Imposible Camino a la Verdad
arleny Xiomara Suarez rezó nueve días seguidos por su esposo Miguel Ángel Cárcamo. Rezó el primer día y recordó a la señora que le decía: “¡Ese cuerpo es mi hijo!”. Rezó el segundo, el tercer y el cuarto, sin olvidar a la desconocida mujer que decía: “Miguel Ángel no es Miguel Ángel”, y que le hizo dudar de la identidad del cuerpo que enterró. Sigue sin olvidar esa voz.
Marleny sabe muy bien quién es Miguel Ángel. Él pasaba los 20 años y ella los 18 cuando se conocieron un día a inicio de la década de los 90. Al siguiente suspiro, el joven de Maraita le pidió matrimonio. Al siguiente suspiro, él fue por sus pertenencias a la casa de sus padres y regresó a Marleny para quedarse en El Guante.
En 1994, Marleny parió a Petrona Itzael y dos años después a Ángel Rogelio. Miguel Ángel le sacaba arena a una quebrada para llevar de comer a su casa. En 2005 nació Yessica Xiomara y 24 meses después, Luis Miguel. El padre se dio cuenta que el sueldo por sacar la arena no era suficiente y comenzó a pensar en la migración a Estados Unidos como una salida.
“Él no le podía comprar ropa a los cipotes y se ponía a llorar y decía que se iba a los caminos para que los cipotes siguieran adelante”, recuerda Marleny en entrevista telefónica.
Miguel Ángel y su cuñado Luis Suarez salieron de El Guante, ubicado a 90 kilómetros de Tegucigalpa, el 2 de agosto de 2010. Rogelio, otro hermano de Marleny con experiencia en migrar, los encontró en Guatemala. En su camino a Estados Unidos hablaba por teléfono con Marleny. En una llamada le avisó que habían deportado a Luis. A mediados de agosto le dijo que estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, que le prometía dinero para arreglar la casa de madera y comprar ropa a sus cuatro hijos.
El 25 de agosto Marleny vio la noticia del asesinato de migrantes en San Fernando, pero no pensó en su esposo. Los medios informaban que la Secretaria de Marina halló más de 70 cuerpos de migrantes que habían sido asesinados por hombres armados, integrantes del cartel de Los Zetas, en su camino a Estados Unidos. El viernes 27 del mismo mes, un amigo de la familia llamó a Marleny para decirle que el nombre de Miguel Ángel Cárcamo había salido en la tele, en la lista de asesinados.
El 1 de septiembre, Marleny asistió a la entrega de 16 ataúdes sellados. El entonces presidente hondureño, Porfirio Lobo, dijo que todas eran víctimas hondureñas de la masacre mexicana. A los días siguientes se supo que por lo menos uno de los cuerpos llegados a Honduras era, por error, el de un joven brasileño. A media ceremonia, una mujer se acercó a Marleny y le dijo que el del ataúd era su hijo. Ella le respondió que Miguel Ángel no tenia mamá. La señora insistió y la hizo dudar.
El último día del rezo del novenario por Miguel Ángel, Marleny y su familia fueron a dejar flores a la tumba. Cuando llegaron al sepulcro encontraron la tierra muy removida. Ella preguntó qué había pasado a una familia que estaba en una tumba cercana y no respondieron. En esos días la policía los vigilaba. Le pidió a Petrona y Ángel que no hicieran bulla y todos regresaron a casa.
La tierra removida la hizo dudar, pero no más que la señora que decía: “¡Miguel Ángel no es Miguel Ángel!”.
“No hallo consuelo”, dice Marleny, en la entrevista, a una década de esos días tristes. Semanas después otra señora la buscó para decirle que no llorara, que Miguel Ángel estaba vivo, que habían sacado el ataúd del sepulcro debido a un error en la identificación. “Aquí en El Guante nadie se lo dije y esa mujer dijo que está vivo, pero a mí no me ha llamado, me dijeron que a los 7 años podía llamar, pero ya van 10 y él no llama”.
A 10 años de la masacre de San Fernando, Marleny sufre por la incertidumbre. En el día a día la pobreza cerca a su familia que sigue habitando la casa a la que hace casi 30 años llegó un joven de Maraita y de la que se fue un 2 de agosto de 2010 en busca de un futuro.
Los Cárcamo Suarez comparten el desamparo con la señora Elvia Yolanda. Ella sigue esperando que México o que el país donde nació, Honduras, le otorguen becas de estudio para sus tres nietos, hijos de Eva Nohemí, asesinada hace 10 años en la misma masacre. “Porque yo ya me voy a morir y ellos, como sea, van pa’rriba”, dijo en la visita que realizó el año pasado a México.
Vilma Pineda Morales también sufre por la situación económica y la injusticia. En la masacre perdió a Efraín Pineda Morales, Richard Pineda Lacán, Mayra Cifuentes Pineda y Nancy Pineda Lacán.
Esta es la misma situación que viven las 24 familias hondureñas, las 14 salvadoreñas, las 14 guatemaltecas, las 4 brasileñas y la india que perdieron a sus familiares. En diez años no han recibido apoyos económicos, educativos o de salud por parte del gobierno mexicano. Sus países no se han sumado a la exigencia de justicia, verdad y reparación por la masacre.
Sin Destino
El camino a la verdad y la reparación de las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, parece imposible. En diez años, y tres gobiernos distintos, el Estado mexicano no logró garantizar el derecho a la verdad de las familias y los sobrevivientes de la violación grave a los derechos humanos.
A la fecha, hay 30 víctimas directas y 65 víctimas indirectas de esa masacre oriundas de Centroamérica, Ecuador y Brasil registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aunque deberían de recibir medidas de asistencia médicas, alimentarias y educativas, las personas sólo cuentan con apoyo económico para su traslado a México, para el seguimiento a sus casos, y, en su momento, dos familias recibieron atención médica emergente en el país, según la Fundación para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho, representante legal de 11 de las familias.
En el proceso de transición el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que instalaría una Comisión de la Verdad para la masacre de San Fernando. Hasta ahora, el único ejercicio echado a andar es la Comisión para el caso Ayotzinapa. En su lugar, la fiscal de derechos humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, aceptó concentrar cuatro investigaciones de masacre y dos de desapariciones en una recién creada Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UDIPM). Para investigar estos casos la FGR dispuso de tres ministerios públicos de medio tiempo.
“Hasta que no haya voluntad no va avanzar, y la voluntad política implica que las políticas de austeridad no deben tocar acciones de búsqueda y acciones de investigación, porque esto nos va seguir hundiendo en la impunidad”, advierte Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia.
La creación de una Comisión está en manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas. El 6 de julio de 2018, la hoy titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, aseguraron que habría un mecanismo, donde el centro serían las víctimas y el cumplimiento del marco legal internacional de los acuerdos que México ha firmado con el mundo.
En México, la institución encargada de atender a las víctimas es la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), fundada en 2014 y su modelo de atención se sustenta en la Ley General de Víctimas. Cuenta con 603 trabajadores para atender a 34 mil víctimas de violaciones a derechos humanos. El 60 por ciento del personal está contratado como externo o con plazas eventuales.
La CEAV plantea la reparación del delito en cinco pasos: restitución, que significa que la víctima recupere lo perdido; rehabilitación, que representa atención médica o psicológica; compensación, aportar una suma de dinero con cálculos establecidos en la ley; satisfacción, una disculpa pública o reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano o las autoridades responsables en violaciones graves a los derechos humanos; y garantías de no repetición, crear medidas para sancionar a los responsables y establecer políticas públicas de prevención.
El modelo burocrático impuesto por la CEAV obliga a que las víctimas directas o indirectas llenen un formato específico de solicitud de las medidas de asistencia o de la reparación. Esta condición es la principal limitante para las familias de los migrantes, quienes viven en comunidades rurales en sus países.
De las 72 familias de las víctimas, 61 no cuentan con representación jurídica en México. Al ir a la CEAV, las abogadas que asesoran a madres, esposos, esposas e hijos topan con pared. “Les han prometido medidas, pero luego señalan que los protocolos y reglamentos de la CEAV les impiden dar asistencia fuera del país, que las familias no tienen cuentas de banco, que están en otros países y no hay convenios de colaboración con instituciones públicas de salud y educación. El tema administrativo está por encima de la Constitución”, lamenta la abogada Delgadillo.
Al respecto, Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, señaló que el modelo de operación de la CEAV la convierte en una Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para víctimas. Además, enfatiza, no hay un mecanismo que garantice que las víctimas de otros países tengan acceso a las medidas de reparación y de asistencia.
“Una Ley de Víctimas responsable acotaría la atención a delitos de desapariciones, ejecuciones, tortura. La CEAV tendría que tener modelos de reparación administrativa, hoy todavía sigue vinculada a lo judicial, en un país donde lo judicial no camina. Hay una visión muy perversa en la forma en que las comisiones de víctimas están operando porque claramente están rebasadas por el entorno”, expuso Dayan.
Las medidas de austeridad dejaron al descubierto la fragilidad de la CEAV. El 24 de junio, la comisionada Mara Gómez Pérez presentó su renuncia al Senado. En una carta expuso que se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas.
Para esta investigación se pidió una entrevista a la CEAV pero fue rechazada.
Reparaciones a Presión
La presión de Leonardo Arizaga, embajador de Ecuador en México, obligó a que el Estado mexicano reparara a los familiares de las cinco víctimas mortales ecuatorianas: Elvia Florinda Pasochoa Matsaquiza, Rosa Amelia Panza Quilli y María Magdalena Tipantaci Tubón, y asesinados Telmo Leonidas Yupa Chimborazo y Christian Andrés Caguana Campos, así́ como a Luis Freddy Lala Pomavilla, sobreviviente de la masacre de San Fernando y quien ha hecho público su testimonio sobre lo ocurrido.
De 2016 a 2018, el diplomático buscó a las familias y al superviviente, facilitó el contacto con los funcionarios mexicanos, generó los encuentros para tramitar la reparación y organizó las disculpas públicas que dio el titular de la CEAV, Jaime Rochin, en Quito, a nombre del Estado mexicano, y donde entregó compensaciones a 47 víctimas indirectas y al sobreviviente.
A finales de septiembre de 2018, Alden Rivera, embajador de Honduras en México, se acercó a la CEAV para conocer los mecanismos de reparación, pero no logró concretar un plan de trabajo, comentó Rochin, ahora excomisionado de atención a víctimas.
La reparación Lenta y Simulada
En cada aniversario de la masacre, diferentes funcionarios públicos recuerdan a las víctimas y reactivan temporalmente sus promesas. En el octavo aniversario la CEAV determinó que existían elementos suficientes para acordar compensaciones a la víctima directa (sobreviviente) y a 47 víctimas indirectas (familiares de las personas migrantes fallecidas). Las víctimas ecuatorianas fueron las primeras en recibir compensaciones subsidiarias, que involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
La familia del joven masacrado Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, fue una de las primeras atendidas mediante este mecanismo. Pese a que Telmo Leonidas tenía 17 años al momento de ser asesinado por Los Zetas y fue identificado por la PGR desde el 25 de agosto de 2010, su familia tuvo que esperar ocho años para recibir algún tipo de compensación por parte del Gobierno de México.
Las resoluciones de la CEAV revisadas para esta investigación indican que dicho organismo había destinado un millón cien mil pesos para reparar el daño a las familias de los migrantes asesinados y a los sobrevivientes ‘V73’ (ecuatoriano) y ‘V74’ (hondureño). En su informe de estados financieros al 30 de noviembre de 2016, la CEAV reportó por primera vez la creación de los Fondos de Emergencia Segundo y Quinto, relacionados con la masacre de San Fernando. Para el pago de ayudas inmediatas para víctimas indirectas de migrantes localizados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León por concepto de y gastos funerarios con un total de 400 mil pesos.
El quinto: para el pago de ayudas inmediatas a víctimas indirectas por casos de restos encontrados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, que contemplaba reembolso de gastos funerarios en favor de nueve víctimas indirectas para lo que pagó 800 mil pesos. Fue cancelado el 29 de enero de 2016. No existe certeza sobre los pagos realizados a las familias de San Fernando en el Segundo Fondo porque la CEAV no los desglosa la información.
En vísperas del décimo aniversario, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, canceló el compromiso que había hecho su antecesor con familiares de 23 víctimas de la masacre de hacer una audiencia para revisar el cumplimiento de la recomendación 80/2013. Específicamente los avances de la investigación, sanción a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición. Argumentó que ese tipo de eventos no están en el reglamento de la comisión.
Sin embargo, un año antes, el 26 de agosto de 2019, en el marco del noveno aniversario, la CNDH había tenido un papel crucial. El entonces ombudsman Luis González Pérez, y el consejo del organismo, organizaron una audiencia para que los familiares de las víctimas y sus representantes legales escucharan los informes del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y de la fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, así como de los titulares y representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el gobierno de Tamaulipas y los comentarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre los avances del caso.
“La recomendación no se puede tener por cumplida debido a que a la fecha las investigaciones no han sido efectivas, no se ha sentenciado a ninguna persona, no se ha garantizado el acceso a la justicia para las víctimas, no la reparación del daño y la violencia contra las personas en tránsito, lejos de haber disminuido, ha aumentado en algunas zonas”, fue la conclusión de la reunión. La misma realidad de parálisis con la que se llega a este décimo aniversario
