finales de marzo de 2011, el guanajuatense Raúl Arreola Huaracha fue obligado a bajarse del autobús que lo llevaba a la frontera con Estados Unidos, en un retén instalado por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. No se supo más de él. Pero como tenía también ciudadanía americana y sus hijos lo esperaban en Estados Unidos alertaron al FBI que intervino y presionó a las autoridades mexicanas para su búsqueda.
No era el único. Otro ciudadano americano, Julio Villanueva, también fue reportado como desaparecido en el mismo sitio. Durante los mismos días, el 25 de marzo, un representante legal de la empresa Ómnibus de México puso una denuncia ante la PGR por el secuestro de casi todos sus pasajeros a la altura de San Fernando. No era la primera vez que ocurría: varias veces se repitió la escena de las maletas que llegaban a las terminales en los autobuses sin sus dueños. Hubo denuncias. Pero todo era mantenido en secreto.
Al mismo tiempo de un campamento donde había gente secuestrada escaparon tres mexicanos que dieron aviso a la esposa de un diplomático mexicano en Estados Unidos que alertó a las autoridades. Alguna de esas razones, o los tres sucesos juntos, lograron que se activara la búsqueda que no se había hecho y que derivó en el hallazgo, el 1 de abril, de la primera fosa por parte de la Procuraduría General de Justicia tamaulipeca. Las semanas siguientes llegaron a 47 las fosas halladas; 196 los cuerpos.
Esa fue la cifra última del gobierno mexicano. Aunque funcionarios de Estados Unidos, policías, activistas y periodistas sabían que había más personas enterradas pero, por alguna razón aún no explicada, se dejó de excavar. La constancia de esta negligencia la recoge un cable diplomático estadounidense.
Las personas que buscaban a los suyos entre esos cuerpos veían con angustia a los forenses enfundados en trajes quirúrgicos blancos mientras bajaban del tráiler las bolsas de basura con forma humana hasta depositarlas en el piso del Servicio Médico Forense o que, en sentido contrario, sacaban otros para subirlos al contenedor, como si fueran cajas de fruta.
También observaron desesperados cómo el tráiler se llevaba los cuerpos: luego supieron que tendrían que seguirles la pista hasta la Ciudad de México. Un funcionario había dado la orden de dispersar los cadáveres.
Lo que hoy se sabe es que el gobierno de Tamaulipas quería evadir el escándalo y estaba preocupado por la llegada de la Semana Santa y el ahuyentamiento del turismo.
Uno de los padres desesperados era el paramédico Arturo Román, padre de Josué Axel y Natanael Arturo, cuyos hijos habían desaparecido desde el 25 de agosto de 2010, cuando regresaban de comprar ropa en McAllen.
En ese momento 120 cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. La explicación que dieron las autoridades es que las morgues tamaulipecas habían resultado insuficientes. Pero el traslado se hizo con una lógica: “los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante (…) ayuda a restar visibilidad a la tragedia”
Siete cadáveres tenían más posibilidades que el resto de ser identificados ya que entre sus pertenencias fueron hallados documentos de identidad, como credenciales de lector, CURP y un boleto de pasajero, Sólo faltaba rastrear a las familias y reconfortar su identidad mediante pruebas de ADN. Sin embargo, sus familias no lo supieron. Hasta enero de 2016 obtuvieron los restos.
En la Ciudad de México, la mayoría de los cuerpos fueron depositados en el Panteón de Dolores, de donde fueron sacados conforme el ADN daba positivo y las autoridades hacían el esfuerzo por rastrear a sus familiares. Algunos, cuando encontraron, en vez de cuerpos recibieron cenizas. No saben si sus hijos son los que les entregaron.
Los cuerpos restantes se quedaron en Tamaulipas. Se desconoce con qué criterio se hizo esa selección que provocó que estos tuvieran menos oportunidades de ser encontrados. La mayoría terminó en la fosa común de Ciudad Victoria, capital del estado.
Hasta el 4 de septiembre de 2013 sólo 54 de los 120 cadáveres trasladados a la Ciudad de México habían sido identificados y entregados a sus familiares; en Tamaulipas, en tanto, sólo 8 de los 73 cuerpos que quedaron en custodia. Ese día la PGR firmó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras así como mexicanas, un Convenio Forense que permitía a estos peritos independientes coadyuvar para identificar los cuerpos no identificados que habían sido asesinados en las masacres de los 72 migrantes (del 2010), las fosas de San Fernando (2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012).
A partir de entonces, y hasta agosto de 2015, 41 cuerpos han podido ser identificados y regresados a sus familiares (32 de las fosas de San Fernando). A partir de ese momento quedaron al descubierto las fallas periciales cometidas por las procuradurías mexicanas, como dan cuenta las historias narradas en este sitio.
Aunque #Másde72 presentó solicitudes formales ante la PGR para entrevistar a los integrantes de la Comisión Forense para que informaran sobre los resultados de su trabajo estos años, estos nunca accedieron. Tampoco ha obtenido la información utilizando los mecanismos de la transparencia de la información pública gubernamental.
Por eso invitamos a todas las personas con información sobre estos casos a compartirla para colaborar juntos en el esclarecimiento de secuestros y masacres, a la ciudadanía a ayudarnos a documentar los casos desconocidos, y a las familias de las víctimas a que compartan sus comentarios para ayudarnos a comprender mejor las lógicas de las distintas violencias que atraviesan México.
