Quiénes Faltan

 a  carretera 101 de Ciudad Victoria que lleva a la frontera con Texas se volvió una trampa mortal desde 2010.

Esa ruta se había convertido en el centro de la disputa entre dos cárteles antes aliados: Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG) y el centro de la batalla se instaló en San Fernando, el municipio bisagra por el que están obligados a pasar aquellos que desde el centro del país quieren llegar rápido a los ciudades fronterizas de Matamoros o Reynosa, sin tener que rodear por Monterrey.

Es una ruta de tráfico de ida y vuelta de drogas, armas, humanos y fayuca. Su subsuelo alberga una de las mayores reservas de gas natural de México.

El Estado mexicano cedió a Los Zetas el control de esa importante ruta migratoria. Un pacto de silencio pesaba entre los habitantes de esas tierras, los representantes de las líneas de autobuses, cuyas unidades llegaban a la frontera sin los pasajeros que eran secuestrados en el camino; los policías municipales que estaban al servicio de los criminales y las autoridades –de todos los niveles, hasta los más altos– que nunca ordenaron suspender esa ruta o emitieron alertas para proteger a los viajeros.

Hubo varias señales de advertencia. En 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un informe que señalaba que San Fernando era uno de los puntos de secuestros de migrantes. La masacre de los 72 migrantes, en agosto del 2010, que encontraron la muerte cuando cruzaban, a bordo de camiones de carga, en ese municipio. Fueron descubiertos porque los asesinos no tuvieron tiempo para enterrarlos.

Cuando las fosas fueron destapadas no encontraron sólo víctimas recientes: también había osamentas.

No eran únicamente las víctimas que el secretario de gobierno de Tamaulipas, Morelos Jaime Canseco Gómez,  se apresuró a catalogar como los pasajeros de “dos autobuses” que transitaban por la carretera 101 que conecta Ciudad Victoria, la capital del estado, con la frontera norte del país, el 24 y el 29 de marzo de 2011.

Con el hallazgo de los cadáveres, y el paso del tiempo, comenzó a saberse nueva información que da cuenta de lo inseguras que eran esas carreteras.

En febrero de 2011 comenzaron a encontrarse autos calcinados en las carreteras, a saberse del secuestro de pasajeros que viajaban en autobuses, o incluso de asesinatos por fuego cruzado (uno el 13 de febrero, donde falleció una mujer que viajaba en un autobús Futura, según consignó “Animal Político”

Determinar el número y las marcas de los autobuses de los que fueron bajadas personas ha sido difícil ya que en pocas notas informativas estas son mencionadas o se confunde el origen y los destinos. De acuerdo con la búsqueda hemerográfica realizada para esta investigación, las líneas de autobuses que trasladaron a esos pasajeros fueron Ómnibus, Transpaís, Futura, ADO y Pirasol.

“Ninguna de las compañías de autobuses ha presentado una queja formal sobre los ataques de los miembros del crimen organizado a los autobuses o a los pasajeros a pesar del hecho de que los secuestros habían sido generalizados (…) Las autoridades sólo habían recibido dos reportes no oficiales de dos de los secuestros masivos de pasajeros del 24 de marzo. Aunque en privado las autoridades reconocieron que los secuestros son comunes”, indicaba el cable número 20110415

Sin embargo, un documento interno de la PGR  señala que 19 choferes de autobuses y un gerente de Ómnibus de México sí rindieron declaración ante la entonces Sub procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entre el 16  y 23 de mayo de 2011.

Este último declaró que esa compañía avisó a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas que grupos armados estaban secuestrando a pasajeros. Pero la dependencia no hizo nada, según reportes internos de la SIEDO a los que tuvo acceso la reportera. Estos papeles consignan que la SIEDO confeccionó una lista de 127 pasajeros mexicanos, dos estadunidenses y un guatemalteco que fueron bajados de los autobuses entre el 23 y el 30 de marzo de ese año. Precisan que ocho sobrevivientes indicaron, en diferentes momentos, el lugar donde se encontraban las fosas clandestinas cavadas por Los Zetas. Más aún, los sobrevivientes también señalaron la existencia de campamentos en los que había entre 80 y 90 personas secuestradas.