manuel Cano Hernández, alias “La Bella”; Eduardo Rico Pérez; Jesús García Alfaro, alias “Chalino” o “Negro”; Víctor Alfonso Resendiz Zertuche, alias “El Vico”; Jesús Vargas Rodríguez, alias “La Pulga”; Manuel Vázquez Chávez, alias “El Carlitos” y Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe” o “El Tigre”. Los delitos imputados son delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas, corrupción de personas menores y homicidio calificado en perjuicio de 72 personas migrantes.

 

VER CUADRO CON LAS PERSONAS ABSUELTAS E IMPUTADAS

El 17 de junio de 2011, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Eduardo Ramón Pequeño García, presentó al joven de 22 años, Edgar Huerta Montiel, alias “El Wache” o “El Guache” como el jefe de Los Zetas en San Fernando y coordinador de la masacre. Una semana después, el gobierno federal distribuyó un video editado de la confesión de Huerta Montiel, en donde dio su versión de la matanza: Que asesinatona las 74 personas centroamericanas para evitar que llegaran a la frontera, donde podrían reclutarlos sus rivales del Golfo. 

 “En agosto de 2010, “EL MONENEKE”, que en ese entonces era el encargado de Ciudad Victoria, reportó a “El Coyote”, que iban dos camionetas doble rodada con gente, que cuando llegaran a San Fernando, las checáramos, para lo cual “La Ardilla”, dio la orden a “El Kilo”, para que checara, “El Kilo” checó que eran indocumentados y se le reportó eso a “La Ardilla”, “La Ardilla” dijo que los investigáramos bien que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de halcones o para tenerlos de esclavos”, dijo en su declaración.

“‘La Ardilla” dio la orden de que se mataran a “El Coyote” (…) llegamos “EL CHAMACO”, “EL SANIDAD”, “EL ALACRÁN”, “EL COYOTE”, “EL JUNIOR”, “EL CÓNDOR” y YO, “El Coyote”, “El Junior” y yo dimos la seguridad fuera del rancho, los que ejecutaron fueron “EL ALACRÁN”, “EL CHAMACO” y “EL SANIDAD”, esto tardó como dos horas, en donde yo estaba dando seguridad no se escuchaban las detonaciones, era tiro tras tiro, hasta que terminamos, como ya era de noche, no se enterraron en ese momento, pero al otro día llegaría “EL CHAMACO” a enterrarlos, pero ya no fue porque llegaron antes los marinos. Cuando se terminó de matar a los migrantes que eran como setenta y dos, nos fuimos a San Fernando a un rancho”.

A partir de sus dichos, la PGR construyó la narrativa e intentó judicializar el caso. 

Para 2012 fueron consignados José Pedro Castañeda Arellano, alias “El Chamaco” o “El Comandante Chamaco”; Cuitláhuac Montoya Torres, alias “Degollado”; José Guadalupe Reyes Rivera, alias “El Sasi”; Juvenal Burciaga Venegas, alias “El Alacrán”.

 

A Martín Omar Estrada de Luna, alias “El Kilo”, segundo al mando de Los Zetas en San Fernando; Román Ricardo Palomo Rincones, alias “El Víctor” ó “El Coyote” y Edgar Huerta Montiel, se les responsabilizó por su participación en la masacre y el homicidio de los funcionarios estatales que investigaban la masacre. 

 

A los 15 consignados se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, corrupción de personas menores, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de sobreviviente y homicidio calificado contra 72 personas.

 

Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe”, falleció preso y la acción penal se extinguió el 4 de marzo del 2013. Lo mismo sucedió con Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias “El Pata de Queso”. Tres días después de su aprehensión en noviembre de 2017 por la Policía Federal, murió a causa de una complicación renal.

 La indagatoria de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando se basa principalmente en testimonios y algunos datos que recabó la procuraduría estatal. La narración de “El Wache” pasó de averiguación en averiguación. Primero fue parte de la indagatoria atraída por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, en agosto del 2010, a cargo del panista Francisco Molina Ruiz. 

El día 6 de octubre del 2012 en Nuevo Laredo, la Semar capturó a Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, jefe de la región noreste de Los Zetas, mencionado por “El Kilo” como quien ordenó el multihomicidio. Al presentarlo ante los medios de comunicación lo señalaron como responsable de matar a 50 personas, de ordenar al menos 320 asesinatos, entre ellos el asesinato de los 72 migrantes, y de la fuga de 280 reos. A pesar de los señalamientos al momento de anunciar su aprehensión, la PGR no pudo vincularlo al proceso judicial por la masacre de agosto de 2010.

Violación grave

“El caso fue clasificado como graves violaciones gracias a un litigio de la fundación que llegó hasta la suprema corte. La CNDH no lo quería clasificar. Lo obligamos por el amparo”, dijo, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). El litigio duró tres años. 

 “Las autoridades locales llevaron a cabo, desde el mes de agosto 2010, la detención de diversos sujetos presuntamente integrantes del grupo delictivo de Los Zetas, quienes hubieron reconocido su participación en los hechos, aun cuando no se tiene certeza sobre la forma en que fueron recabadas sus declaraciones y por lo tanto, sobre la veracidad misma de dichas declaraciones”, sostuvo en entrevista la abogada Delgadillo.

Otro de los puntos no esclarecidos son el encuentro entre el sobreviviente y la Marina, las condiciones del hallazgo de las víctimas, el número de sobrevivientes y la veracidad de las declaraciones de los detenidos.

 La masacre de los 72 migrantes en San Fernando mostró el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno calderonista que extendió la violencia. 

Las familias de las víctimas migrantes no conocen la verdad y tampoco han recibido justicia. El recuento de la FGR, realizado por la FJEDD, muestra 15 consignados, seis presuntos responsables muertos, de los que nunca se dio a conocer su identidad y 66 personas que no enfrentan cargos por los hechos ocurridos en San Fernando.

Sentenciados en Ecuador

Hasta ahora las únicas dos sentencias por la masacre de los 72 migrantes están en Ecuador. El 17 de octubre de 2012, el Tribunal dictó una condena de 12 años a José Arcesio Vásquez Marín, por el delito de tráfico ilegal de migrantes. El delincuente fue el “coyote”que llevó a Luis Freddy Lala Pomavilla.

 Tres personas testificaron contra Vásquez Marín, quien durante el juicio estaba preso en la cárcel llamada La Roca, en Guayaquil. La Unidad de Protección de Víctimas y Testigos protegió a los testigos ante las amenazas de muerte si acusaban al traficante.

La segunda condena fue contra el traficante Miguel Ángel Dután Meneses, quien también es responsable de organizar el viaje de Lala Pomavilla. La Fiscalía lo capturó al sur de Quito, en septiembre de 2010. Fue sentenciado a 8 años de prisión.

El diario La Hora reportó entonces que al momento de la detención Dután Meneses trabaja como conductor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

De acuerdo con una búsqueda en registros públicos oficiales, actualmente Miguel Dután Meneses está activo como empresario, brindaba transporte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ecuatoriano hasta el año de 2019.

Responsabilidad del Estado

Los informes de la CNDH en 2009 que, un año antes de la matanza, mencionaban a San Fernando como punto de secuestro de migrantes fueron ignorados por el gobierno de Felipe Calderó que se encontraba a medio sexenio y en la insistencia de mantener su estrategia de guerra que fragmentaba a los cárteles y provocaba siempre más violencia contra población inocente. En Tamaulipas, el gobernador priista Eugenio Hernández Flores, no podía contener el secuestro, que se incrementó 60 por ciento de 2009 a 2011, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM),  encabezada entonces por la panista Cecilia Romero Castillo, fue una de las dependencias señaladas como responsables de la masacre de los 72 migrantes. Durante su gestión creció la migración de la mano con bandas de traficantes que usaban el tren, llamado ‘La Bestia’, para mover a las víctimas.

 

Veintitrés días después de la matanza, Romero dejó su cargo y dijo que su única culpa debió ser que no detuvo a los indocumentados. 

 

Las procuradurías, especialmente la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, fueron responsables del mal tratamiento de los cuerpos de las víctimas, del dudoso procedimiento de identificación por el que al menos nueve familias extranjeras piden exhumación de los cadáveres que recibieron y enterraron en sus países para cerciorarse si recibieron los cuerpos correctos, y el resguardo de los indicios en la bodega del rancho El Huizachal.

 

La CNDH pidió a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas indague sobre la actuación del personal ministerial y pericial, a cargo del ex procurador Jaime Rodríguez Inurrigaro. La recomendación 80/2013 señala que el director de Servicios Periciales, Carlos Guillermo Morris Garza, no garantizó el levantamiento de evidencias e indicios, y que el tratamiento de la escena del crimen y de los cadáveres motivó la pérdida de pruebas, como son, la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de cada uno de los proyectiles. Incluso, una caravana de madres centroamericanas que visitó la bodega un año después del asesinato, encontró pertenencias de las personas masacradas. Esta serie de omisiones fueron consideradas violaciones a los derechos humanos.

 

Como ejemplo de las deficiencias de la Procuraduría tamaulipeca está la confusión del cuerpo del brasileño Edilsimar Junior Faustino da Silva que fue enviado a Honduras. La Directora Nacional de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras reportó el error cuando el cadáver estaba en su territorio. Pero ningún funcionario público ha sido sancionado por las yerros en la investigación de los homicidios. 

 

“El levantamiento de evidencias e indicios, así como de cada uno de los cadáveres efectuados por el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas se realizó en forma precipitada, sin metodología y deficiente, en virtud de que el personal ministerial y el pericial omitió dar fe de las circunstancias específicas del hallazgo de los cadáveres de las 72 personas migrantes”, indica la recomendación 80/2013 de la CNDH presentada en 2013.

 

La CNDH señaló que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no cumplió con la protección de la zona del crimen y la recolección de pruebas. Morris Garza tardó hasta 48 horas después del hallazgo de los cuerpos para ordenar las autopsias. Su cuñado el exgobernador Egidio Torre Cantú lo mantuvo en el aparato gubernamental. El 2 de febrero de 2011 lo nombró director del hospital infantil de Victoria.

 

“La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos”, establece el documento.

 

El personal pericial no resguardó correctamente las 51 evidencias de balística –como casquillos .223 y 9 mm., cartuchos y una ojiva–; los objetos quedaron en un lugar abierto “sin resguardar ni reservar”. Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres. Las autoridades entregaron un informe genérico sobre los hechos, sin indicios que permitan aclarar qué pasó.

 

“La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República, incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor, de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de ‘V73’ y ‘V74’, quienes sobrevivieron a los hechos”, concluye el análisis de los hechos. 

 

A finales de 2013, las organizaciones y colectivos integrados por víctimas centroamericanas y mexicanas dedicadas a la protección de migrantes  reclamaron por las omisiones de agentes del Estado mexicano. La presión derivó en la firma de un convenio para crear una Comisión Forense en la que se permitió al Equipo Argentino de Antropología Forense (acompañada de colectivos de víctimas centroamericanas y organizaciones mexicanas de defensa de los migrantes) trabajar en conjunto con peritos de la PGR para identificar a las víctimas de tres masacres de migrantes en México, entre ellas  la de San Fernando en 2010, enviadas a fosas comunes.



Los sobrevivientes

Luis Freddy Lala Pomavilla, hoy en día tiene 28 años. Tras regresar a su país de origen sufrió estrés postraumático y aceptó ser testigo protegido del gobierno ecuatoriano. Aparentemente no recibió a cambio los beneficios que le prometieron funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).

El último reporte del sobreviviente fue hace cinco años, a través de una entrevista para la cadena CNN, dijo: “Siento que alguien me persigue no puedo salir de la casa. Tengo que cuidarme, no puedo salir a pasear por ahí lejos (…) Las bandas de Los Zetas nos persiguen, quisiéramos salir de este país”.

Según sus declaraciones, el Gobierno de Ecuador apoyó a su papá y su mamá, para que regresaran desde Estados Unidos hasta su país natal, ya que existía la garantía de protección oficial gubernamental como testigo protegido también para su familia, y de darles una casa nueva y dos hectáreas de tierra.

Pero el 22 de Mayo del 2013 le fue notificado que la protección oficial expiró y fue retirado del programa. “Del terreno no ofrecieron nada. Ofrecieron trabajo, ayudar en todo y ya últimamente se fueron olvidando. Tenemos problemas con la casa, no es como casa propia de nosotros, es como prestada nomás”, dijo entonces.

En agosto de 2018 medios nacionales indicaron que el joven trabajaba en el campo con su padre, ganando 60 dólares a la semana y aún batalla por conseguir asilo en otro país. 

A raíz de la Caravana Migrante salió a la luz en entrevistas, desde 2018, una persona llamada Billi Noé Martínez, originaria de Honduras, quien se presenta como el segundo sobreviviente.

Ha dicho a medios internacionales que habría renunciado a su condición de testigo protegido para hablar sobre la masacre y obtener ayuda por parte del Gobierno de México. No ha sido posible confirmar si es el sobreviviente identificado como ‘V74’ en la recomendación de la CNDH. Su relato y su descripciòn de los hechos, difiere en detalles sobre la descripción de la bodega, del territorio desértico, las heridas de los cuerpos de las personas asesinadas.

Recuadro:

Detenidos   
DetenidosAño de detenciónResponsabilidadPenal
CONSIGNADOS
Édgar Huerta Montiel "El Wache"17 de junio del 2011 en Fresnillo, ZacatecasPresunto coordinador del múltiple homicidio de migrantes.Cefereso número 3 “Noreste”, ubicado en Matamoros, Tamaulipas.
Jesús García Alfaro "El Chalino” o “El Negro”7 de septiembre de 2010 en las inmediaciones de San Fernando, TamaulipasDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Víctor Alfonso Reséndez Zertuche "El Vico"3 de septiembre de 2010, junto con Juan Manuel Cano, alias “La Bella”; Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe”; y José Gustavo Blanco Padilla, alias “El Pizarrón”Delincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Román Ricardo Palomo Rincones "El Coyote"25 de agosto del 2013 en el Fraccionamiento Residencial Santa Regina, en Victoria, Tamaulipas.Delincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Aparentemente está en libertad.
Juvenal Burciaga "El Alacrán"Delincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Martín Omar Estrada de la Mora "El Kilo"Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad
Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 5, Villa Aldama, Veracruz
Juan Manuel Cano Hernández "La Bella"16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGRDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Edgar Sesma Vega "El Gafe” MURIO, DE ACUERDO CON DATOS DE LA FUNDACIÓN16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGR -El 4 de marzo del 2013 se decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento, por fallecimientoDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
José Gustavo Blanco Padilla "El Pizarrón"16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGRDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Manuel Vázquez Chávez "El Carlitos” PRESUNTAMENTE MURIÓ16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGRDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Jesús Vargas Rodríguez “La Pulga”16 de octubre de 2010 fue consignado, informó la PGRDelincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
Eduardo Rico PérezFue detenido el 23 de agosto de 2010. Presunto integrante de la organización criminal Los Zetas, en la cual participaba como enganchador de migrantes.Delincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, o en el Cefereso número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz.
José Guadalupe Reyes Rivera "El Sasi"31 de marzo de 2015 en Victoria. Es considerado por las autoridades como uno de los tres principales jefes zetas que planearon y consumaron el plagio y multihomicidio de los migrantes.Delincuencia organizada
Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Corrupción de personas menores de 18 años
Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredy Lala Pomavilla y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano
Centro Federal de Readaptación Social número 3, localizado en el municipio de Matamoros. ESTÁ CERRADO POR REMODELACIÓN.
José Pedro Castañeda Arellano, alias “El Chamaco” o “El Comandante Chamaco”
Cuitláhuac Montoya Torres, alias “Degollado”
NO CONSIGNADOS
Salvador Alfonso Martínez Escobedo "La Ardilla"6 de octubre de 2012Autor intelectual.Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”
Abraham Barrios Caporal "El Erasmo"1 de septiembre de 2011 fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz.Autoría materialCefereso número 5 “Oriente”, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.
Alejandro "Omar" Treviño Morales "Z-42"4 de marzo de 2015 en San Pedro Garza García, Nuevo LeónDelincuencia Organizada
Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Saraí Fabiola Díaz Arroyo "La Muñeca"Fue entregada por su propia madre. La PGR daba una recompensa de 430 mil dólares por información para capturarla. Su mamá reclama el dinero. La muñeca era novia de Omar Martín Estrada Luna, “el Kilo”, del cártel de los Zetas. Delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína y marihuana
Álvaro Alba Terrazas "El Junior"Detenido el 13 de abril de 2011.Delincuencia organizada
Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

Centro de Readaptación Social “El Hongo” en Tecate, Baja California.
Policías
Óscar Jaramillo Sosa13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Álvaro Alba Terrazas13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Lázaro Flores Peñaloza13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Martín García Badillo13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Eleodoro Sánchez Robles13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Rogelio de la Portilla Heredia13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
María Guadalupe Galván Hernández17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisiónDelincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Desconocido
Remigio Mireles Camarillo13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Guadalupe Hernández Ibarra17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisiónDelincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Desconocido
Manuel Ávila Lugo17 de agosto de 2011 le dictaron auto de formal prisiónDelincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Elpidio Reyes Sáenz13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
José Luis Aguilar Vélez13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Julio Guadalupe Jaramillo Vela13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Mario Alberto Romero Hernández13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Santos Maldonado Reyes13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Gilberto Rivera Hernández "Beto"13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Jesús Ramos López13 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Desconocido
Joel Reséndiz Moreno21 de abril de 2011Delincuencia organizada
Homicidio
Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Cefereso 5 Oriente Penal Federal de Villa Aldama
Los expedientes de las averiguaciones previas de la PGR por la matanza de los 72 migrantes (AP/PGR/TAMPS/MAT-I/2281/2010) y por los hechos de las fosas clandestinas (PGRTAMPS/MAT-III/1173/2011).

Los hechos

 

En 2009, la CNDH advirtió de los riesgos de violencia hacía la población migrante en tránsito en México, sobre todo en estos fronterizos como Tamaulipas y reportó el secuestro en seis meses de 10 mil migrantes secuestrados, en algunos casos con la participación o colusión de agentes del estado.

El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina-Armada de México reportó a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes en el rancho “El Huizachal”, San Fernando, Tamaulipas.

Entre el 24  y el 25 de agosto 2010, el gobierno tamaulipeco detuvo a diversos sujetos presuntamente integrantes de un grupo delictivo, quienes reconocieron su participación en los hechos.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del caso, iniciada previamente por la Procuraduría de Tamaulipas, posteriormente, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNE-IX/102A/2012.

La PGR aportó información para la vinculación de diversos sujetos integrantes del crimen organizado. 15 hombres fueron detenidos por los hechos y doce fueron procesados.

El 4 de septiembre de 2013, la PGR publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, que fue firmado por comités de familiares de desaparecidos y por varias organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica. El Convenio crea la Comisión de Expertos Forenses (Comisión Forense), integrada por peritos de la PGR y peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El 20 de diciembre de 2013, las familias presentaron documentos a la PGR para exigir la revisión del caso, debido a que el tratamiento que los restos recibieron desde el momento de su hallazgo, no fue apegado a lo que establecen los protocolos existentes en la materia.

El 10 diez de marzo de 2014, los familiares solicitan que la Comisión Forense revise y emita el dictamen correspondiente en el que se les aclare a) si los restos que se les entregaron realmente son de sus familiares y b) cuál fue la causa de su muerte, pues eso resulta esencial para impulsar la investigación que esta autoridad ministerial realiza.

En enero de 2016, el caso fue asumido por la entonces recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (Unidad de Migrantes), reasignando el número de expediente, dando inició a la averiguación previa PGR/SDHPDSC/UIDPM/01/2016 en marzo de 2016.

Hasta el momento se han identificado a 63 de las 72 víctimas fatales de los hechos, quedando 9 personas por identificar (8 hombres y 1 mujer). Las víctimas identificadas hasta el momento, son provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y La India.

Fuente: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

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